«Ensañamiento incomprensible»: el Gobierno apela por novena vez un fallo por la Ley de Financiamiento Universitario
Previo a la Quinta Marcha Federal Universitaria, desde el Ejecutivo avanzan en el rechazo a un nuevo dictamente judicial que ordenó el cumplimiento inmediato de la norma. "No es bueno para el país que la ley se cumpla sólo cuando a mí me gusta. Es un antecedente en términos institucionales realmente peligroso para el país", advirtió el titular del CIN, Franco Bartolacci.
Por Guillermo Lavecchia
«Ensañamiento incomprensible». Con esas palabras definió el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, a la actitud del Gobierno de Javier Milei que sigue sin cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario y avanzó en apelar por novena vez un fallo que la avala.
El Ejecutivo rechazó la decisión del juez federal Martín Cormick, que este martes ordenó el cumplimiento inmediato de la Ley de Financiamiento Universitario y sus normas reglamentarias.
El magistrado había cuestionado el Decreto 759/2025 que condicionaba la vigencia de la norma aprobada por el Congreso con mayoría de dos tercios. Tras la aprobación legislativa, el Gobierno había emitido el Decreto para condicionar la aplicación de la ley a que el Parlamento determinara el origen de los fondos.
El juez Cormick calificó este artilugio de «mecanismo extraconstitucional» que viola la obligatoriedad de promulgar las leyes. Además, recordó que el Ministerio de Capital Humano venía eludiendo una cautelar previa.
El magistrado señaló que el costo de la ley representa apenas el 0,23% del PBI según la Oficina de Presupuesto del Congreso y cuestionó que el Ejecutivo sí reasignó partidas discrecionalmente en otras ocasiones. La Ley 27.795 exige actualizar presupuestos por inflación y recomponer salarios de docentes y no docentes según el IPC.
La Ley de Financiamiento Universitario y el «ensañamiento incomprensible»
La decisión de Cormick surge frente a la acción de amparo colectivo del Consejo Interuniversitario Nacional y la UBA. El conflicto seguirá en instancias judiciales hasta la Corte Suprema, que viene de fallar en favor del Gobierno por la Ley de Tierras. Todo sucede a días de una nueva Marcha Federal Universitaria (la quinta) que ocurrirá el jueves 15 de octubre, mientras se desarrollan más medidas de fuerza y paros escalonados.
Bartolacci salió al cruce este miércoles tras el fallo judicial. En una entrevista con Cadena 3, el rector acusó al Gobierno nacional de un "ensañamiento incomprensible" con la universidad pública y advirtió que el daño ya no se limita a las casas de altos estudios.
"No es bueno para el país que la ley se cumpla sólo cuando a mí me gusta. Fuimos muy respetuosos de todos los pasos, sin embargo, la norma sigue sin aplicarse. Es un antecedente en términos institucionales realmente peligroso para el país", remarcó.
Cuando le preguntaron si evalúan una denuncia penal, respondió: "En el momento que se deba hacer, lo vamos a hacer (…). Nosotros todos los pasos a su debido momento que estén previstos en el proceso judicial y en función de lo que nos recomienda el abogado patrocinante (…) lo vamos a hacer, pero no por un capricho, sino porque corresponde hacerlo".
Y reforzó el mensaje: "Le pido al Gobierno Nacional la misma responsabilidad y respeto institucional que hemos tenido las universidades públicas a lo largo de todo este tiempo".
El más bajo de la región
Para graficar la situación, el rector relató que el 70% de las y los trabajadores de la educación superior cobra menos de 850.000 pesos por mes: "Es muy difícil sostener todas las actividades cuando no hay condiciones mínimas, indispensables, para poder funcionar".
Argentina destina apenas el 0,5% del PBI a educación superior, ciencia y conocimiento: el punto histórico más bajo y que sitúa por debajo de Uruguay, Brasil, Chile e incluso Paraguay. Los países desarrollados invierten entre el 3% y el 5%.
"No somos comparables con ninguno de los países de la región", sentenció Bartolacci. Agregó que el sistema universitario público argentino es el más abierto y robusto del planeta. "Tenemos el menor presupuesto teniendo el sistema más abierto". Y advirtió que la actitud y las acciones del Gobierno trascienden el ámbito universitario: "El daño que le están haciendo a la Universidad Pública Argentina es tremendamente doloroso, pero quien crea que el daño se lo hacen solo a la universidad, se equivoca, porque el daño se lo estamos haciendo al país. Porque en la universidad pasan cosas buenas para la Argentina".
