Denuncian cinco nuevas muertes en comunidades terapéuticas
Organizaciones especializadas en el tema reclaman "la revisión urgente de los mecanismos de habilitación y control de los sitios de internación para personas con consumos problemáticos".
La unidad de investigación de la Asociación de Reducción de Daños de Argentina (ARDA) denunció otras cinco muertes en dudosas circunstancias dentro de comunidades terapéuticas irregulares. Cuatro de las cinco muertes, una de las cuales ocurrió a fines de mayo pasado, fueron declaradas suicidios, pero la unidad sostiene que deben investigarse las circunstancias en que se produjeron los hechos porque los y las fallecidas "vivían en un clima de amenazas y sobremedicación". El año pasado, ARDA había denunciado un total de 20 muertes desde 2012 en establecimientos de salud mental denunciados por violar sistemáticamente los derechos de los usuarios.
El caso más reciente ocurrió el mes pasado, cuando Paulo, un neuquino de 30 años que ya había tenido intentos de suicidio, se quitó la vida en la comunidad Ser, de Pilar, según denunció la Unidad de Investigaciones y Protección de Derechos en Salud Mental (UIP) de ARDA, que advirtió que "esta nueva muerte no puede leerse como un hecho aislado". "Vuelve a aparecer el mismo patrón: dispositivos de encierro sin control estatal, prácticas disciplinarias presentadas como tratamiento, operadores sin formación suficiente, ausencia de abordajes clínicos reales y personas en situación de extrema vulnerabilidad alojadas en instituciones sin profesionales de la salud mental que deberían ser investigadas con urgencia", alertaron.
En este caso, el director de la comunidad ya había sido denunciado en 2024 por la unidad en un informe en el que detallaban la existencia de un "grupo de tareas que secuestraba e internaba a personas usuarias de drogas en comunidades terapéuticas que luego fueron clausuradas tras inspecciones de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM)". El director, sin embargo, "quedó impune porque la Justicia de Moreno archivó la causa", según indicó la UIP. "Después, desarmó su grupo de tareas y fundó una típica comunidad clandestina", añadieron.
Los cuatro casos anteriores ocurrieron en instituciones de Escobar y Pilar que, según denuncia la UIP, "no estaban habilitadas ni eran controladas por el Estado, pese a que algunas de ellas ya habían sido clausuradas". "Tampoco contaban con equipos profesionales de salud mental en su staff", agrega el nuevo informe de la unidad sobre las muertes de Sebastián y Catalina, de 36 y 20 años respectivamente, y de dos adolescentes de 17 años, denominados Braian y Juliana por la UIP para preservar su identidad real.
Las muertes de Sebastián y Catalina se produjeron en la comunidad terapéutica Sanar para vivir, que al momento de los fallecimientos estaba en Escobar y ahora fue trasladada a Pilar. Sebastián y Catalina se suicidaron en septiembre de 2024 y junio de 2025 respectivamente, y ambos fallecimientos ocurrieron "en una comunidad no habilitada, que había sido clausurada previamente, en la que las personas internadas vivían en un clima de amenazas y sobremedicación", según indica el informe.
La unidad de investigación recabó en este tiempo diversos testimonios sobre el caso y sobre el modo en que Sebastián y Catalina vivían allí. Acerca de la joven, sostuvieron que "lloraba, hiperventilaba, pedía ayuda y no la asistían; la encerraban, la empujaban, la sobremedicaban y hasta le gritaban: 'estás loca, pendeja de mierda'". El día anterior a quitarse la vida, escribió en su cuaderno: 'Me desperté con voces en mi cabeza'", señala la unidad en su informe y advierte que, pese a esto, la joven no recibió asistencia. En el caso de Sebastián, "testigos relataron a la UIP que las autoridades de la granja lo insultaban y le gritaban 'bolsa de falopa'".
