Cecilia Pando volvió a reclamarle al Gobierno por la libertad de los represores
Desde otro sector de la familia militar, Asunción Benedit le dejó una nota a Milei pidiéndole que mande una amnistía o dicte indultos.
Horas después de que le dieran la libertad a Eduardo Kalinec, la activista proimpunidad Cecilia Pando volvió a encender la polémica al pedir que el Gobierno tenga la "sabiduría y el coraje" para sacar de las cárceles a los represores de la última dictadura. Según las estadísticas de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH), no son más de 80 los criminales que se encuentran en establecimientos penitenciarios.
Lo que empezó como un saludo de Navidad terminó como un nuevo reclamo a la administración de La Libertad Avanza (LLA) por parte de Pando, quien preside la Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de Argentina (AFyAPPA). En redes sociales, Pando se refirió en primer lugar a quienes "se encuentran ilegalmente detenidos por haber combatido al terrorismo marxista en la década del '70".
Pero la activista no perdió la oportunidad de pasar la factura. "Roguemos, asimismo, por nuestros gobernantes, para que les dé sabiduría y coraje para actuar frente a tan flagrante injusticia y para que encuentren el camino que permita a nuestros familiares y amigos recuperar la libertad que nunca debieron perder".
En agosto pasado, Pando le recriminó a Victoria Villarruel, su otrora compinche, no haber podido frenar los juicios de lesa humanidad. En enero de 2024, menos de un mes después de la asunción de Javier Milei y Villarruel, Pando firmó una carta junto con otras mujeres reclamando que cumplieran con sus promesas de campaña. La presidenta de la AFyAPPA se mostró últimamente más cercana a Patricia Bullrich, con quien se dejó ver en La Derecha Fest.
Pando no fue la única que hizo llegar sus saludos y reclamos por las fiestas. Hubo un comunicado conjunto de otras organizaciones que se definen como defensoras de la "memoria completa".
"Con motivo de celebrarse la Navidad, las organizaciones abajo firmantes desean hacer llegar a todos los presos políticos de las distintas fuerzas, civiles, y a todos sus familiares, perseguidos por una justicia prevaricadora, sus deseos de paz y prosperidad, rogándole al Niño de Belén que los ilumine y les dé fuerzas para sobrellevar este largo calvario que soportan", escribieron.
La declaración lleva las firmas de Abogados Defensores por los Derechos Humanos de Latinoamérica, Justicia y Concordia, la Asociación de Familiares y Amigos de Víctimas del Terrorismo en Argentina (Afavita), la Asociación de Veteranos de Guerra contra el Terrorismo, la Unión de Promociones, el Centro de Estudios Salta y los abogados Enrique Avogadro, Josefina Margaroli y Sergio Maculán. La mayoría de estas organizaciones son las que impulsaron, sin éxito, un hábeas corpus a favor de condenados por crímenes de lesa humanidad.
Estos grupos están más "asimilados" al Gobierno. De hecho, la vicepresidenta de Afavita, Silvia Ibarzábal, es asesora en materia de Derechos Humanos en el Ministerio de Defensa, adonde llegó de la mano de Luis Petri. Por sus vínculos con la Casa Rosada, no suelen dirigir sus dardos hacia la administración libertaria.
En esa línea, buscaron despegarse —sin mencionarlos— de los sectores que organizaron el fiasco de acto que se celebró el 29 de noviembre pasado en Plaza de Mayo. Los describieron como "grupos ajenos a nuestras entidades" que "patrocinan actos, peticionan a las autoridades y emiten distintos mensajes por las redes".
No solo se referían a la marcha fallida, sino también a otra petición que estos sectores hicieron ante las autoridades. El 4 de diciembre pasado, Asunción Benedit —fundadora del grupo de los Pañuelos Negros y hermana del diputado libertario Beltrán Benedit— se presentó en la Casa Rosada para dejar una nota dirigida al Presidente en la cual le pedía que enviara un proyecto de ley de amnistía para los represores presos o, subsidiariamente, dictara indultos o promoviera una conmutación de penas.
Posiblemente, el pedido de Benedit sea una reedición de los proyectos que circulaban en 2024, tanto entre funcionarios del Ministerio de Defensa como en los chats que compartían los defensores de represores con diputados de La Libertad Avanza (LLA). En esos grupos se encontraba Lilia Lemoine, la legisladora oficialista que está en el foco de la controversia por haberse burlado de los vuelos de la muerte en un streaming.
Si bien todos parecen querer la libertad, los caminos no son compartidos. La estrategia del otro sector de la familia militar —integrado por Justicia y Concordia, la Unión de Promociones o Afavita— parece estar orientada a lograr cambios más quirúrgicos.
Se debería prestar atención al episodio que favoreció a Kalinec. La salida del excomisario de la Policía Federal Argentina (PFA) de la Unidad 19 de Ezeiza se produjo porque la Cámara Federal de Casación Penal le dio particular relevancia al informe que había enviado el Servicio Penitenciario Federal (SPF), en el que se decía que el represor condenado a prisión perpetua tenía buena conducta y expectativas de reinserción social. El Equipo Interdisciplinario de Ejecución Penal, por el contrario, sostiene que no se arrepiente de sus crímenes, algo que va en sintonía con lo que denuncia Analía, una de sus cuatro hijas. El SPF, que depende del Ministerio de Seguridad, viene desde hace tiempo pronunciándose a favor de la salida de los represores o avisando que no tiene condiciones materiales para mantenerlos detenidos.
Kalinec es un personaje con vínculos con asociaciones como Justicia y Concordia, que lo patrocina como querellante en la causa por la bomba en la Superintendencia de Seguridad Federal (SSF). En ese expediente, Kalinec pretende presentarse como "víctima" y acusar como victimarios a militantes de los '70, que fueron quienes lo denunciaron y lograron su condena.
El número de represores presos es muy bajo. Tras la salida de Kalinec, hay solo 18 criminales de lesa humanidad en cárceles comunes. Según advirtió la PCCH, se trata de una "caída histórica", que se produjo tras la decisión de Bullrich de concentrar a los represores en la Unidad 34 de Campo de Mayo, considerada una cárcel VIP por los organismos de derechos humanos. Según los datos que provee el propio SPF, hay 63 internos en ese lugar.
En las últimas horas, el Tribunal Oral Federal (TOF) 5 desestimó las pretensiones de Antonio Pernías y Ricardo Cavallo, condenados a prisión perpetua por crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), de ser excarcelados. No les quedará más opción que brindar en Campo de Mayo.
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