Sin poder pagar el agua
En diálogo con Tiempo, la secretaria general de CONADU, Clara Chevalier, afirmó: «Ayer tuvimos un nuevo fallo, esta vez sobre la cuestión de fondo, es decir, un fallo que de primera instancia dictamina que el decreto que reglamentó y suspendió al mismo tiempo la ley de financiamiento universitario es inconstitucional».
Y se refirió al contexto actual que atraviesan las universidades: «Este fallo nos llega como un espaldarazo fuerte en momentos en que nos acercamos hacia la quinta marcha universitaria, en momentos también en que se inician las discusiones en torno al presupuesto 2027, momentos en que estamos muy preocupados por el presente y el futuro de las universidades, con universidades que ya no están pudiendo pagar el agua, que ya no están pudiendo cubrir alquileres y que además con la proyección del presupuesto del año que viene entramos en un escenario muy crítico, que responde a la decisión del gobierno de Javier Milei de desmantelar el sistema universitario, decisión frente a la que venimos resistiendo y por eso vamos a una quinta marcha universitaria».
El mismo 15 de octubre se trataría el DNU 70, que incluía la disolución de la Ley de Tierras: «Es un DNU que nos ha empeorado la vida en un montón de sentidos y sobran los motivos entonces para que el 15 de octubre nos encontremos en la plaza».
La ley de Financiamiento Universitario fue aprobada por el Congreso en agosto de 2025 y vetada en su totalidad por el presidente mediante el decreto 647/25. Diputados y el Senado consiguieron luego con los dos tercios que exige el artículo 83 de la Constitución, y el 21 de octubre de 2025 el Boletín Oficial publicó la promulgación, pero de manera condicionada.
La norma prevé la recomposición del presupuesto universitario según la inflación, la actualización de los salarios docentes y no docentes, y la recomposición de becas y del financiamiento de la investigación. Como relata el sitio Palabras del Derecho, en el marco de la medida cautelar, el 23 de diciembre de 2025 el mismo juzgado ya había hecho lugar en igual sentido a la Sala III de la Cámara confirmó en marzo. En junio, la Corte Suprema desestimó el recurso extraordinario del Estado. Ahora, ese incidente está en etapa de ejecución.
Durante el juicio, el Gobierno argumentó que no había un «caso» judicial porque la discusión correspondía al debate parlamentario del presupuesto. También sostuvo que la ley «manda a gastar» sin prever cómo recaudar los fondos y que su aplicación implicaría erogaciones superiores al billón de pesos. Además alegó que las universidades no tienen legitimación para reclamar por las becas Progresar, que paga directamente la ANSES.
Cormick rechazó la tesis oficial aduciente que la propia ley 27.795 sí establece cómo financiarse. Su artículo 9° faculta al Ejecutivo a reasignar partidas, siempre que no afecte la coparticipación a las provincias, y habilita a usar los ingresos recaudados por encima de lo presupuestado. Para el juez, el Congreso consideró cumplido el requisito de la ley 24.629. Citó además un precedente de la Corte Suprema según el cual una ley posterior puede derogar a una anterior y el Poder Legislativo no queda atado hacia el futuro por sus propias «autorrestricciones».
La sentencia sostiene que el decreto funcionó como un «mecanismo extraconstitucional». Ante la imposibilidad de vetar dos veces la misma ley, el Ejecutivo optói por una promulgación formal que en los hechos frenaba su ejecución. Según el juez, eso choca con dos normas de la Constitución: el artículo 75, inciso 8°, que asigna al Congreso y no al Presidente la definición del gasto público, y el artículo 83, que obliga a promulgar una ley insistida. El fallo recuerda también el contexto: no hubo presupuesto aprobado para 2024 ni para 2025, sino prórrogas del de 2023, que el Ejecutivo modificó seis veces solo durante 2025. Y cita el cálculo de la Oficina de Presupuesto del Congreso: el costo de la ley para ese año llegó apenas al 0,23% del PBI.
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