«Esto es un cambio de régimen»
La imposición de facultades para la Policía que incluyen, entre otras, requisas sin orden judicial, espionaje y patrullaje en sitios web configura un avance autoritario, según denuncia la fundadora de la CORREPI.
Adriana Meyer
María del Carmen Verdú, la Negra para sus afectos, siempre tuvo un espíritu bromista, como si a los relatos de horror de la represión estatal hubiera que abordarlos con algo que los alivie. Por eso se ríe de la derecha rabiosa mediática y, en redes, que la acusa de ser «kuka» por su flequillo estilo rolinga de su pelo siempre negro azabache. «Lo uso así desde los tres años», le dice a Acción, y señala una foto en blanco y negro ubicada en el fondo de su living lleno de plantas.
«En 2003 la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Bulacio obligó a la Argentina a eliminar todas las normas que facultan detenciones arbitrarias.»
«La historia de Correpi empieza a fines de los 80, cuando estaba saliendo de la facultad recién recibida de abogada, con mi amigo y hermano del alma Daniel Stragá, y compañeros y compañeras con los que ya íbamos a las rondas de las Madres, y a las audiencias del Juicio a las Juntas». La Negra habla rápido y alarga las pausas. «Nos motivaba el movimiento de derechos humanos y nos empezamos a involucrar en casos de pibes fusilados por la policía. Gente que conocíamos nos pedía ayuda, así nos encontramos con la posibilidad de militar esas causas, no solo acompañando a las familias en el expediente judicial, sino también haciendo alguna actividad en el barrio. También empezaron a aparecer casos de muertes en lugares de detención, un pibe asesinado en la cárcel de Olmos a principios de 1987», agrega.
–¿Así nació CORREPI?
–Sí. Detectamos hilos conductores en los expedientes, el pibe muerto de una barriada pobre, laburante, varón, tiro por la espalda o la nuca, pero te lo presentaban como un enfrentamiento, las mismas pericias hechas a la marchanta si no había una querella, y el relato policial inverosímil. Lo mismo pasaba con las muertes bajo custodia, como los ocho adolescentes que murieron en el incendio de una comisaría en Formosa. Las modalidades represivas no eran las del período dictatorial, pero nos abrió la cabeza leer las crónicas del gatillo alegre y la picana, de Rodolfo Walsh, donde estaba todo explicado: la Policía pone los antecedentes y el perro (el arma plantada), chilenos, pobres, carteristas y travestis se deprimen en la comisaría y de repente se ahorcan; los casos que él llamaba de gatillo alegre eran aquellos en los que no había sobrevivientes y nunca había un policía herido. En eso estábamos cuando ocurrió la masacre de Budge, en mayo de 1987. Nos vinculamos con los abogados de la causa, León «Toto» Zimerman y Ciro Annicchiarico, del Partido Comunista y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Con Toto intentamos buscar un espacio en los organismos para organizar a todas esas familias. Tras la ronda de visitas con los ocho organismos existentes nos llevamos la gran decepción, porque nos respondieron cosas desde «no me interesan las historias de policías y ladrones» hasta «no podés comparar a mi hijo, que era militante revolucionario, con tres negros tirados en una esquina chupando cerveza», en referencia a las víctimas de Budge. Evidentemente no era entendida la represión policial en democracia como un problema de libertades democráticas y de derechos humanos, que partía de un error conceptual básico: caracterizar la violación a los derechos humanos por quién es la víctima y no por quién es el victimario. Solamente la Liga tuvo más simpatía. El segundo hecho fundacional fue la detención, tortura y muerte de Walter Bulacio.
–¿De dónde surgió la expresión «gatillo fácil»?
–Existe desde hace más de un siglo en el mundo, en Francia es gachette facile, pero en inglés es trigger happy, por eso Walsh hablaba de gatillo alegre. En los diarios aparece por primera vez en 1987 con la masacre de Budge. Walsh, en esos artículos sistematiza las distintas modalidades de la represión estatal, y en 1996, cuando empezamos a armar el archivo de casos de personas asesinadas por el aparato represivo del Estado las usamos como base para clasificarlas. Walsh anticipó la motivación porque, sin decir control social, en su descripción de los por qué y los para qué queda clarísimo.
«Con Correpi hemos hecho campaña contra las detenciones arbitrarias, nunca logramos que se entienda que siguen existiendo.»
–¿Qué cambia ahora con la modificación de la ley orgánica de la Policía Federal?
–El decreto del Gobierno de Milei modifica esa ley que estaba dentro del decreto 333, de 1958, que nunca fue anulado. En 1991, en medio de la efervescencia por el caso Bulacio, la 23.950, llamada ley Lázara, cambió la averiguación de antecedentes por averiguación «para establecer identidad», y redujo el plazo de permanencia en la comisaría de 24 horas a 10. Esto nunca se modificó a pesar de que en 2003 la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Bulacio obligó a la Argentina a eliminar todas las normas que facultan detenciones arbitrarias, las detenciones contravencionales y en razzias.
–¿El decreto de Milei reemplaza la ley orgánica de la Federal?
