El no-límite como política
Por Gustavo Fernando Bertran - psicoanalista
Estamos ante un momento bisagra. La violencia ejercida desde la administración actual no tiene antecedentes desde la recuperación democrática. Buscar el límite dentro del marco democrático no es una consigna destituyente, es una defensa activa de la democracia misma. Cuando el Estado se vuelve abusador y la justicia calla, el silencio social deja de ser neutral: se transforma en complicidad. Poner un límite hoy es un acto político imprescindible para preservar la vida, la salud mental, los derechos y el futuro común.
Cuando el abuso se convierte en política pública y el maltrato en método de gobierno, la democracia entra en una zona crítica. No se trata de errores ni excesos, sino de una lógica de poder que desregula, daña y produce sufrimiento como efecto estructural. Nombrar lo que angustia y exige un límite ya no es solo una tarea intelectual: es una urgencia ética y política.
La angustia que produce el contexto actual ya no pertenece solo a los pacientes: atraviesa a los equipos de salud mental, a los trabajadores de la salud, a docentes, estudiantes y familias. El malestar dejó de ser individual para convertirse en clima social, en experiencia compartida de desamparo.
El no-límite de esta administración tiene efectos devastadores sobre el psiquismo y el lazo social. Lo muestran el aumento de la angustia, la tristeza, la desesperanza y la creciente imposibilidad de imaginar un futuro habitable. El incremento de los suicidios en la Argentina no es una percepción subjetiva: es un dato empírico brutal que la política se niega a asumir.
Los ejemplos del abuso estatal se acumulan. Una diputada que banaliza los vuelos de la muerte entre risas. Funcionarios que reivindican la dictadura. Reformas laborales regresivas. La muerte de 173 pacientes por fentanilo contaminado, consecuencia directa de la desregulación que habilita el tráfico ilegal de mercancías y cuerpos. La Resolución 957/25 de la ANAC, que elimina controles básicos en la aviación privada, vuelve explícita la lógica que gobierna: menos Estado, más muerte.
Esta política del no-límite no se circunscribe al plano nacional, sino que se reproduce con crudeza en el escenario internacional. Lo ocurrido en Venezuela, con el secuestro del presidente Nicolás Maduro, las operaciones encubiertas, el desconocimiento abierto de la soberanía de un Estado y las sanciones que castigan a la población civil, constituye un ejemplo extremo de cómo la violencia política se despliega cuando los límites del derecho internacional son abandonados. En nombre de la "libertad" y la "democracia" se legitiman prácticas donde el interés del mercado y de los grandes poderes económicos se impone sobre cualquier regulación internacional, subordinando la vida, la autodeterminación de los pueblos y el derecho internacional a la lógica del beneficio y la ganancia. Cuando el mercado se convierte en autoridad suprema y la regulación es presentada como un obstáculo, lo que emerge no es el orden ni la libertad, sino la desprotección, la violencia y la muerte como forma de gobierno global.
El vaciamiento en el área de la salud no es simbólico: mata. La reducción del plan de vacunación ya produce muertes evitables de niños; el aumento de sífilis y VIH es el resultado directo del abandono de la prevención. La salud mental es tratada como un gasto innecesario: se desfinancian programas y se deja a los sujetos librados a la intemperie, en un contexto de sufrimiento psíquico creciente.
El ataque a la educación pública completa el cuadro. El desfinanciamiento de los colegios técnicos y de las universidades nacionales es una decisión política. Destruir la educación técnica y superior implica destruir el futuro, la ciencia y el pensamiento crítico. Una sociedad sin educación y sin salud mental es más frágil, más manipulable y más expuesta al daño.
La crueldad y el maltrato permanente ejercidos desde el poder no tienen antecedentes en democracia. Insultos, descalificaciones y discursos estigmatizantes se convierten en política de Estado, erosionando el lazo social y deteriorando la salud mental colectiva.
Ningún mandatario puede ejercer el poder desde un desequilibrio tan manifiesto sin consecuencias devastadoras. Esta administración no solo carece de límites: los rechaza.
Surge entonces una pregunta ineludible: ¿por qué una sociedad elige democráticamente a quienes la dañan? No se trata de ignorancia. Desde el psicoanálisis, esto puede pensarse como el goce oscuro: una satisfacción consciente o inconsciente que obtiene placer en el sacrificio y en la destrucción del lazo social. Cuando se confunde libertad con desprotección y ajuste con salvación, emerge la pulsión de muerte.
Este goce necesita ruinas sociales. Ninguna sociedad que deja de cuidar a sus niños, su educación y su salud mental puede sostener una ficción de futuro. Cuando el Estado renuncia a regular, no aparece la libertad: aparece la muerte.
Pero la democracia también se destruye por vía judicial. Cuando el Poder Judicial funciona como engranaje del poder político y corporativo, lo que se desregula ya no es el mercado: es el Estado de derecho. La impunidad se transforma en política pública.
El voto no es un cheque en blanco. La democracia no se agota en el acto electoral; comienza allí. Buscar el límite dentro del marco democrático no es una amenaza al sistema: es su única posibilidad de supervivencia. Sin justicia independiente, sin memoria y sin cuidado de la vida, la democracia se vacía por dentro.
No hay salud mental posible en una sociedad que naturaliza el maltrato, el no-límite y la autodestrucción. Nombrar el abuso es el primer gesto de resistencia. Poner un límite hoy es una urgencia política y una responsabilidad colectiva. Cuando el Estado se vuelve abusador y la justicia calla, el silencio social se transforma en complicidad.
Fuente:
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