El peso de los endeudamientos: salud mental, docencia y ajuste en la Argentina actual
La doctora en Psicología y licenciada en Educación y Psicopedagogía, Gabriela Dueñas, analiza el impacto en los docentes, pero también en los alumnos, de la prioridad impuesta por el gobierno de pagar la deuda externa sobre estas áreas.
Por Gabriela Dueñas - Dra. en Psicología, Lic. en Educación y Psicopedagogía
El 89% de los docentes necesita otro trabajo para llegar a fin de mes. De cada diez docentes, cuatro cobran en promedio $560.000 y tres apenas $280.000. Esta cifra, extraída de un informe de investigación de ADEIUNAJ de la Universidad Arturo Jauretche, no es un dato estadístico más. Es la radiografía de un cuerpo social que se quiebra, el reflejo de una profesión que, en el contexto de ajuste actual, se ve forzada a elegir entre educar y sobrevivir. Y en el centro de esta encrucijada, el endeudamiento -consecuencia directa del desfinanciamiento- emerge como uno de los mecanismos más eficaces de deterioro de la salud mental, no solo para los docentes, sino para una amplia franja de trabajadores y adultos a cargo de infancias y juventudes.
El ajuste presupuestario como política de Estado
El presupuesto nacional para 2026, al igual que el proyecto de 2025 (no tratado en el Congreso), establece como prioridad ineludible garantizar el pago de la deuda externa, afectando así, negativamente, la disponibilidad de recursos del Estado para cumplir con sus obligaciones en diferentes áreas, y de manera particular, aquellas de las que dependen las políticas sociales. Este criterio, lejos de ser una decisión técnica, es una declaración de principios. Los servicios de deuda representan aproximadamente 1,4 veces el gasto en salud y 1,6 veces el gasto en educación y ciencias. En otras palabras, el Estado argentino destina más recursos a pagar intereses a acreedores que a sostener el sistema sanitario y educativo.
Esta decisión de política económica, aunque formalmente legal, entra en tensión con obligaciones constitucionales y de derechos humanos que condicionan las decisiones del Estado, especialmente en contextos de crisis. La Constitución Nacional, a través del artículo 75 inciso 22, otorga jerarquía constitucional a tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), lo que obliga al Estado a garantizar progresivamente derechos como la educación y la salud, sin retroceder en su protección. La propia Corte Suprema, en el fallo «Galli» (2005), estableció que la deuda debe pagarse, «pero no a costa del sacrificio del pueblo», señalando que la protección de los derechos humanos funciona como un límite a las políticas de pago de deuda cuando estas implican un sufrimiento extremo para la población. Priorizar el pago a los acreedores por encima de la inversión social no es, entonces, una mera decisión técnica, sino una opción política que produce efectos concretos sobre la vida de las personas y, como puede observarse, sobre el entramado social que sostiene a nuestras infancias y adolescencias.
Este desfinanciamiento no es una abstracción contable. En el caso de la educación, el recorte se traduce en salarios que no alcanzan la Canasta Básica Total (CBT) que el INDEC estima mensualmente para una familia tipo -en abril de 2025, la CBT se ubicó en $1.325.000 para un hogar de cuatro integrantes, mientras que el salario docente promedio se sitúa muy por debajo de ese umbral-, en universidades que ven comprometido su funcionamiento -la Facultad de Psicología de la UNC declaró su «profunda preocupación» ante la «degradación de las condiciones salariales de Docentes y No docentes»- y en un incremento sostenido de la demanda de salud mental que el sistema no puede atender. Ante esta circunstancia urge advertir que el actual contexto socioeconómico ha profundizado situaciones de vulnerabilidad, generando un marcado deterioro en el bienestar psicológico de amplios sectores de la población.
El endeudamiento como síntoma y como causa
El endeudamiento no es solo una consecuencia de la caída del poder adquisitivo; es también un potente generador de sufrimiento psíquico. Para un trabajador/a, la ecuación es cruel: el salario no alcanza, por lo que debe recurrir al crédito para cubrir gastos básicos. Este crédito, a su vez, se convierte en una deuda que hipoteca el futuro y profundiza la ansiedad.
Más de la mitad de los docentes enfrenta un «endeudamiento sostenido para cubrir gastos básicos". El pluriempleo -necesario para llegar a fin de mes- multiplica la carga horaria y reduce el tiempo de descanso, lo que impacta directamente en la salud física y mental. El 61% de los docentes encuestados fue a trabajar estando enfermo, muchas veces sin poder gestionar licencias por temor a represalias o descuentos. Esta lógica de presentismo forzado, donde el cuerpo del docente se convierte en un recurso descartable, es la contracara del endeudamiento: si no trabajás, no cobrás; si no cobrás, no pagás la deuda.
El derrame sobre las familias y la precariedad cotidiana
Esta situación no se agota en el trabajador individual. El endeudamiento y la precariedad laboral atraviesan el núcleo familiar y generan un clima de inestabilidad permanente. El pluriempleo no solo implica jornadas extensas y desgastantes, sino también la pérdida de tiempo para la vida personal, el descanso y el cuidado de los hijos. El 57% de los docentes dejó actividades deportivas o recreativas, afectando su salud integral, y el 74% abandonó instancias de formación por falta de tiempo o dinero.
