Entre algoritmos y crimen organizado: los desafíos que enfrenta la justicia en el mundo
Ariel Lijo, que expuso por la Argentina, destacó las posibilidades de la inteligencia artificial para mejorar el servicio de justicia. Otros propusieron investigar en red para dar respuesta a los nuevos delitos.
Juristas de distintos países y con distintas trayectorias se dieron cita en la Legislatura porteña para discutir sobre los desafíos que enfrentan los sistemas de justicia frente al avance tecnológico y el crecimiento de la criminalidad organizada.
"No se trata de tener miedo de la tecnología, sino de convivir de la mejor manera. Nos desafía a ser mejores en el análisis de los casos", dijo el juez federal Ariel Lijo, que fue el primero en exponer en la jornada que organizó la revista Quórum, que pertenece al grupo El Observador.
Las estadísticas de la Oficina de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) muestran que el 70 por ciento de los jueces y las juezas usan la inteligencia artificial para la tarea de impartir justicia.
"Al igual que internet, la inteligencia artificial está generando un proceso de democratización", afirmó Lijo. El juez reivindicó sus días como estudiante de la "universidad pública y gratuita" –la misma que está bajo ataque desde que gobierna Javier Milei– y recordó entonces que, para estudiar, tenía que comprar apuntes o alquilar libros. "Acceder a la jurisprudencia era un arte", bromeó. Hoy, fallos y libros están al alcance de un clic.
En el Juzgado Federal 4, que él ocupa desde 2004, tienen previsto poner en marcha una prueba piloto para el uso de la inteligencia artificial. Lo llaman "ecosistema judicial inteligente".
El proyecto incluye distintas etapas, que van desde la automatización de ciertas tareas administrativas hasta el análisis judicial o la recomendación jurídica. "Se trata de que todas las etapas tengan un proceso de auditoría. Lo importante es la mejora del servicio y todo el servicio es para el usuario", sostuvo. En esa línea, estimó que la inteligencia artificial podría ser útil para la traducción a un lenguaje claro y preciso de los fallos que adoptan los jueces y las juezas.
Si Lijo aportó una mirada optimista sobre el empleo de la tecnología, Fabricio Guariglia aportó una mirada más desesperanzada. Guariglia es el titular de la oficina de La Haya de la Organización Internacional de Derecho para el Desarrollo (IDLO por su sigla en inglés). Antes, se desempeñó como director de investigaciones de la Corte Penal Internacional (CPI).
Guariglia explicó que la inteligencia artificial se usa en el análisis criminal (entrecruzamiento de datos, generación de patrones y establecimiento de relaciones). Como contracara, contó que los países suelen utilizarla en conflictos para hacer sus listas de blancos, algo que antes era tarea de los analistas de inteligencia.
La tecnología, explicó, también se emplea para la identificación de personas, aunque esto también tiene problemas: genera falsos positivos en base al sesgo con el que se maneja. El entrecruzamiento de datos sirve cuando se trata de conjuntos estructurados, como listados de llamadas telefónicas.
Guariglia comparó su experiencia cuando trabajó en el Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia y su trabajo actual en Ucrania. En aquel momento, debía seleccionar –con ayuda de intérpretes– algunos documentos para ser traducidos. Hoy, esa tarea se simplifica por la inteligencia artificial en un par de horas.
El abogado –egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA), al igual que Lijo– alertó sobre algunos riesgos. Uno de ellos es el control de la información y la retención de documentación por parte de empresas que proveen servicios. En ese sentido, explicó que la CPI dejó de usar Palantir, la empresa de Peter Thiel, porque no le podía garantizar el control de la información. Si un documento sensible se filtra, dijo, podría poner en riesgo la vida de un testigo o de un informante.
En la discusión también intervinieron Sofía Adrogué, que emigró de la Argentina a los ocho años y actualmente se desempeña como jueza distrital de Texas, y George Hanks, juez federal del distrito sur de Texas.
"Los tribunales deben enfocarse en la transparencia. La inteligencia artificial puede ser útil a la hora de procesar información, pero las partes tienen derecho a saber cómo estamos usándola", remarcó Hanks, que dijo que hubo algunos "casos vergonzantes" de jueces que la emplearon para escribir sentencias y terminaron citando jurisprudencia que no existía.
Criminalidad organizada
Lijo destacó la presencia de Elvira Tejada de la Fuente, fiscal coordinadora del área de criminalidad informática en España. La jurista explicó que las definiciones de ciberdelincuencia, tal como el fenómeno en sí, son recientes y abiertas: van desde estafas, agresiones sexuales, agresiones contra la libertad sexual de menores, tráfico de armas, drogas y seres humanos, así como actos de terrorismo.
La tecnología, dijo Tejada de la Fuente, facilita la planificación. Según las estadísticas que maneja su oficina, los ciberdelitos crecieron un 43 por ciento en los últimos cinco años. "Nos enfrentamos cada vez a más actividades criminales muy complejas y sofisticadas, que son más difíciles de investigar", diagnosticó. La fiscal puso como ejemplo que existen organizaciones que, desde la dark web, elaboran y ponen a disposición de terceros distintos programas para cometer delitos. "Eso está generando un comercio internacional del crimen porque los grupos criminales cooperan entre ellos".
Según Tejada de la Fuente, el sistema debería ofrecer respuestas en dos planos. Por un lado, en el ámbito penal sustantivo al definir y redefinir tipos penales; por otro lado, en la articulación de herramientas de investigación que permitan investigar en la red.
Javier Zaragoza, actual fiscal del Tribunal Supremo de España, explicó cómo la experiencia del atentado terrorista en Atocha de 2004 modificó buena parte de la investigación criminal. Poco tiempo después de ese ataque, él quedó al frente de la fiscalía antiterrorista de la Audiencia Nacional de España.
"Nos enseñó algo muy importante: pasamos de aplicar una respuesta reactiva a un delito a la necesidad de intervenir antes", dijo Zaragoza. En su descripción, la política "antiterrorista preventiva" era un adelantamiento de la respuesta penal que fue efectiva –aunque no del todo, porque en 2017 se registró un segundo atentado en Barcelona, aunque con menos víctimas fatales.
La otra política "antiterrorista" española estuvo centrada en el combate de ETA y eso, a su entender, permitió tejer lazos de cooperación internacional, sobre todo con Francia. En el sur francés estaba el "santuario" –refugio– de la organización separatista vasca. Esa cooperación, contó, le permitió a España desplegar policías para seguir a los etarras.
"Necesitamos compartir información sobre las organizaciones criminales. Sabemos poco sobre sus estructuras. Son fenómenos criminales que no podemos considerar en la superficialidad", subrayó Giovanni Melillo, por su parte. Melillo es el fiscal nacional antimafia y antiterrorismo de Italia.
"Hay que ser preventivos y, para actuar antes, hay que estar coordinados", opinó, por su lado, William Terra, fiscal de la Corte de São Paulo, al final de la jornada.
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