El saldo de la represión: 550 asistidos y 6 detenidos, entre ellos dos menores de edad
La Policía de la Ciudad detuvo a seis personas, entre ellas a un nene de 14 años, durante la represión en el Congreso contra manifestantes que protestaban tras la caída de la sesión.
Efectivos de seguridad de la Policìa de la Ciudad detuvieron este jueves a seis personas, entre ellas un nene de 14 años y un adolescente de 17, durante la represión que desplegaron junto a Policìa Federal y Gendarmería contra los manifestantes que se acercaron al Congreso para repudiar el ajuste del gobierno de Javier Milei y hacer sentir el clamor popular contra el DNU 70, cuyo rechazo no se pudo tratar en el recinto por falta de quórum. Al menos 550 personas terminaron afectadas por los gases químicos y postas de goma, y muchas de ellas debieron ser atendidas en el lugar, según informó la Comisión Provincial por la Memoria.
Fuentes policiales confirmaron a El Destape que el arresto al chico de 14 años fue en la intersección de Montevideo y Bartolome Mitre, y que se llevó adelante porque el adolescente habrìa arrojado piedras contra un móvil policial. "El detenido tiene 14 años, se hizo consulta con la UFLA Este que ordenó la intervención del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes", especificaron. Otro adolescente de 17 años fue detenido, al igual que 3 hombres y una mujer, que fueron imputados por "atentado y resistencia a la autoridad".
La esquina de la avenida Rivadavia y Callao fue el sector donde se sintió más fuerte la represión, allí efectivos respondieron con gases y camiones hidrantes, mientras el acto central se desarrollaba. Sobre el final de la tarde ya se reportaban uniformados y manifestantes heridos.
"Detrás del vallado que cercó por completo el Congreso, integrantes de Gendarmería, Prefectura y Policía Federal desplegaron todo su arsenal para reprimir la manifestación", advirtieron desde la CMP y aseguraron que los efectivos:"dispararon más de 120 granadas de gas lacrimógeno, cientos de disparos con postas de goma y postas con gas químico de Byrna, gas pimienta y agua a presión arrojada por dos camiones hidrantes que recargaron, al menos, tres tanques y lanzaron contra las y los manifestantes miles de litros de agua a presión".
Entre los afectados, aseguraron que hay 16 integrantes del equipo de monitoreo de CMP y dos del Mecanismo Local para la Prevención de la Tortura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, alrededor de 50 trabajadores/as de prensa que cubrían la marcha y, al menos, 20 integrantes del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios) y de las postas sanitarias que atendían a las víctimas.
Las organizaciones convocantes aseguraron que las casas de altos estudios "están en serio riesgo de no poder sostener sus funciones el año que viene". Contaron con el acompañamiento de la CGT, las dos vertientes de la CTA, la UTEP, agrupaciones de izquierda, la UCR y la militancia peronista que estuvo dividida entre las filas de La Cámpora y el Movimiento Derecho al Futuro que encabeza el gobernador Axel Kicillof.
"Convergemos con el gran reclamo ciudadano"
El documento firmado en defensa de "la educación, la soberanía y la democracia" por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y CTERA, entre otros, sostuvo que "sin educación pública, sin profesionales de excelencia y sin desarrollo científico soberano, no existen posibilidades reales de consolidar un país con equidad, autonomía y desarrollo social."
En el texto remarcaron la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y la exigencia de su cumplimiento, al mismo tiempo en que destacaron que tanto el Poder Judicial como el Congreso avalaron su vigencia mediante medidas cautelares y leyes que, a su vez, obligan al Ejecutivo a aplicarlo de manera inmediata.
Asimismo, criticaron al Gobierno Nacional por el decreto DNU 70/23, al que rechazaron abiertamente, y cuestionaron la negativa oficial a cumplir las leyes y fallos judiciales.
También advirtieron acerca del "riesgo institucional" que atraviesan las Universidades y la intención marcada, por parte del presidente Javier Milei, de gobernar por "Decretos de Urgencia": "Convergemos con el gran reclamo ciudadano que ha adquirido un carácter de urgencia y que es la derogación del DNU", agregaron.
Por otra parte, reivindicaron "los pilares históricos del modelo universitario argentino" como la gratuidad, la autonomía, el co-gobierno, el ingreso irrestricto, la territorialidad inclusiva y el rol que tienen dentro de nuestra Nación, como espacio de movilidad social ascendente y justicia social.
En otro orden, denunciaron que el proyecto del Presupuesto 2027, presentado por el Ejecutivo Nacional, es el más bajo de la historia, con menos del 1% del PBI, y no contempla las partidas de la Ley de Financiamiento Universitario; contrariamente, apoyaron la propuesta del CIN, que plantea un incremento del 33,4% respecto al proyecto oficial.
También, mostraron preocupación sobre el desfinanciamiento del sector científico, el éxodo de investigadores, la caída en la adjudicación de becas estudiantiles y el freno en los proyectos que ponen en riesgo la soberanía del conocimiento.
Por su parte, el Gobierno nacional repudió los incidentes ocurridos en las inmediaciones del Congreso, y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, afirmó que "los mismos violentos de siempre quieren imponer el caos" , además de "desafiar a las Fuerzas de Seguridad y convertir las calles en una zona liberada".
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