Denuncian la crisis sanitaria argentina ante la CIDH: “Cuando el acceso a medicación depende del bolsillo se traduce en muertes evitables”
Organizaciones de la sociedad civil expusieron la "grave situación de salud como consecuencia de las políticas de ajuste". Los representantes del Ejecutivo aludieron a un "proceso de reestructuración de la administración" y negaron su impacto, pese a que bajo su gestión reemergieron enfermedades prevenibles por vacunas y se vendieron cerca de 20 millones de medicamentos menos.
"Solicitamos esta audiencia para exponer la grave situación de salud que atraviesa la Argentina como consecuencia de las políticas de ajuste del actual gobierno, que han deteriorado gravemente los sistemas de salud y la salud de toda la población", dijo Macarena Sabin Paz, referente de Salud del Centro de Estudios Legales (CELS), ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde se realizó este lunes una audiencia sobre el impacto del ajuste fiscal en el derecho a la salud en la Argentina.
La cita fue convocada por una solicitud del CELS junto a la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, Fundación Huésped, Fundación Soberanía Sanitaria y Fundación Grupo Efecto Positivo. Se alertó sobre el impacto del ajuste presupuestario, los despidos y recortes en áreas clave del Ministerio de Salud, la baja en la cobertura de medicamentos del PAMI y en las tasas de vacunación, así como los retrocesos en las políticas hacia personas discapacitadas y con padecimientos de salud mental.
Los funcionarios presentes por parte del Ejecutivo negaron el impacto de las medidas denunciadas pero admitieron el ajuste. Solo por poner un ejemplo, mencionaron que hasta junio de 2026 se distribuyeron solo 17.300 botiquines del programa que reemplazó al Remediar. "Ese dato, presentado como un logro, contrasta con la caída de un programa que distribuía alrededor de 162.000 botiquines en 2023 y 53.000 en 2025", comparó el CELS.
Las y los comisionados "se mostraron preocupados por el alcance de las medidas que tomó el Estado y preguntaron sobre el impacto concreto de los recortes, las evaluaciones que realizaron sobre sus consecuencias y qué hicieron para evitar interrupciones en tratamientos esenciales. Recordaron que la revisión de las políticas públicas no debe recaer sobre quienes ya viven en situaciones de vulnerabilidad".
Muertes evitables
Sabin Paz habló sobre la "drástica" caída presupuestaria en políticas sanitarias y recordó que en mayo hubo un recorte adicional de casi 3.000 millones de pesos, sobre el que ministros provinciales advirtieron que provocaba una crisis estructural.
Además de señalar la baja de más de 1.400 contratos en áreas críticas y el cierre de ámbitos cruciales como el Instituto Nacional del Cáncer, la especialista expuso que "un punto de la crisis es la reemergencia de enfermedades prevenibles por vacunas" y advirtió que todas las coberturas de los 5 y 11 años correspondientes al Calendario Nacional están por debajo del 60%, lejos de lo que se necesita para lograr inmunización comunicaría. Esto se traduce en 37 casos de sarampión, enfermedad que no se registraba desde el año 2000, así como en un aumento feroz de casos de tos convulsa, que en julio tuvo más de 420% de aumento sobre la media histórica.
"La ausencia de campañas de vacunación sostenidas, el recorte en la logística de distribución y la disminución de presupuesto de inmunización configuran una vulneración estructural del derecho a la salud infantil, agravada por el retiro de la argentina de la Organización Mundial de la Salud", concluyó Sabin Paz.
Daniela Giorgetta, de Soberanía Sanitaria, apuntó al impacto del cierre de Remediar y los recortes en la cobertura de medicamentos de Pami. "El vademécum incluía 75 medicamentos esenciales y fue reemplazado por la distribución de tres medicamentos cardiovasculares. De los más de 8000 centros que recibían medicamentos, hoy reciben solo alrededor de 800", contó.
En cuanto al Pami, la reducción en las coberturas "trasladó el costo de medicamentos a personas jubiladas. Entre noviembre de 2023 y febrero de 2025 hubo más de 300% de aumento de gasto de bolsillo, mientras que los haberes crecieron 170%". Giorgetta describió la situación de "personas que abandonan tratamientos y eligen entre comer o medicase" y alertó que "cuando el acceso a medicamentos depende del bolsillo, se traduce en pérdida de calidad de vida y muertes evitables".
"El sistema de acceso universal sigue existiendo en las leyes, pero el Estado está abandonando las políticas que lo hacían posible", sentenció.
Miles de personas en riesgo
Verónica González Bonet, miembro de REDI, habló sobre la situación de las personas con discapacidad, relató la vulneración de derechos que sufrieron desde el inicio de las auditorías por parte de la ya inexistente Agencia Nacional de Discapacidad y recordó que se dieron de baja al menos 110 mil pensiones.
Apuntó que hay 227.354 pensiones pendientes de resolución por causas que no dependen de quien las solicita, y que en dos años se resolvieron solamente 10.354.
