En su último día en el INTA, Aparicio avisó que irá a la Justicia: “Pienso volver por la puerta principal”
La científica exonerada por investigar la presencia de agrotóxicos en personas y ambientes de pueblos y establecimientos agropecuarios del país advirtió que utilizará todos los recursos legales para reinsertarse. "Esto es responsabilidad de las autoridades nacionales", aseguró.
Por Gastón Rodríguez
A las 17 horas del lunes 2 de noviembre de 2026, la ingeniera agrónoma, doctora en Ciencias Agrarias e investigadora del Conicet Virginia Aparicio firmó el acta de intervención administrativa que puso fin a más de veinte años de trabajo ininterrumpido en la Estación Experimental Balcarce. Ella, sin embargo, avisa que se trata solo de un intervalo obligado. "Hasta volver a ingresar por la puerta principal… esto recién comienza".
Aparicio había sido exonerada –la máxima sanción disciplinaria del empleo público nacional– por el Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
En detalle, a través de la resolución 366, se le aplicó a Aparicio (Legajo N° 17.205) "la sanción de EXONERACIÓN por la violación comprobada de las prohibiciones del artículo 24, incisos e) e i) que concurre con la lesión de las normas éticas y de imposición de deberes referidas en el artículo precedente, por aplicación de los artículos 28, 30 inciso d) y 33 inciso d) del anexo a la Ley N° 25.164".
«El único trabajo que tengo es el del INTA y el del Conicet así que voy a utilizar todos los recursos legales para reinsertarme. Por eso también le pedí a los directores que sean sumamente prolijos para resguardarse; no es una amenaza, sino un cuidado entre profesionales que estamos enfrentándonos a una situación inédita en el INTA, porque en 70 años nunca se exoneró a nadie», destaca Aparicio.
Pese a la exoneración, la científica seguía yendo a trabajar todos los días. Lo hizo por recomendación de su abogado Mario Bolla, quién ya aviso que, una vez agotados los trámites administrativos, presentará una petición de nulidad y una medida cautelar en la Justicia.
Enterado de la situación, el presidente del organismo, Nicolás Bronzovich, ordenó que le cerraran el acceso a la reputada investigadora. Otra acta, fechada el 30 de octubre, le hizo saber que «ha perdido su condición de empleada del INTA, por lo tanto se la intima a retirarse de la unidad».
Aparicio volvió este lunes por última vez a su lugar de trabajo acompañada de una escribana pública para recoger algunos objetos personales y hacer entrega de la llave de su oficina al director regional. «Le regalé una plantita mía a una compañera a la que le gustaba mucho; me llevé algunos efectos personales, las fotos y los libros más significativos, y muchos los dejé porque pienso volver. No estaba de ánimo para desmantelar más de 20 años de trabajo. Después se hizo un cotejo de los listados patrimoniales que tenía a cargo, se labró un acta, y me fui a mi casa».
Censura
La anómala sanción contra Aparicio es, sin dudas, consecuencia directa de su participación en el Proyecto SPRINT, un trabajo internacional que detectó, en comparación con Europa, mayor concentración de agrotóxicos en personas, animales y ambiente de pueblos y establecimientos agropecuarios de la Argentina.
En junio de 2023 estaba agendada una reunión virtual para difundir los resultados del relevamiento a cargo de Aparicio, pero una semana antes el encuentro fue suspendido por orden del entonces director nacional del INTA Carlos Parera.
En septiembre del mismo año, en el marco de la Cumbre Científica de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGA 78), se presentaron a través de una conferencia virtual desde Nueva York parte de los resultados de la investigación. El total de participantes argentinos presentó un rango de 2 a 10 plaguicidas en sangre, entre 6 y 13 en orina, y de cero a 18 sustancias en materia fecal.
El 7 de diciembre, tres días antes de la asunción de Javier Milei, el por entonces presidente del INTA, ingeniero Mariano Garmendia, firmó la Resolución 1081/2023 poniendo fin a la participación argentina en el SPRINT.
«La toma de decisiones de esta exoneración –concluye Aparicio– no recae en las personas que estábamos hoy (por el lunes) firmando el acta; esto es responsabilidad de las autoridades nacionales que les indican a los directores del organismo que es lo que tienen que hacer. Por eso les dije que actúen como corresponde porque yo voy a usar todo lo que esté a mi alcance para volver a trabajar; que hagan las cosas bien porque si están mal hechas, las voy a usar en su contra. Es una pena, pero no me dejaron otra alternativa».
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