La «triple carga» que enfrentan las mujeres docentes -trabajo en el aula, trabajo doméstico no remunerado y tareas de cuidado- agrava el desgaste, y el 79% teme tener que sumar más horas de trabajo para llegar a fin de mes y cubrir las necesidades básicas de sus hijos e hijas. El informe de la UNAJ también señala que más de la mitad de los docentes tiene responsabilidades de cuidado familiar, lo que intensifica la sobrecarga. El 19% de los docentes realiza actividades laborales que no tienen que ver con su formación, como repartos o Uber, para complementar ingresos. En este contexto, la deuda deja de ser un problema contable para convertirse en un condicionante de la vida cotidiana: reduce la calidad alimentaria –el 24% redujo la calidad de su alimentación y el 6% saltea comidas para ahorrar-, limita el acceso a la salud, tensiona los vínculos afectivos y proyecta una sombra de incertidumbre sobre el futuro de las familias.
Cuerpos quebrados, mentes exhaustas
La evidencia sobre el impacto en la salud de los trabajadores es abrumadora. El síndrome de burnout, caracterizado por agotamiento emocional, despersonalización y baja realización personal, afecta a una proporción significativa de trabajadores de distintos sectores, entre los que resulta particularmente preocupante los/as docentes, a cargo de nuestras infancias y adolescencias.
Un estudio reciente en escuelas del AMBA encontró que el 27,5% de los docentes presentó altos niveles de agotamiento emocional, y el 25,5% mostró una percepción reducida de realización personal (Zabala, 2025). Pero más allá de las cifras, el desgaste se manifiesta en síntomas como ansiedad, insomnio, depresión y problemas digestivos, que afectan a una proporción significativa del sector. Encuestas gremiales y estudios internacionales coinciden en que el malestar docente ha alcanzado niveles críticos; la Internacional de la Educación advierte que el deterioro de las condiciones de trabajo está vinculado a problemas de salud, agotamiento y síndrome de desgaste profesional en la mayoría de los países
El futuro en riesgo: infancias y adolescencias
El impacto de esta crisis no se limita al mundo adulto. La precarización de las condiciones de vida de los adultos a cargo -docentes, madres, padres, cuidadores- se derrama de manera directa sobre las infancias y adolescencias, que quedan atrapadas en un contexto de incertidumbre, estrés familiar y ausencia de referentes estables. La salud mental de niños, niñas y adolescentes (NNyA) ha experimentado un deterioro alarmante en los últimos años, y los datos son contundentes.
Según datos del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, las internaciones de menores de 18 años por salud mental se duplicaron en cinco años, pasando de 3.286 en 2019 a 7.103 en 2024, lo que representa un aumento del 13,4% solo en territorio bonaerense durante 2024. El 30% de las internaciones psiquiátricas corresponden a NNyA, y de ese total, un 27% presenta ideaciones suicidas, un 26,5% corresponde a intentos de suicidio, y un 6,25% a conductas autolesivas.
Estas cifras no son un fenómeno aislado ni meramente clínico. Reflejan el impacto del deterioro de las condiciones materiales de vida, el ajuste en las políticas públicas de salud mental y la desarticulación de programas clave. Se redujeron los servicios del Hospital Nacional «Laura Bonaparte» con el despido del 40% de su personal, se desarticuló el Programa Nacional de Prevención del Suicidio Adolescente y se recortaron recursos para equipos interdisciplinarios y dispositivos preventivos. Como señalan los especialistas, «las causas del aumento del padecimiento psíquico y la elevación del número de internaciones por causa de salud mental en NNyA […] son netamente sociales".
El desfinanciamiento y el endeudamiento no son solo problemas económicos; son también un mecanismo de producción de sufrimiento que alcanza a las generaciones que deberían construir el futuro del país. Cada aumento en las cifras de autolesiones, intentos de suicidio o internaciones psiquiátricas de jóvenes es el síntoma de una sociedad que está hipotecando su porvenir no solo en términos económicos, sino también humanos. Las próximas generaciones que deban incorporarse a la población activa en todas las áreas del país probablemente estén sumamente rotas. Estamos, entonces, frente a una deuda que no se mide en pesos ni en dólares, sino en vidas y en proyectos de futuro.
La salud mental como campo de batalla
El endeudamiento, en este contexto, no es un problema individual. Es el eslabón de una cadena que comienza con un Estado que prioriza el pago de la deuda externa por sobre la inversión social, que desfinancia la educación y la salud, y que condena a los trabajadores -entre ellos a los docentes- a una existencia precarizada.
Mientras el Colegio de Psicólogos de Entre Ríos intenta garantizar el acceso a prestaciones «limitando los honorarios al mínimo referencial» de 37.000 pesos, el gobierno nacional avanza en una reforma laboral que dificulta que los psicólogos puedan extender certificados de licencia y en una reforma de la Ley de Salud Mental que, según los especialistas, implica «un retroceso a 1850». La paradoja es cruel: se recortan los recursos para atender la salud mental al mismo tiempo que se profundizan las políticas que la deterioran.