El caso de Juliana también fue declarado como un suicidio, con el agravante de que se trataba de una adolescente de 17 años. Fallecida el 2 de febrero de 2026 en la Comunidad Terapéutica Señales, de Grand Bourg, Malvinas Argentinas, la muerte fue informada preliminarmente como "ahorcamiento", pero la UIF advierte que "lo ocurrido exige una investigación inmediata y completa, porque se trata de una menor de edad en contexto de encierro en otra comunidad no habilitada" y reclama "una reconstrucción seria de las causas de esa muerte". El informe sostiene que, al momento de la muerte, la comunidad "no exhibía un solo profesional de salud mental identificado con nombre, matrícula y función, ni informaba habilitación sanitaria o responsables clínicos".
El de Braian, por su parte, no fue un suicidio. Se trata también de un chico de 17 años, en este caso con retraso madurativo y obesidad severa, que falleció el 1 de enero de 2026 "luego de ser trasladado, con un cuadro de neumonía, desde la comunidad terapéutica Nunca Más Solos, de Pilar, al Hospital J. Sanguinetti". En ese caso, la UIF denuncia directamente un encubrimiento de la muerte por parte de los responsables de la comunidad, que "obligaron a su madre a firmar un 'abandono de tratamiento'". "A pesar de que la institución ya había sido denunciada en noviembre de 2025 por la UIP e inspeccionada por la CPM, nunca fue clausurada", señala el informe, que agrega que "la muerte de Braian se agrava aún más si se considera que había sido derivado por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de Río Negro".
En ese caso, tras la denuncia de la UIP, la Fiscalía Nº 1 de Pilar sí inició, el 27 de marzo, una investigación por "averiguación causal de muerte". Pablo Galfré, periodista de investigación especializado en el tema y miembro de la UIP, contó a Página/12 que, en este caso, el equipo legal de la unidad actuará como particular damnificado con la familia de Braian y que ya tuvieron una reunión con el fiscal, que "se comprometió a investigar". Luego de un avance casi nulo en las investigaciones, los otros tres casos también tuvieron los primeros movimientos tras las denuncias de la UIP, que pudo reunirse con representantes de las fiscalías.
En los cuatro casos también intervino la CPM. Melina Galeano, directora del Programa de Salud Mental de la Comisión, advirtió a este diario que de las primeras investigaciones pudieron confirmar que "ninguna de estas comunidades figura en el Registro Único Provincial de Establecimientos de Salud, o sea que no cuentan con habilitación para funcionar emitida por el Ministerio de Salud".
La CPM ya tuvo acceso a las causas y pidió diversas medidas de prueba, como el secuestro de las historias clínicas y de las cámaras de seguridad de los establecimientos, y que se tome testimonio a familiares de los fallecidos y a las personas que estuvieran en las comunidades en el momento de las muertes. "También reclamamos que se tenga en cuenta el factor encierro para la investigación de los fallecimientos", agrega Galeano.
Hace unas semanas, un equipo de la Comisión visitó la comunidad Nunca más solos para realizar una inspección en el marco de una constatación judicial y, según indica la directora del programa, "relevamos diversas vulneraciones de derechos". Para el lugar ya rige una medida cautelar que prohíbe el ingreso de menores de edad, dictada tras el fallecimiento de Braian.
Galeano advierte que "en la Provincia sigue sin haber un relevamiento exhaustivo de las comunidades terapéuticas y todavía hay muchísimas que funcionan sin habilitación". "Ese sigue siendo el principal foco problemático sobre salud mental, porque éstas son las instituciones donde nos encontramos con los casos de violaciones de derechos humanos más gravosas. Al no tener registro, además, no sabemos cuántas personas están internadas ni cuántas fallecen, por lo que hay un vacío de información muy grande y preocupante", sostiene.
En el mismo sentido, la UIP reclama "la revisión urgente de los mecanismos de habilitación y control de comunidades terapéuticas que alojan personas con padecimientos de salud mental y consumos problemáticos, especialmente cuando se trata de niños, niñas y adolescentes".
Fuente:
https://www.pagina12.com.ar/2026/06/22/denuncian-cinco-nuevas-muertes-en-comunidades-terapeuticas/