Denuncia haber sido despedido por anunciar que esperaba un hijo junto a su marido
Leonardo y su pareja esperan desde marzo la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Caba, así como el del Ministerio Público Fiscal de Caba.
Doce días: ese fue el tiempo que tardó la carrera de Leonardo Hatanaka da Silva en la empresa Sanofi en desmoronarse. Doce días pasaron entre la notificación formal de su inminente paternidad y la carta de despido que lo dejó, junto a su pareja y su hijo recién nacido, en una batalla legal y existencial contra un gigante farmacéutico que pregonaba la inclusión como uno de sus valores centrales.
El núcleo de la disputa es tan claro como controvertido. Para el empleado, su despido fue un acto de discriminación directa, una represalia por su orientación sexual y su paternidad a través de gestación subrogada. Para la empresa, la decisión se justificó por una supuesta y drástica caída en su rendimiento profesional. Lo que comenzó como un conflicto interno, rápidamente escaló hasta convertirse en un caso emblemático sobre la rendición de cuentas corporativa, la protección contra la discriminación de los derechos parentales en Argentina.
Esta crónica detalla una batalla que se ha librado en múltiples frentes: desde las oficinas de la filial argentina hasta los despachos de la casa matriz en Francia, pasando por los pasillos de agencias gubernamentales y, finalmente, llegando a los tribunales de justicia. El caso Hatanaka vs. Sanofi se ha convertido en una prueba clave, un litigio que examina hasta qué punto las promesas de inclusión de una multinacional son capaces de resistir las presiones y prejuicios locales.
Para comprender la raíz de esta disputa, es fundamental analizar la secuencia cronológica de los acontecimientos. La cadencia de las comunicaciones, las solicitudes y las decisiones corporativas ofrecen un mapa para evaluar las verdaderas motivaciones detrás de la terminación del contrato de Leonardo Hatanaka.
La historia no comienza con el despido, sino con los pasos que dio para construir una familia. Hatanaka, de nacionalidad brasileña, fue asignado como expatriado en Argentina a partir del 1 de noviembre de 2021, a la filial local Genzyme de Argentina S.A., con un contrato global gestionado a través de la filial suiza del grupo, Sanofi Gestion S.A.
La cronología de los hechos
*Principios de 2023: Hatanaka informa su empleadora sobre su proyecto de paternidad.
*1 de febrero de 2023: Notifica formalmente a la empresa que la fecha probable de nacimiento de su hijo, Matteo, era el 5 de mayo de 2023. En la misma comunicación, manifiesta su intención de acogerse a la licencia parental de seis meses que Sanofi promocionaba activamente.
* 13 de febrero de 2023: Genzyme de Argentina S.A. despide a Hatanaka sin expresar causa. Ese mismo día, recibe una carta de Sanofi Gestion S.A. desde Ginebra confirmando la decisión de terminar su asignación en Argentina y su contrato de trabajo, fijando como fecha final el 31 de mayo de 2023.
* 5 de mayo de 2023: Nace Matteo, el hijo de Hatanaka.
* 31 de mayo de 2023: Se hace efectiva la finalización de su contrato, tal como lo había estipulado la carta de la filial suiza. La defensa de la empresa se construyó sobre un repentino deterioro del desempeño, documentado en una serie de correos internos que, llamativamente, comenzaron a surgir justo cuando el proyecto de paternidad de Hatanaka se materializaba. Sanofi argumentó que la desvinculación se debió a "incumplimientos y una drástica disminución en el nivel de desempeño". Los correos electrónicos de colegas y superiores lo acusaban de interactuar "en forma descortés, peyorativa", de tener un "enfoque agresivo", de "boicotear toda idea/nuevo proceso" y de exhibir un comportamiento que "no es responsable ni aceptable".
Con los argumentos de la empresa centrados en el rendimiento y los de Hatanaka en la discriminación, la batalla por la verdad se trasladó a un nuevo terreno: los organismos del Estado, donde la palabra de un individuo se mediría por primera vez contra la de una multinacional. Antes de que un conflicto laboral llegue a los tribunales, el paso por agencias administrativas especializadas suele ser una etapa estratégica crucial. Aunque sus dictámenes no son judicialmente vinculantes, establecen un precedente fáctico y moral de gran peso, ofreciendo una primera evaluación oficial de los hechos.
Para Hatanaka, este fue el primer frente en su batalla por el reconocimiento. Tras su despido, presentó denuncias formales ante dos organismos clave del Estado argentino: El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y la Dirección General de Convivencia en la Diversidad, dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ambas entidades analizaron la evidencia y los argumentos de las dos partes, y sus conclusiones fueron contundentes y alineadas, sentando una base fáctica sólida para el reclamo de Hatanaka.
