Emergencia en Salud Sexual: el peligro de un Estado que se retira de los cuerpos
La parálisis de la Ley 27.675, el desmantelamiento de la respuesta al VIH y un aumento del 71% en casos de sífilis exigen una respuesta legislativa urgente. El ajuste no puede ser la excusa para el avance de las infecciones.
Por José María Di Bello
El calendario marca el 13 de febrero como el Día Internacional del Preservativo, una fecha que precede al Día de los Enamorados y al inicio de los carnavales. Son días de encuentro, de celebración y de mayor actividad sexual. Sin embargo, para quienes trabajamos en la respuesta al VIH, las hepatitis y la tuberculosis, no hay espacio para el festejo. Hay, en cambio, una urgencia que no puede esperar más: la necesidad de que el Congreso de la Nación declare la Emergencia Nacional en Salud Sexual.
Esta solicitud no es un eslogan de ocasión. Surge de una realidad alarmante que venimos denunciando desde el Frente Nacional y a través de los informes de la Fundación Grupo Efecto Positivo. Asistimos a un desmantelamiento sistemático de las políticas de prevención. La falta de compra de preservativos por parte del Estado nacional es un hecho: en los últimos dos años, las partidas para estos insumos básicos han desaparecido del Programa 22, el corazón presupuestario de la respuesta al VIH.
Tras la sanción de la Ley 27.675 en 2022 y su reglamentación a fines de ese mismo año, el 2023 se perfilaba como el inicio de una implementación integral. Sin embargo, el cambio de gestión trajo consigo un retroceso que calificamos como atroz. Por primera vez en años, tras prórrogas presupuestarias sucesivas, se aprobó un presupuesto que implica una reducción real de más del 40% para la respuesta a las infecciones de transmisión sexual (ITS).
Esta poda no es solo un número en una planilla; es la ausencia de campañas públicas de prevención que no vemos desde la sanción de la ley. Es también la parálisis de la Comisión Nacional de VIH, Hepatitis y Tuberculosis, un órgano interministerial y multisectorial que por reglamento debería sesionar al menos cuatro veces al año y que no ha sido convocada una sola vez en los últimos dos años. El Estado ha cortado el diálogo con la sociedad civil, al punto de obligarnos a presentar amparos judiciales para obtener información pública que, por ley, debería ser de libre acceso.
La salud en cifras: un panorama desolador
Cuando el Estado se retira, los virus y bacterias avanzan. Los datos son contundentes y dolorosos. Estamos ante una escalada de contagios: Las notificaciones anuales de VIH pasaron de 5.300 a 6.900 casos. Se incrementaron los diagnósticos tardíos: El 48% de las personas que reciben su diagnóstico de VIH lo hacen en una etapa avanzada, lo que compromete seriamente su pronóstico y calidad de vida. El abismo de la sífilis: Los registros muestran un aumento abismal del 71% respecto al promedio del período 2020-2023. Con respecto a otras ITS, observamos crecimientos similares en casos de HPV y otras infecciones bacterianas que el sistema de salud parece haber dejado de priorizar.
A menudo se intenta disfrazar esta crisis bajo el discurso de que "la gente dejó de cuidarse" o que es una cuestión de conducta personal. Es una lectura cínica. Si el Estado no garantiza la gratuidad de los preservativos y no genera campañas de concientización, el acceso a la protección queda limitado a la capacidad de compra. En la Argentina actual, la mayoría de la población debe priorizar la comida antes que la compra de un método de prevención.
Esta crisis se extiende a los derechos reproductivos y de género. La implementación de la ESI es hoy casi inexistente, el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) enfrenta restricciones y los tratamientos hormonales para personas trans sufren interrupciones constantes.
El incumplimiento del sector privado
No solo el sector público falla. Las obras sociales y prepagas, obligadas por ley a entregar preservativos, incumplen sistemáticamente esta normativa aprovechando la falta de información de los usuarios. Más grave aún es la dificultad para acceder a tratamientos antirretrovirales. Antes, una dirección nacional robusta intervenía para que nadie se quedara sin medicación mientras se intimaba a la prepaga; hoy, esa contención ha desaparecido, dejando a las personas en interrupciones de tratamiento que duran meses, con consecuencias biológicas irreversibles.
Por todo esto, en marzo presentaremos ante el Congreso el proyecto de Emergencia Nacional en Salud Sexual. Necesitamos restituir las partidas presupuestarias, reactivar la Comisión Nacional y poner en marcha de una vez el Observatorio de Estigma y Discriminación que debía funcionar en el INADI.
La respuesta integral no puede ser una promesa de papel. La salud sexual es un derecho humano, y el silencio del Estado es, en este contexto, una sentencia de enfermedad para miles de argentinxs.
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