–Sí, porque la Federal no existe más. Ahora es la fuerza garante de la seguridad nacional. Hablar de Policía y de seguridad nacional en una misma oración en Argentina es un escándalo porque Milei y Bullrich van a definir qué es lo que pueda decir en mis redes sociales o el cartel que cuelgue en el balcón. Eso explica todas las facultades que le otorga: requisas sin orden judicial en personas y vehículos; tareas de inteligencia, es decir, espionaje; patrullaje en sitios web y acumulación de información de bases públicas o privadas; la autorización de exhibir ostensiblemente el arma e intervenir en forma espontánea a mero requerimiento del Ministerio de Seguridad, sin orden judicial, por ejemplo, para desalojar una plaza donde haya una protesta o actividad. Nunca hubiésemos imaginado que iba a ser dictado por un Gobierno democrático, pero si lo pueden hacer es porque alguien les delegó las facultades extraordinarias para legislar por decreto. De eso que se hagan cargo los diputados y senadores que se las entregaron en bandeja de plata, a pesar de lo mucho que se los advertimos desde muchos sectores populares. Sin las facultades extraordinarias este decreto podría ser rápidamente anulado porque el Poder Ejecutivo no puede legislar sobre cuestiones penales por decreto.
–Sin quitarle gravedad, no es nueva la detención sin orden judicial, ¿es así?
–La Policía siempre te pudo detener sin orden judicial, acá y en todo el país. Con Correpi hemos hecho campaña contra las detenciones arbitrarias, nunca logramos que se entienda que siguen existiendo porque en los lugares donde ocurren con habitualidad no están los medios de comunicación ni la gente cuya opinión importa. Hubo períodos en los que empezó a ser menos visible la detención para establecer identidad como herramienta masiva de control social a partir de que se endurecieron mucho más los códigos contravencionales, entre ellos el de la Ciudad de Buenos Aires. En 1996, cuando se anularon los edictos policiales y todos festejaban, Correpi solita en el medio de la plaza cuestionaba ese mal llamado código de convivencia.
–¿Por qué Correpi afirma que ahora se está produciendo un cambio de régimen?
–En materia de represión estatal podemos decir que no hay grietas, pero sí hay valles, mesetas, picos y hay saltos a la estratósfera. No en todas las gestiones se ha reprimido de la misma manera. La de Macri fue una época de crecimiento constante y por eso ahí hablábamos de Estado de excepción. Para que no me digan kuka, durante el gobierno de Cristina Fernández hay un salto marcado a partir de 2008, con el coletazo que nos llegó de la crisis de las hipotecas. En el Gobierno de Fernández-Fernández tuvimos una primera etapa muy auspiciosa, no así en la provincia con Sergio Berni, donde el Gobierno nacional tomó una serie de medidas que aplaudimos, entre ellas la derogación de todos los protocolos Bullrich del período anterior. Pero a partir de la cuarentena, una medida acertada como el ASPO fue mal implementada a manos de las fuerzas policiales y de seguridad, lo que produjo un enorme aumento de las muertes e incluso desapariciones forzadas, como la de Magalí Morales, Facundo Astudillo Castro y Luis Espinoza. Se podría decir que son todos iguales, burgueses capitalistas, pero no nos da lo mismo estar resistiendo un tipo de política que otro. A partir de 2023 ya no estamos ante un Estado de excepción no declarado, porque ahora te lo declaran, te lo firman, te lo legislan y por eso decimos que esto es un verdadero cambio de régimen, donde las garantías, los derechos y las libertades democráticas están en trance de desaparición total. Este decreto es la prueba, pero ya venimos del protocolo antipiquetes, el de uso de armas que es peor que la doctrina Chocobar y lo quieren meter en el Código Penal; la baja de edad de punibilidad de niños, niñas y adolescentes; la ley Antimafias que es la ley anti organizaciones populares; el DNU 70; la ley Bases y la destrucción de derechos laborales, sociales, de tercera edad, niñez, cultura, vivienda y educación. Es un cambio de régimen, cualquier otra definición nos queda chica. Pronto será difícil decir que esto es una democracia.
«Si vamos a una movilización tenemos que cuidarnos, llevar estrictamente lo que hay que llevar, el DNI, la SUBE con carga, el celular con batería y con datos, la llave de tu casa y nada más.»
–¿Qué hacer ante eso?
–Estamos tratando de resistirlo en unidad de acción, con la Red Federal por la Defensa de los Derechos Humanos y la Democracia, desde donde venimos dando respuestas concretas, represión tras represión, e incluso previamente con las cartillas de cuidado y las guardias permanentes, con encuentros en todo el país. La semana próxima habrá una reunión para elaborar un plan de acción conjunto, como hicimos el 24 de marzo. Hay que seguir los pasos de los jubilados y las jubiladas, los trabajadores de Verónica, los compañeros de la línea 60, seguir resistiendo. Pero por favor, si vamos a una movilización tenemos que cuidarnos, llevar estrictamente lo que hay que llevar: el DNI, la SUBE con carga, el celular con batería y con datos, la llave de tu casa y nada más. Si te llevaste la viandita y querés marchar con los jubilados luego del trabajo, dejá el cuchillo en la oficina, no lo lleves a la plaza.