Cuestionó además que la Ley de Emergencia en Discapacidad, vetada y defendida en el Congreso, fue reglamentada por orden judicial pero permanece "cumplida parcialmente, sin la recomposición retroactiva que la ley ordena". Esto implica que hay "centros de día que redujeron su atención, instituciones que se endeudan para sostener servicios y una deuda con Incluir Salud que supera los 69.500 millones de pesos, con pagos frenados desde noviembre de 2025". Denunció la interrupción en la entrega de medicamentos y pañales y contó que "responsables de hogares cuentan que la interrupción de tratamientos de base está provocando descompensaciones".
Para empeorar el panorama, en abril el Poder Ejecutivo presentó un proyecto que "retrocede aún más" y vuelve a apuntar contra el "fraude de las personas por invalidez". Todo esto, en un contexto en el que la eliminación de la Andis y la incorporación de la Secretaría específica dentro del Ministerio de Salud implicó "volver al enfoque médico de discapacidad, contrario a lo que establece el modelo social que rige la Convención".
Lorena Di Giano, abogada especialista en Acceso a Medicamentos y propiedad intelectual, se presentó desde Fundación GEP para alertar sobre el "fuerte retroceso" en políticas públicas para personas con VIH, sífilis, hepatitis y otras enfermedades. "La distribución de test rápidos se redujo a la mitad en tres años, lo mismo para reactivos y pruebas diagnósticas". Denunció además que "hay 18 medicamentos para tratamiento de VIH, tuberculosis y hepatitis que se encuentran sin stock a nivel central, poniendo en riesgo la continuidad del tratamiento de más de 60 mil personas".
Apuntó también contra la firma de un acuerdo con Estados Unidos que implica una "regresión en materia de propiedad intelectual y compromete el acceso a medicamentos". Y que si bien "no se encuentra en vigencia por no haber sido ratificado por el Congreso pero se está implementando anticipadamente".
Di Giano alertó que la "derogación de vías de patentabilidad amenaza la producción local de medicamentos y deja a personas con enfermedades en riesgo de no poder acceder a tratamientos por el aumento de precios".
A su turno Eduardo Quiroga, de ACIJ, cuestionó el desfinanciamiento de políticas de salud mental y advirtió que la propuesta de reforma de la ley que promueve el Gobierno reabre el modelo manicomial, lo que se traduce en una vuelva "a un sistema obsoleto, ineficiente y que expone a las personas a vivir en condiciones caracterizadas como tortura, tratos crueles o degradantes".
Por todo esto, las organizaciones argentinas de la sociedad civil solicitaron a la CIDH que "inste al Estado argentino a poner un freno a las medidas que afectan la salud, restablecer los programas desmantelados y reparar las afectaciones producidas". También se pidió que la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales elabore un informe específico sobre el impacto del ajuste fiscal en el derecho a la salud y evalúe realizar una visita al país para constatar la situación denunciada.
Las respuestas del Gobierno
Por parte del gobierno de Javier Milei comenzó su respuesta el flamante subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, el exfuncionario macrista Leonardo Szuchet, quien asumió en abril de este año.
Aseguró que la gestión "reafirma su compromiso" de respetar las convenciones vigentes y describió los cambios en materia sanitaria como un "proceso de reestructuración de la administración pública nacional para modernizar el funcionamiento del Estado". Pese a la evidencia, aseguró que "no se discontinuaron políticas destinadas a proteger derecho a la salud".
Desde el Ministerio de Salud, el subsecretario de Políticas de Acceso y Apoyos de la Secretaría Nacional de Discapacidad, Esteban Rafael Giler, leyó que "el Estado argentino sostiene que durante el periodo analizado no hubo un abandono de las obligaciones sanitarias ni una retracción material del derecho a la salud, sino una etapa de reorganización institucional y administrativa, orientada a preservar las prestaciones esenciales y fortalecer la rectoría federal del Ministerio de Salud".
Entre los datos que mencionó como logros de la gestión de Mario Lugones aludió a la situación del Hospital Garrahan, destacando un "plan de inversión" pero sin mencionar el fuerte conflicto salarial y presupuestario que encabezaron sus trabajadores y trabajadoras. También se destacó el "récord de trasplantes", sin referirse a las dificultades que están enfrentando muchos pacientes trasplantados para sostener sus tratamientos y controles posteriores.
En cuanto al acceso a medicamentos, se destacó que "Remediar entre enero y junio entregó 17.300 botiquines". Sin embargo, a través de un comunicado el CELS advirtió que "ese dato, presentado como un logro, contrasta con la caída de un programa que distribuía alrededor de 162.000 botiquines en 2023 y 53.000 en 2025".
"Lo que este informe demuestra es que la República Argentina no sustituyó derechos por ajustes, reorganizó sus instrumentos y líneas de trabajo para sostenerlos, a partir de recibir un Ministerio de Salud que no cumplía con el rol que establece la Constitución Nacional", cerró Liliana González, directora nacional de Abordaje Integral de Salud Mental y Consumos Problemáticos del Ministerio de Salud de la Nación. Los representantes del Ejecutivo destacaron que 1.553.000 personas acceden al subsidio para medicamentos esenciales del PAMI, sin mencionar que esa cobertura alcanzaba a 4,6 millones de afiliados antes del ajuste. Tampoco hubo alusión a que durante 2025 se vendieron cerca de 20 millones de medicamentos menos.
Fuente: