Rebelión en Córdoba: la alianza que desafió a Macri y busca licuar su poder territorial
Dos sectores opuestos se unieron para inhabilitar a Mauricio Macri en Córdoba y evitar que el PRO presente una lista que pueda robarle puntos a La Libertad Avanza en 2027. El sector referenciado en el ex presidente sostiene la intervención del partido en la provincia y espera que la Justicia Nacional resuelva la cuestión de fondo, vinculada a la ilegalidad de los comicios.
La llamativa alianza entre el ex diputado nacional de Encuentro Federal, Oscar Agost Carreño, y la diputada de La Libertad Avanza, Laura Rodríguez Machado, celebró este domingo haberse alzado con la conducción del PRO en Córdoba, con una lista encabezada por Óscar Tomsi. Lo hicieron en el marco de una interna marcada por feroces pujas judiciales y una intervención nacional suspendida que no logró frenar las urnas. La lista referenciada en Mauricio Macri decidió no competir, alegando que se trató de una "mímica, una puesta en escena" parte de un "proceso electoral viciado" e ilegal.
La coalición entre Agost Carreño -uno de los impulsores de la investigación por la estafa de $Libra- y Rodríguez Machado -una bullrichista de perfil libertario- sacudió las filas macristas. En el sector amarillo califican la unión como "difícil de explicar", aunque el objetivo de arrebatarle el control del partido a Macri aparece como una razón potente: detrás de la jugada subyace la intención de inhabilitar cualquier movimiento del ex presidente que pueda restarle puntos a La Libertad Avanza. En esta lógica, no importa si el PRO cordobés termina jugando con los violetas o con el peronismo local; el éxito radica en que Macri no pueda colocar un candidato fuerte o conocido.
En el entorno de Agost Carreño explican que el vínculo con Rodríguez Machado obedece a un apoyo nacional de la diputada a una batalla local del ex legislador. Se trató de una unión táctica contra la pata macrista en Córdoba para limitar su "poder de daño", sin importar las terminales nacionales de cada uno.
Pocas horas antes de la votación, la lista macrista "Somos PRO" denunció una serie de irregularidades para justificar su ausencia. Entre los puntos detallados figuraron la "manipulación" de plazos, una supuesta proscripción técnica por la demora en oficializar boletas y la "privatización" del comicio, al denunciarse que se utilizó la propiedad privada de un candidato como centro de votación en Santa María. Además, acusaron una censura política inédita: el rechazo al uso de la imagen de Mauricio Macri en las boletas, lo que derivó en una catarata de impugnaciones.
Este lunes, los ganadores contraatacaron. Tanto Agost Carreño como Rodríguez Machado compartieron que el Juzgado Electoral Federal ratificó la legalidad de lo actuado por la Junta Electoral provincial. "La elección fue transparente y ellos abandonaron; tema cerrado", sentenció el cordobés en X. El Juez Federal de Córdoba N° 1, Miguel Hugo Vaca Narvaja, respaldó el proceso al denegar una prórroga extraordinaria para la entrega de boletas, fundamentando que el cronograma no fue impugnado a tiempo y que las listas participantes ya habían consentido las reglas al presentarse. Asimismo, el fallo desestimó los cuestionamientos logísticos, señalando que la organización de los locales es facultad de la Junta Electoral y que las posibles dificultades operativas alegadas afectarían al universo general de votantes y no solo a una lista en particular.
Días antes, este sector ya había obtenido un triunfo clave cuando la jueza María Servini declaró nula la tercera intervención nacional, argumentando que no existían causas graves para tal medida. Sin embargo, desde el sector de Macri sostienen que la discusión no terminó: apelarán el fallo de Servini y confían en que, si la elección cae judicialmente, la intervención recuperará su vigencia inicial.
El macrismo cordobés encabezado por Soher El Sukaria se planta en lo resuelto por la Mesa Ejecutiva nacional el pasado 5 de marzo: la convocatoria a la elección interna fue ilegal. La mirada del sector de Macri ahora se posa sobre la justicia nacional para resolver la cuestión de fondo y la eventual nulidad de los comicios. Según el documento de doce páginas aprobado por el partido nacional, la convocatoria del 18 de febrero violó principios estatutarios básicos y fue realizada por una "reunión conjunta" entre dos órganos partidarios, entidad que, como tal, no existe en el estatuto y que, por lo tanto, carece de competencia para realizar tal convocatoria.
El cuestionamiento nacional también hace foco en la figura de Agost Carreño, cuyo mandato como presidente local estaba vencido hace un año y extendido por los órganos cuestionados, inhabilitándolo a adoptar decisiones estructurales, como puede ser una convocatoria electoral. El documento partidario le adjudica un "daño" severo al PRO en las elecciones de 2025, acusándolo de haber bloqueado judicialmente la alianza con La Libertad Avanza para luego "autoerigirse" como candidato y obtener apenas un 0,59% de los votos, "la peor elección del Pro en Córdoba desde su nacimiento, ocasionado una grave lesión al Partido".
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