Seis remedios para el corazón
El gobierno redujo a seis los medicamentos gratuitos que llegan a los centros de salud y les pasó el resto a las provincias, con menos fondos. Detrás del ajuste hay un proyecto: que el riesgo de enfermar se pague con el propio salario.
Por: María Fernanda de la Quintana - Periodista. Licenciada en Ciencias y Humanidades con orientación en Gestión de Salud. Máster en Bioética Internacional. Especializada en "Bioética y Derechos Humanos en América Latina" (Universidad de Buenos Aires).
En septiembre, el botiquín del programa Remediar llegó a los centros de salud de Córdoba con seis medicamentos. Todos son para el corazón: aspirina, dos estatinas y tres drogas para la presión. Tres años antes, la misma caja traía más de un centenar. El 15 de octubre, la Resolución 1447/2026 del Ministerio de Salud de la Nación convirtió ese recorte en norma para todo el país.
Desde entonces, quien llega a una salita con una infección, con diabetes, con asma o con un problema de tiroides, depende de lo que pueda comprar su provincia. Si no alcanza, sale con una receta para la farmacia. La amoxicilina, la metformina, el salbutamol y la levotiroxina quedaron afuera del listado nacional. También los anticonceptivos. El plazo formal vence en febrero de 2027, pero el botiquín reducido ya está en los centros de salud.
El Ministerio lo explica como la necesidad de "rediseñar las prioridades presupuestarias". La historia del propio programa desarma esa explicación. El Remediar nació en 2002, con la convertibilidad recién caída y más de la mitad del país en la pobreza, y aun así un Estado en default encontró la forma de llevar medicamentos gratuitos a miles de centros de atención primaria. Veinticuatro años después, un gobierno que exhibe superávit reduce esa caja a seis drogas para un solo órgano.
El programa costaba poco, prevenía mucho y evitaba internaciones más caras: un hipertenso o un diabético sin su medicación termina, tarde o temprano, en una guardia. Según el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, las internaciones por diabetes complicada aumentaron 300 por ciento en la provincia por falta de medicación: el Remediar dejó de entregarla y uno de cada cuatro afiliados al PAMI no recibe los remedios que necesita. Ese es el ahorro: la pastilla que el Estado dejó de entregar en la salita vuelve como cama de internación, más cara y más tarde. Si el criterio fuera la eficiencia, el Remediar habría sido lo último en recortarse. El criterio es otro.
El riesgo de enfermar
Ese criterio tiene nombre. Durante décadas, el sistema público argentino socializó el riesgo de enfermar: cuando alguien se enfermaba, el costo lo repartía la sociedad entera a través del Estado. Una madre llevaba a su hijo con una infección al centro de salud y salía con el antibiótico que le había indicado el médico. Un chico con asma tenía su inhalador aunque su padre no tuviera trabajo. Un diabético retiraba su medicación todos los meses sin preguntarse si el sueldo alcanzaba.
El mercado lo confirma. Según el Instituto Argentina Grande, con datos del INDEC, las cuotas de las prepagas subieron 417 por ciento desde diciembre de 2023, frente a una inflación de 293. Entre 2023 y 2025, unas 742.000 personas perdieron su cobertura y pasaron a depender solo del hospital público. La venta de medicamentos cayó en unidades mientras la facturación de la industria alcanzó el valor más alto de la serie: se venden menos remedios, cada vez más caros.
Ahí aparece la lógica de clase del recorte: lo decide un gobierno que mide su éxito en superávit, lo pagan los que menos tienen y lo cobran las prepagas y los laboratorios. El Remediar atendía a quienes no tienen obra social ni cobertura privada: trabajadores informales, desocupados, familias de los barrios populares. Son los primeros a quienes expulsa el mercado de trabajo. Quien paga una cuota no se entera de la Resolución 1447; quien depende del centro de salud la sufre en el primer control. El hospital público recibe cientos de miles de pacientes nuevos y, al mismo tiempo, pierde los medicamentos con los que atenderlos.
La salud es un terreno elegido por una razón que excede la caja: es donde el cuerpo queda más expuesto, y ningún miedo disciplina tanto como el de quedarse sin el remedio que mantiene vivo a un hijo. Ese miedo trabaja de dos maneras. A quien tiene empleo formal lo ata al puesto, porque perder el trabajo significa perder también la obra social, y entonces acepta la jornada larga y el sueldo que no alcanza. A quien trabaja en negro, que no tiene cobertura que perder, lo empuja a aceptar cualquier changa a cualquier precio, porque el remedio sale del jornal de cada día. El Estado que garantizaba la pastilla para la presión le quitaba al mercado ese instrumento de control sobre quienes trabajan, con o sin recibo de sueldo. Por eso el recorte sanitario funciona como una reforma laboral por otros medios: debilita a quien trabaja frente a quien lo contrata.
Responsabilidad sin recursos
El traspaso a las provincias completa el mecanismo. La Nación invoca que la salud es competencia provincial y se retira de la compra, pero se queda con los fondos: en el Presupuesto 2027, el programa de Fortalecimiento de los Sistemas Provinciales de Salud cae un 27 por ciento en valores nominales, antes de descontar la inflación. Las provincias reciben la obligación y pierden el dinero. Tampoco participaron de la decisión. El Ministerio asegura que la transición se acordó en el Consejo Federal de Salud, y Kreplak afirma que las provincias nunca fueron consultadas. La Nación decide sola y cada provincia paga: el federalismo aparece a la hora de repartir el costo y desaparece a la hora de repartir la decisión.
El resultado es un mapa desigual. Las jurisdicciones con más recursos arman programas propios: Buenos Aires puso a su laboratorio público, el Tomás Perón, a fabricar metformina.
Las provincias más pobres, donde las entregas del Remediar ya habían caído con más fuerza (en Chaco, más del 70 por ciento entre 2024 y 2025, según el Centro de Implementación e Innovación de Políticas de Salud), no tienen con qué. El derecho a la salud pasa a depender del lugar donde se vive, y el costo político de decir que no hay remedios queda en manos de intendentes y gobernadores, mientras la Nación exhibe el ahorro.
Lo que se pierde es, además, una red. Durante veinticuatro años, el Remediar compró a escala nacional y llevó los botiquines a barrios y parajes donde no hay farmacia. Esa escala le daba al Estado poder para negociar precios con los laboratorios; fragmentada en compras provinciales, se disuelve. Kreplak lo resumió así: "Esa red la tiraron por la borda".
Dos ideas del cuerpo
Ramón Carrillo, que condujo la salud pública argentina entre 1946 y 1954, dejó escrita la idea que organizó su obra: "Frente a las enfermedades que genera la miseria, frente a la tristeza, la angustia y el infortunio social de los pueblos, los microbios, como causas de enfermedad, son unas pobres causas". Para Carrillo, el cuerpo enfermo era un asunto colectivo, y el Estado debía llegar con hospitales y prevención a los rincones donde el mercado jamás iba a llegar.
La Resolución 1447 lee esa frase al revés: retira de la salita el antibiótico contra el microbio y deja intacta la miseria.
El modelo actual parte de la idea opuesta. Cada cuerpo es una empresa que administra su propio capital de salud, contrata su cobertura y paga sus riesgos, y quien no puede pagar queda afuera por una decisión que se presenta como resultado natural del mercado. Esa idea tiene quién la ejecute. El ministro Mario Lugones presidió la sociedad dueña del Sanatorio Güemes y fundó una cámara de prestadores privados de salud. El sector que el Estado debía regular conduce hoy la política sanitaria. El Estado sigue presente, en otro lugar: dejó de garantizar el derecho y pasó a garantizar el negocio. Desregula las prepagas, suelta los precios de los medicamentos y les pasa a las provincias la obligación mientras se queda con los fondos.
