El INTI da pelea y pide explicaciones a un gobierno que desregula todo
Desde diciembre pasado, la potestad del Instituto para realizar controles sobre balanzas, equipos médicos y surtidores de combustible, se transfirió al privado. Los impactos en la población y las próximas acciones de resistencia.
Desde que asumió el gobierno de Javier Milei, el INTI ha sido de las instituciones científicas y tecnológicas más golpeadas. Además de los despidos, el vaciamiento y el intento infructuoso de que directamente deje de funcionar, el oficialismo concreta el cierre de su área central: Metrología Legal. Si hay una tarea que distingue al Instituto Nacional de Tecnología Industrial es la capacidad para controlar distintos dispositivos y artefactos. Hasta el momento, que las balanzas, los alcoholímetros, los equipos médicos y los surtidores de combustible funcionaran de manera calibrada, se debía al trabajo de excelencia que realizaba el organismo. Sin embargo, el gobierno le sacó esta potestad y el área de Metrología Legal se queda sin funciones. El último capítulo de la saga de resistencia ocurrió este lunes: diputados elevaron un pedido de informes para que la gestión libertaria explique los fundamentos de quitar controles de tanta relevancia para la población.
Giselle Santana, trabajadora del INTI, dice a Página/12: "Legisladores de izquierda realizaron un pedido de informes, tanto a la Secretaría de Industria y Comercio, como a las autoridades del INTI reclamando cuál es el fundamento normativo que habilita al Consejo Directivo a disponer del cierre de la Dirección de Metrología Legal. Para los trabajadores y trabajadoras que venimos luchando y visibilizando lo que significa esta decisión arbitraria e ilegítima, es muy importante el apoyo parlamentario".
Ese mismo Congreso es el que rechazó el decreto 462, que en la práctica directamente planteaba la disolución del INTI, al ubicarlo como "unidad organizativa" al interior de la Secretaría de Industria y Comercio, en la órbita del Ministerio de Economía. Santana continúa: "A lo que estamos asistiendo ahora, con este cierre de sectores y el vaciamiento de programas y de líneas de trabajo, es a la continuidad de esa política por otros medios. No pudieron hacerlo con el decreto, entonces ahora se abocan a atacar lo que es el corazón del INTI, la metrología".
Si hay descontrol, pierde la población
El control está entre las funciones fundamentales del Estado. Si nada se regula, la población puede estar en riesgo de múltiples maneras. Por eso es que la mano invisible del mercado no se puede aplicar a todas las esferas por igual, sin consecuencias. Este lunes, legisladores elevaron un pedido de informes acerca del cierre de la Dirección de Metrología Legal. Buscan que el gobierno brinde explicaciones por el cese de actividades dispuesto para una dependencia estratégica que realiza el control metrológico de manera ininterrumpida desde hace más de dos décadas.
En concreto, en diciembre de 2025, una resolución del gobierno se propuso en términos formales terminar con el área encargada de medir. Eran verificaciones, controles y certificaciones que ya no realizará el ente público, sino que serán efectuadas por los privados. Situación que, en última instancia, podría habilitar múltiples irregularidades.
Qué pasaría si, por caso, una municipalidad se pone de acuerdo con una empresa encargada de calibrar los cinemómetros, para que tomen de una manera distorsionada la velocidad de los automóviles en la ruta. Hipotéticamente, podría cobrar más multas por aparente exceso de velocidad. Sin el INTI, la garantía de trazabilidad de las tecnologías y su buen funcionamiento son barridos debajo de la alfombra.
Si bien desde 2017, durante el macrismo, ya se había habilitado a los privados a realizar esta clase de certificaciones, la mayoría de los contratantes seguía confiando en el INTI como el organismo de confianza. Sin embargo, ahora la cosa cambia, porque no solo se habilitó el juego a privados para realizar la misma tarea que el INTI, sino que directamente se corrió de la cancha al organismo estatal al vaciarlo de funciones. Como correlato, más de 150 profesionales técnicos se quedarán sin tareas.
Comercio (in)justo
Santana amplía los impactos de una nueva desregulación del gobierno: "La Metrología Legal le garantizaba a la población el comercio justo, que un consumidor pudiera saber cuántos litros de nafta le están cargando en un surtidor, o bien, cuántos kilos de papa le estaban vendiendo en un supermercado. Lo mismo para saber cuántas toneladas de soja salen de un puerto. Como el Estado se corre de esa función, se pierde la imparcialidad y se entrega el negocio y las tareas al sector privado. De esta forma, pone en riesgo a la población al desregular también otros aparatos, como termómetros clínicos, cinemómetros para controles de velocidad o alcoholímetros".
Matías Parra, sociólogo y gestor tecnológico del INTI, apunta: "El organismo asegura una calidad estándar en el propio proceso de producción. Ello nivela y asegura la compatibilización entre los productos. Esta capacidad, tanto para bienes privados locales como para importados, redunda en la seguridad de la población". Si no hay controles, sintetiza Parra, "se pierden marcos de referencia para una convivencia razonable en el país".
Luego continúa con el detalle: "El organismo cumple el rol de guardián de los patrones nacionales de medición, es decir, de las referencias con las cuales se calibran los equipos de medición de toda la industria. Esto es muy importante para lograr un comercio confiable entre dos actores que van a tener una misma referencia, que les permitirá hablar el mismo idioma".
Que un metro sea un metro y que un kilo sea un kilo para todos por igual, parecen referencias establecidas. Pero no lo son tanto. De hecho, cada tanto, a nivel internacional se redefinen.
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