Se cumplen 20 años desde que se dictó la primera condena por delitos de lesa humanidad

Hoy se cumplen 20 años desde que se dictó la primera condena por delitos de lesa humanidad desde la reapertura de los procesos por crímenes cometidos durante la última dictadura.

Por Luciana Bertoia - Politóloga y periodista especializada en Justicia y DDHH.

El primer condenado fue Julio Simón, a quien sus víctimas conocían como el Turco Julián. Recibió una pena de 25 años de prisión por su rol en los secuestros y tormentos que sufrieron José Liborio Poblete y Gertrudis Hlaczik. Ambos estuvieron secuestrados en el Olimpo junto con su bebita, Claudia Victoria, antes de que fuera apropiada por un oficial de inteligencia del Ejército.

Después de que las Abuelas de Plaza de Mayo encontraran a Claudia, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) tomó ese caso para mostrar la incompatibilidad entre unas leyes que permitían perseguir a los apropiadores, pero no a quienes hicieron que esa apropiación fuera posible tras la desaparición de sus padres. En 2001, se logró con este caso el primer fallo que declaró la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, decisión que fue ratificada en 2005 por la Corte Suprema.

Sobre este proceso dialogamos en estos días con María José Guembe, actual presidenta del CELS, y con Carolina Varsky, que como abogada de ese organismo consiguió la condena de Simón.
Desde 2006, 1245 personas han sido condenadas, según las estadísticas que produce la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH). Hubo 250 absueltos, lo que desarma la versión de los grupos pro-impunidad de que cualquiera, por el mero hecho de vestir uniforme, termina tras las rejas.

Según la Procuraduría, el 46 por ciento de las causas aún están en instrucción o recién elevadas a juicio, lo que da cuenta de que el proceso de justicia tiene mucho pendiente. A pesar de los embates de la actual gestión, la búsqueda de justicia no se detuvo.
Menos de 80 personas están detenidas en unidades penitenciarias por crímenes contra la humanidad. Según el Servicio Penitenciario Federal (SPF), quedan 58 en la Unidad 34 de Campo de Mayo, considerada una cárcel VIP por los organismos de derechos humanos.

En estas dos décadas, el Poder Judicial exhibió resistencias, sobre todo cuando se trata de juzgar a civiles: empresarios o quienes fueron parte del propio sistema de justicia. La semana pasada, sin ir más lejos, el Tribunal Oral Federal (TOF) de Tucumán postergó el inicio de un proceso contra el exjuez federal Manlio Torcuato Martínez por los asesinatos de los hermanos Isauro y Arturo Arancibia.

En La Plata, también esperan que el TOF2 –ya con nuevos jueces– ponga fecha para el juicio por los secuestros en la planta de Molinos Río de La Plata. Ese proceso debía comenzar el 23 de abril, pero se suspendió.
La fase final del exterminio sigue siendo uno de los temas en los que menos se pudo avanzar, a pesar de que existen sentencias contra pilotos, contra quienes resolvieron determinados traslados y contra la estructura de Aviación del Ejército que posibilitó la salida de los vuelos desde Campo de Mayo. El abogado Pablo Llonto pidió que se unificara en una causa en el Primer Cuerpo en la que se investiguen los vuelos de la muerte que partían desde Aeroparque y la Base Militar de Palomar.

Sacando honrosas excepciones, el aparato de inteligencia casi no fue investigado. En este momento, el TOF 1 de la Ciudad de Buenos Aires juzga a Patricio Finnen, que llegó a ser uno de los pesos pesados de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y fue condenado en Casación por el encubrimiento del atentado de la AMIA. La Policía Federal, como remarca el CELS en su comunicado, fue una de las fuerzas menos tocadas por las investigaciones.

La gran deuda sigue siendo saber qué pasó con las personas desaparecidas. En pocas semanas se cumplirán 20 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López, ocurrida horas antes de que sus abogados pudieran pedir la condena contra Miguel Osvaldo Etchecolatz. Sobre este tema charlamos con Guadalupe Godoy.

Mientras tanto, el Presidente dio entrevistas en las que dijo que hubo actos terroristas en las calles. No sabemos cuáles. Intuimos que es su forma de referirse a las manifestaciones sociales contra leyes que estaban siendo debatidas en el Congreso.

Javier Milei también postergó definiciones sobre la Corte Suprema: dijo que antes deberán resolverse otros problemas en la Justicia. El tema de la Corte incompleta fue uno de los puntos que destacó Cristina Fernández de Kirchner en su presentación ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Hace unas horas, el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, tuiteó que el Gobierno ya había elevado 203 pliegos al Senado. Hoy habrá audiencia en la Comisión de Acuerdos. Mañana también. El plato fuerte será el 12 de agosto, cuando deban presentarse Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi, los hombres del Presidente para la Cámara Federal de Comodoro Py. Milei sabe que controlando ese tribunal tiene las riendas de las investigaciones que están en trámite en los juzgados de primera instancia –como $LIBRA o Andis–.

Si las cosas le salen como espera, Milei podrá tener una Cámara renovada para finales de agosto. En estos días, hay audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Los enviados del Gobierno fueron en son de paz y no trataron el tema de los jueces trasladados con las autoridades del organismo regional.

Como parte de la estrategia para recuperar centralidad en la agenda, Milei se despachó la semana pasada con un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) contra las personas migrantes que emitan mensajes orales o escritos de incitación al odio o a la violencia contra cualquier ciudadano argentino.
El Gobierno primero instaló que había una "campaña antiargentina" y luego arremetió con una agenda patriotera. La idea de la "campaña antiargentina" no es novedosa: la usó la dictadura en 1978 para desacreditar las denuncias que indicaban que en la Argentina se secuestraba, torturaba y desaparecía. 

Casi 50 años después, la desempolvó la Fundación Faro, la usina del Gobierno.
Milei también libra una supuesta batalla contra el "terrorismo", que dice que está enquistado entre estudiantes, docentes y periodistas. A veces, el presente viene en forma de pasado.

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