El desamparo programado: la crueldad como dispositivo de gobierno
La vulneración del sistema público, la ruptura del lazo social y la implantación de una lógica de darwinismo social desde el Poder Ejecutivo.
Por Carlos Vilaseca
El desmantelamiento sistemático de las instituciones públicas no responde a un mero imponderable presupuestario ni a un ajuste técnico coyuntural. Desde una lectura clínica y política, estamos presenciando la ejecución metódica de una tecnología de gobierno basada en el desamparo programado. Al privar al sujeto de las redes de contención del Estado, se busca producir una ruptura en la trama de la solidaridad colectiva, reduciendo la existencia a una lucha darwiniana por la supervivencia individual.
El sistema de salud, atacado por el gobierno en su función contenedora
En el plano de la salud pública, la quita de financiamiento ataca directamente a las instituciones que históricamente han representado el amparo institucional y la excelencia comunitaria frente al dolor y la enfermedad:
- Hospital Garrahan: insignia de la pediatría nacional. Registra una pérdida cercana al 30% de su financiamiento en términos reales. La desidia forzó a profesionales a solicitar a las familias el aporte de mantas y estufas. La precarización de residencias mediante becas provocó la emigración de profesionales altamente capacitados hacia el sector privado o el exterior.
- Hospital Posadas: Alrededor de 200 despidos y 70 jubilaciones forzadas. La saturación crítica obligó al cierre temporal de la guardia para la atención exclusiva de emergencias con riesgo de vida, derivando en la renuncia masiva del equipo completo de cirugía cardiovascular pediátrica.
- Hospital Bonaparte: Centro nacional de referencia en salud mental del AMBA, cuya planta laboral fue diezmada bajo el argumento administrativo de camas vacías, ignorando la función ambulatoria y comunitaria de la institución.
- Instituto Nacional del Cáncer y DADSE: La suspensión de la entrega de medicamentos oncológicos gratuitos derivó en la interrupción de tratamientos y el fallecimiento de decenas de pacientes desprotegidos.
- Coordinación de VIH, Hepatitis y Tuberculosis: Estructura disuelta que perdió el 40% de su personal, acompañada por un recorte del 30% en el equipo nacional de vacunas.
- ANLIS-Malbrán: Cierre por decreto del CENDIE, centro de referencia regional en Chagas y dengue, con la desvinculación inmediata de 39 especialistas.
- Programa REMEDIAR: Reducción drástica del vademécum de 75 medicamentos esenciales a solo cuatro, desarticulando la cobertura de más de 8.000 centros de salud en todo el territorio nacional.
- Fusión y desguace: Unificación de los hospitales Posadas, Bonaparte, Sommer, Carrillo y el Instituto Tesone bajo una figura administrativa destinada a facilitar su progresivo desmantelamiento.
La discapacidad: vulneración subjetiva por decreto
La revisión masiva de derechos en el ámbito de la discapacidad no solo genera una quita de recursos materiales, sino que inflige una agresión simbólica directa a la dignidad del sujeto:
- Auditorías e incomunicación: Suspensión de más de 110.000 pensiones mediante citaciones irregulares o dirigidas a zonas sin dependencias oficiales disponibles.
- Retroceso terminológico: La Resolución 187/2025 reintrodujo un baremo con términos peyorativos y estigmatizantes, vulnerando los estándares de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
- Respuesta judicial: Diversos fallos en juzgados federales de Catamarca, La Rioja, Salta, Misiones y Buenos Aires declararon la nulidad de estas medidas, restituyendo beneficios al evidenciar que el ajuste vulnera garantías constitucionales.
- Anulación de la emergencia: Frente a la Ley 27.793 que disponía la conversión automática de pensiones, el Decreto 84/2026 reimpuso procesos de auditoría para obstaculizar el acceso a la prestación.
Lectura clínica del desamparo: Cuando el Estado retira la red de contención pública y apela a la violencia de lenguaje o de gestión, produce un estado de angustia generalizada. El mensaje implícito busca la resignación: la sustitución del derecho garantizado por la lógica del «sálvese quien pueda».
Jubilaciones y desmantelamiento productivo
El vaciamiento alcanza la memoria del trabajo y las bases del desarrollo científico y cultural. En la previsión social, los haberes mínimos se mantienen persistentemente por debajo de la Canasta Básica Total, con bonos de refuerzo congelados durante meses que erosionan el poder adquisitivo de los adultos mayores. A esto se suma el recorte de medicamentos gratuitos en PAMI y las presiones de organismos financieros internacionales para desarmar el sistema solidario de reparto.
En el aparato científico y productivo, la disolución y el recorte en organismos estratégicos como INTA, INTI, CONICET, la Comisión Nacional de Energía Atómica y ARICCAME despojan al país de su soberanía de conocimiento y de su capacidad de desarrollo autónomo.
En el ámbito cultural y social, la clausura de institutos históricos, el vaciamiento del INCAA, el cierre de la agencia pública Télam (con 78 años de trayectoria) y la eliminación de programas como Potenciar Trabajo, Acompañar y el Ministerio de las Mujeres demuestran un ensañamiento particular contra los espacios de memoria, diversidad y trabajo colectivo.
Educación hipotecada y represión como respuesta
Las universidades nacionales sufren una pérdida de poder adquisitivo salarial docente superior al 50%, mientras el presupuesto operativo se reduce drásticamente, afectando plataformas educativas como EDUC.AR y la conservación ambiental en Parques Nacionales.
La encrucijada política y ética
Frente a los reclamos legítimos de médicos, docentes, científicos, jubilados, pacientes oncológicos, comedores comunitarios y familias de personas con discapacidad, la narrativa oficial repite la consigna de que «no hay plata». Sin embargo, se trata de una falsedad discursiva: la masa de recursos estatales es redirigida hacia el sostenimiento de operativos represivos desproporcionados, el beneficio del sector financiero y la facilitación de esquemas especulativos.
La pregunta de fondo es la decisión política de su destino. El desamparo es una doctrina que busca implantar el darwinismo social como norma de convivencia. Frente a ello, el análisis crítico y la palabra pública deben erigirse como un límite ético ineludible.
Fuente:
https://www.tiempoar.com.ar/ta_article/desamparo-crueldad-gobierno/