6 de cada 10 chicos de 8 años tienen celular propio: el impacto de las últimas medidas implementadas
Un informe de Argentinos por la Educación reveló que el 59% de los alumnos de tercer grado ya tiene celular propio y advirtió que, aunque prohibir su uso en las escuelas reduce las distracciones, la evidencia sobre una mejora en el rendimiento escolar sigue siendo contradictoria.
El uso del celular en las aulas no está exento de debate. Un informe de Argentinos por la Educación aportó recientemente datos para enriquecer la discusión alrededor de la experiencia escolar en Argentina y reveló que el 59% de los chicos de 3er grado de primaria tiene celular propio, más allá de las medidas implementadas en cada una de las provincias. "Si bien las investigaciones muestran que la prohibición reduce las distracciones y el uso de los dispositivos en clase, los resultados sobre mejoras en el rendimiento académico son dispares", indicaron.
El estudio "Celulares: ¿prohibir o no prohibir?", de Argentinos por la Educación, elaborado por Andrea Goldin (Conicet y Universidad Torcuato Di Tella), Martín Nistal y Tomás Besada (Argentinos por la Educación), releva la expansión del acceso a los celulares a partir de los datos del operativo Aprender 2024. De allí se desprende que el uso de celulares entre los más chicos alcanza en total al 82% de los chicos, dado que quien no tiene un aparato propio, utiliza el de su madre, padre o algún familiar (23 % ). Sólo el 18% de los estudiantes de 8 años no tiene acceso al dispositivo.
"La creciente preocupación por el impacto de los celulares en la atención, el aprendizaje y el bienestar de los estudiantes impulsó en los últimos años la expansión de políticas que restringen su uso en las escuelas. Sin embargo, la evidencia internacional sobre el impacto de esas restricciones es dispar", indicaron los investigadores. En ese sentido, mencionaron que hay deferencias "significativas" entre las provincias. "En Santa Cruz, Catamarca y Tierra del Fuego, más del 65% de los alumnos de 3er grado tiene celular propio, mientras que en Misiones y Formosa la proporción ronda el 40%. También existen brechas según el nivel socioeconómico: el 63% de los estudiantes del quintil más alto cuenta con un dispositivo propio, frente al 52% de los pertenecientes al quintil más bajo", puntualizaron.
El informe sostiene además que las políticas de restricción del uso del celular pueden modificar el comportamiento de los estudiantes dentro de las instituciones, aunque aclaran: "No constituyen por sí solas una herramienta suficiente para mejorar los aprendizajes. Una posible explicación es la existencia de mecanismos de sustitución: al eliminar una fuente de distracción, los estudiantes pueden redirigir su atención hacia otras actividades no académicas. En este sentido, los efectos de estas políticas dependen críticamente de su implementación y del entorno pedagógico en el que se insertan".
En Argentina no hay una normativa nacional unificada sobre el uso de celulares en las escuelas. Hay al menos 11 jurisdicciones –el 45% de las provincias– que avanzaron con leyes, resoluciones o protocolos propios. En cambio, un 55% de las provincias aún no cuenta con marcos regulatorios definidos.
CABA, Santa Fe y Formosa, por ejemplo, establecieron limitaciones amplias en el nivel inicial y primario. La provincia de Buenos Aires restringe el uso únicamente en primaria, mientras que Mendoza autoriza el uso de dispositivos solo para actividades pedagógicas y bajo supervisión docente. Otras jurisdicciones, como Salta y Tucumán, habilitan adaptaciones según el contexto de cada institución.
¿Sirve prohibir los celulares en los colegios?
Para Alejandro Artopoulos, sociólogo e investigador de la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés, el debate sobre la prohibición de los celulares en las escuelas no puede reducirse al uso de la tecnología. A su entender, estas medidas son "el síntoma de un cambio político-cultural reactivo ante una epidemia de salud mental" y no una solución en sí misma. "Ni el prohibicionismo es una respuesta, ni deberíamos culpar solo a los algoritmos", sostuvo. En ese sentido, planteó la necesidad de avanzar en estrategias de salud pública orientadas a la salud mental y de promover un cambio cultural que permita distinguir "entre el uso de pantallas y la adicción a las redes sociales, y entre el uso productivo de la inteligencia artificial y la delegación cognitiva".
Una preocupación similar expresó Lucía Fainboim, especialista en educación y cuidados digitales y fundadora de Bienestar Digital, quien advirtió sobre la naturalización del acceso temprano a los dispositivos. "Me preocupa que hayamos naturalizado que un niño de ocho años tenga un celular propio", afirmó. Según explicó, esa situación "no ocurre por casualidad", sino que responde a un ecosistema digital diseñado para captar usuarios desde edades cada vez más tempranas. "Las plataformas piensan al niño como un posible usuario y consumidor. Los adultos tenemos que pensarlos como niños que merecen una infancia plena", remarcó, al señalar que esa lógica de mercado choca con las necesidades propias del desarrollo infantil, como el juego, el movimiento, la autonomía y la construcción de vínculos.
Por su parte, Melina Masnatta, especialista en tecnología educativa, consideró que el desafío trasciende la discusión entre prohibir o permitir los celulares. "Si el sistema educativo fue históricamente la puerta al mundo, hoy esa puerta es la pantalla", sintetizó. Para la experta, el informe aporta evidencia valiosa sobre el acceso masivo de niños y adolescentes a los dispositivos y sobre el impacto todavía discutido de las restricciones, pero también deja una enseñanza central: "Trasladar evidencia sin contexto es un error". En lugar de centrar el debate exclusivamente en las prohibiciones, propuso preguntarse "cómo mediar el uso de la tecnología con criterios pedagógicos para mejorar la convivencia y los aprendizajes".
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