El primer Dictamen del INADI fue el 10 de noviembre de 2023: Tras una investigación de siete meses, el organismo concluyó que el despido se encuadraba en la Ley Antidiscriminatoria N° 23.592. El dictamen fue explícito al conectar las dificultades que enfrentó el ejecutivo con su orientación sexual, especialmente en lo relativo a la cobertura médica.
El Informe de la Dirección General de Convivencia en la Diversidad fue hecha el 4 de mayo de 2024 que llegó a una conclusión similar. En su informe técnico, confirmó la existencia de discriminación institucional y emitió una serie de recomendaciones para que la empresa abordara los hechos y reparara el daño causado.
El impacto de estas resoluciones fue significativo. Hatanaka ya no contaba solo con su palabra, sino con el respaldo de dos dictámenes estatales que calificaban la acción de la empresa como discriminatoria. Sin embargo, Sanofi Group mantuvo su postura. La compañía no reconoció su responsabilidad, no ofreció ninguna forma de reparación y sostuvo la validez del despido. Esta negativa a aceptar los hallazgos de los organismos públicos convirtió a los dictámenes administrativos en la piedra angular de la siguiente etapa: la batalla judicial.
Con el respaldo de los dictámenes administrativos, el conflicto se judicializó, transformándose en un escenario donde se disputaría la aplicación efectiva de los derechos vulnerados.
La batalla judicial
La estrategia legal de Hatanaka se centró en una medida cautelar, una herramienta procesal de urgencia que busca revertir los efectos del acto considerado ilegal mientras se debate la cuestión de fondo. Su objetivo era claro: ser reincorporado a su puesto de trabajo.
La primera victoria judicial llegó el 30 de abril de 2024, cuando el Juzgado Nacional de 1ra Instancia del Trabajo N° 55 ordenó la reinstalación inmediata de Hatanaka, basándose en la verosimilitud de su reclamo, respaldado por los informes del INADI.
Sin embargo, la empresa no cumplió con la medida cautelar de reincorporación, sino que apeló la medida, y la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (Sala IX) dio un giro al caso. Revocó la medida cautelar, adoptando una postura diferente que el tribunal de primera instancia. Los jueces consideraron que la verosimilitud del derecho no estaba acreditada con la suficiencia necesaria para una medida de tal magnitud y que el debate presentaba "aristas jurídicas muy complejas que evidentemente se proyectaban sobre el fondo del asunto".
En esencia, el tribunal de alzada exigió una carga probatoria más alta para una medida preliminar, empujando el debate central sobre la discriminación a una sentencia definitiva, en lugar de aceptarlo como un hecho probable basado en los dictámenes administrativos.
Entonces el caso fue presentado con un Recurso de Inconstitucionalidad ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de Buenos Aires. El argumento central es que la Cámara de Apelaciones incurrió en arbitriedad omitiendo analizar pruebas clave y desoyendo los contundentes dictámenes de los organismos estatales. Este caso sirve para entender sobre la brecha que puede existir entre el discurso corporativo global y la realidad operativa local.
La disputa pone en tela de juicio cómo las ambiciosas políticas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) y derechos humanos, diseñadas en la sede central de una multinacional, pueden desmoronarse en su implementación a nivel de subsidiaria.
La batalla de este ejecutivo ha puesto de manifiesto la tensión entre las políticas globales de inclusión y las prácticas locales, demostrando que sin una implementación rigurosa y un compromiso real a nivel gerencial, las declaraciones de valores pueden convertirse en promesas vacías.
Un elemento clave en este proceso ha sido el rol del activismo y la sociedad civil. Organizaciones como la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT+) intervinieron en el proceso judicial presentándose como Amicus Curiae ("amigo del tribunal") para ofrecer su perspectiva experta sobre la discriminación por orientación sexual y género. El litigio continúa activo, con el Recurso de Inconstitucionalidad pendiente de resolución ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires.
En palabras de Leonardo, que aún hoy sigue esperando justicia: "Independientemente del resultado judicial final, el caso ya ha dejado evidente la necesidad de que las corporaciones multinacionales no solo diseñen políticas de inclusión, sino que también inviertan en la cultura y los mecanismos de control para garantizar que estas se cumplan en cada una de sus filiales".
"Más importante aún, ha demostrado el poder de la acción individual y colectiva para desafiar la discriminación, recordándole al mundo corporativo que, en la era de la transparencia, la rendición de cuentas es inevitable", dijo Leronardo en conversación con este diario.
Leonardo y su pareja esperan desde marzo la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Caba que está pendiente desde marzo, así como el del Ministerio Público Fiscal de Caba.
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