El 27 de octubre, un juez federal tuvo que embargar las cuentas del Ministerio de Salud para que pagara los insumos y medicamentos que le adeuda al Cottolengo Don Orione de Claypole, la institución de discapacidad que el papa León XIV visitará el 9 de noviembre.
El recorte tiene, además, rostro de mujer. Los anticonceptivos que se entregaban gratis en los centros de salud salen del listado nacional, y según denunció Kreplak, la Nación dejó también de comprarlos, junto con los preservativos: incumple así la Ley Nacional de Salud Sexual, que la obliga a garantizarlos. El Gobierno ahorra sobre el cuerpo de las mujeres más pobres, que son las que retiraban esos métodos en la salita. Y cuando un enfermo crónico se queda sin medicación, su cuidado recae casi siempre sobre las mujeres de la casa: el ajuste sanitario también se paga con horas de trabajo que nadie remunera.
La salud también se alinea
El recorte tiene su versión internacional. El 17 de marzo de 2026, la Argentina completó su salida de la Organización Mundial de la Salud, detrás de Donald Trump, que había retirado a Estados Unidos en su primer día de mandato. El Gobierno sabe, sin embargo, cuánto cuestan los remedios que retira, y lo dejó por escrito. Un informe reservado del Ministerio de Desregulación, publicado por La Nación en agosto, comparó precios con otros países: en las farmacias argentinas, la metformina cuesta casi cinco veces la mediana internacional y la levotiroxina, casi seis. Es una confesión de parte: el propio Estado desregulador admite que la industria cobra en la Argentina mucho más que en el resto del mundo. Su respuesta fue sacar esos dos medicamentos del botiquín gratuito y no tocar el precio. La industria objetó que el estudio usa precios de lista, sin los descuentos de obras sociales y prepagas, y ese es justamente el precio que paga quien no tiene cobertura. La soberanía sanitaria se resigna afuera con la misma lógica que adentro: menos Estado entre el enfermo y el mercado.
Lo común
Por eso el hospital público y el centro de salud del barrio incomodan más de lo que cuestan. Son, con la universidad pública, los últimos lugares donde nadie pregunta cuánto tiene una persona antes de atenderla o de inscribirla. Cada guardia abierta a las tres de la mañana prueba que la vida colectiva puede organizarse según la necesidad. Para el modelo libertario, ese es el problema: un hospital que atiende sin cobrar es un contraejemplo vivo, y desmiente cada noche el relato del mercado con más fuerza que cualquier discurso opositor. Todo lo que queda fuera del mercado le marca un límite.
El desmantelamiento trabaja contra esa prueba. Cada salita sin amoxicilina y cada guardia desbordada dejan una lección de desconfianza: que lo público no responde y que el remedio nunca fue un derecho. Quien pierde la pastilla aprende, además, a dejar de esperarla. Ahí está la operación más profunda del ajuste: cambia lo que una sociedad cree que tiene derecho a exigir.
Frente a ese espacio común se alinea un bloque nítido: un gobierno que mide su éxito en superávit, prepagas que suben por encima de la inflación y una industria que factura récord vendiendo menos. Del otro lado están los trabajadores de la salud, que sostienen las guardias con los insumos que faltan, y los pacientes que llenan los hospitales. En el medio, las provincias y los municipios reciben la cuenta. De esa correlación de fuerzas depende cuánto de lo común sobrevive.
El Remediar nació para que la crisis de 2002 no se midiera en muertes evitables. Su desmantelamiento repite una secuencia que el Gobierno aplica a cada derecho: primero se lo desfinancia, después se lo redefine como gasto y al final se lo transfiere a quien no puede sostenerlo. Al cabo de ese camino, el riesgo de enfermar vuelve a donde estaba antes de Carrillo: al bolsillo de cada familia y a la suerte de cada cuerpo.
Fuente y foto:
https://www.tiempoar.com.ar/ta_article/seis-remedios-para-el-corazon/