Este fenómeno no es casual ni aislado. La priorización del pago de la deuda por sobre la inversión social no solo empobrece materialmente a los trabajadores y sus familias; también produce lo que en otros trabajos he denominado anomia contemporánea. No se trata de la ausencia de reglas que describió Durkheim, sino de un exceso de normas vacías de sentido, que ya no orientan ni responden a las preguntas fundamentales: ¿quién soy?, ¿qué deseo?, ¿para qué vivir? Cuando el Estado desfinancia la educación y la salud, y condena a los docentes a la precariedad, está socavando las instituciones que tradicionalmente ofrecían marcos de sentido y pertenencia. La escuela, la familia y el sistema de salud -ya debilitados por la lógica del rendimiento y la medicalización- se ven arrastrados por esta dinámica, dejando a niños, niñas y adolescentes sin referentes estables, sin un lugar en el deseo de los adultos, y expuestos a un vacío normativo que el algoritmo de las pantallas no hace más que profundizar. El aumento de las autolesiones y los intentos de suicidio entre los jóvenes no es, entonces, un hecho clínico aislado, sino el síntoma más grave de una sociedad que está hipotecando su futuro no solo en términos económicos, sino también simbólicos y subjetivos. La deuda externa y la deuda social son, en este punto, dos caras de la misma moneda.
Detrás de las estadísticas: los seres humanos
El desfinanciamiento y el endeudamiento no son solo problemas económicos; son problemas de carácter ético políticos, profundamente vinculados a nuestros valores humanos. Detrás de cada número, de cada estadística, hay un cuerpo que sufre, una mente que se agota y un futuro que se quiebra. La pregunta que debería atravesar el debate político y que motiva esta reflexión es entonces: ¿al servicio de quién gestiona el Estado el actual gobierno?
Hacia una respuesta colectiva
El diagnóstico es grave, pero no es irreversible. Frente a esta situación, se imponen algunas líneas de acción que, desde distintos frentes, podrían comenzar a tejer alternativas:
Fortalecer la organización gremial y la negociación colectiva: La defensa del salario docente y de las condiciones de trabajo no es solo una reivindicación sectorial, sino una condición necesaria para la sostenibilidad del sistema educativo en su conjunto. Los sindicatos docentes tienen un rol central en visibilizar el vínculo entre precarización laboral y deterioro de la salud mental.
Reorientar la inversión pública hacia la educación y la salud: La prioridad presupuestaria debe revertirse. Esto implica no solo aumentar las partidas, sino también garantizar que los recursos lleguen efectivamente a las escuelas y los centros de salud, con especial énfasis en los territorios más vulnerables.
Reconstruir el entramado comunitario: La respuesta a la anomia no es más control ni más normas vacías, sino más lazo social. Espacios como centros de día, clubes, bibliotecas populares y grupos de crianza compartida son dispositivos concretos donde niños, niñas y adolescentes encuentran otros adultos, otras normas y la experiencia de un afuera habitable.
Políticas de salud mental con enfoque territorial y comunitario: La prevención del suicidio y el abordaje del malestar adolescente requieren equipos interdisciplinarios en los barrios, formación de referentes comunitarios en escucha activa, y la garantía de que ningún joven quede sin al menos un vínculo confiable y sostenido.
Formación docente con perspectiva crítica: La formación inicial y continua de los docentes debe incorporar herramientas para el abordaje del malestar en el aula, pero también para el cuidado de la propia salud mental, reconociendo que el bienestar docente es condición de posibilidad para el bienestar de los estudiantes.
Estas propuestas no son soluciones mágicas. Exigen voluntad política, inversión sostenida y, sobre todo, la recuperación de la confianza en la posibilidad de un futuro colectivo. Pero si algo nos enseñan los datos y las voces que atraviesan este artículo es que el camino del ajuste y el desfinanciamiento no conduce más que a más sufrimiento. La pregunta, entonces, no es solo a quién sirve el Estado, sino qué tipo de sociedad queremos construir.
Referencias:
– ADEIUNAJ -Asociación de Docentes, Extensionistas e Investigadores de la Universidad Nacional Arturo Jauretche- (2025). Relevamiento de Condiciones y Medioambiente del Trabajo Docente 2025 [Informe de investigación]. Universidad Nacional Arturo Jauretche.
– Dueñas, G. (2025) "Entre familias, pantallas y malestares. TEA, TDA/H, dislexias, inclusiones y violencias en la escuela" Ed Homo Sapiens
– Dueñas, G. (2026). "El malestar en la cultura del S XXI. Patologías epocales: psicopatías, depresión, pánico, autolesiones, suicidios …". Homo Sapiens.
– Zabala, V. N. (2025). Burnout en docentes de nivel secundario: estudio descriptivo en tres escuelas del AMBA [Trabajo Final Integrador]. Universidad de Flores. https://repositorio.uflo.edu.ar/entities/trabajo%20final%20integrador/169f605b-2910-4194-aee9-fbb71b8e385f/full
Fuente:
https://www.tiempoar.com.ar/ta_article/salud-mental-docencia-ajuste/