La Corte Interamericana de DD.HH lo declaró como un derecho, pero en Argentina el acceso al “cuidado” es un privilegio
Entre retrocesos y resistencias, la abogada de Católicas por el Derecho a Decidir, Marina Gudiño, analiza el impacto de la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que reconoció al cuidado como un derecho en sí mismo. Con una mirada integral plantea los desafíos para la realidad de Argentina en la construcción de un sistema integral de cuidados.
Por Florencia Díaz para La tinta
"Una mujer de altos ingresos en promedio le dedica dos o tres horas a las tareas domésticas de manera no remunerada, pero una mujer de bajos ingresos que vive al día, que quizás está endeudada y no llega a fin de mes, le dedica entre 8 y 10 horas", dice la economista feminista, Mercedes DAlessandro y lanza la pregunta incómoda: "¿Por qué la rica le dedica dos o tres horas y la pobre entre 8 y 10 horas? ¿Por qué es muy productiva limpiando y cocinando o cambiando los pañales?" Luego de un breve silencio, se responde: "No, es porque contrató una niñera, una empleada doméstica, pidió comida. Es decir, alguien lo hizo y en general es otra mujer (más pobre)", remarca la entrevistadora. Este recorte es parte de una conversación en el programa Voces Queridas. Cuando el cuidado que no se puede pagar y no es reconocido ni social ni económicamente, se ve con claridad cómo se sostiene de manera desigual el engranaje del trabajo remunerado pueda seguir funcionando.
El cuidado como derecho consagrado
En un pronunciamiento histórico, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reconoció por primera vez al cuidado como un derecho en sí mismo y lo colocó en la agenda pública como una necesidad básica, ni un privilegio, ni algo privado del deber ser y la buena voluntad de las mujeres. "Sin cuidados no hay vida digna, ni igualdad posible", dice Marina Gudiño, abogada de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), quien estuvo participando en México de la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, organizada por la CEPAL en coordinación de ONU Mujeres. Y que tuvo como objetivo trabajar sobre un abordaje integral y transversal para frenar los grandes retrocesos que ponen en riesgo avances y conquistas históricas en materia de derechos. Las organizaciones representantes por Argentina, alertaron sobre las graves consecuencias de la negación de derechos y vaciamiento de políticas.
"Que la Corte Interamericana haya reconocido al cuidado como un derecho humano, sienta un precedente histórico para toda la región, y especialmente para las mujeres, niñas y adolescentes, que somos quienes históricamente hemos sostenido la vida a costa de nuestra autonomía", señala Marina.
El reciente pronunciamiento de la CIDH es el primero que realiza un tribunal internacional sobre el tema y "afirma lo que los feminismos vienen exigiendo hace años: el cuidado debe ser garantizado por los Estados como un derecho autónomo, con políticas públicas, recursos, perspectiva interseccional y enfoque de género", expresaron en un comunicado desde CDD. En su carácter de opinión consultiva OC 31/25 y a partir de una solicitud realizada desde Argentina en 2023, "la corte lo hizo además con una mirada integral, abordando el cuidado desde sus tres dimensiones: el derecho a cuidar, el derecho a ser cuidado y el derecho al autocuidado. Y subrayó su interdependencia con otros derechos fundamentales, como la salud, el trabajo, la seguridad social, la educación y la igualdad", explica Marina.
Argentina : desafíos en medio de retrocesos
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a nivel mundial las mujeres realizan el 76,2 % del trabajo de cuidado no remunerado, dedicando 3,2 más tiempo que los varones a estas tareas. En Argentina, quedó trunco el último proyecto de ley presentando en 2022 «Cuidar en Igualdad» que proponía la creación de un Sistema Integral de Políticas de Cuidados en Argentina (SINCA) como parte de la agenda que los feminismos venían construyendo.
Desde la asunción de Javier Milei, según el Informe la Cocina de los Cuidados del CELS, se desmantelaron cerca de 50 políticas públicas dedicadas a garantizar el acceso de la población a este derecho. "En 18 meses de gestión libertaria, solo quedan vigentes 4 de 50. En total, 2.866.000 personas perdieron al menos una política de cuidado de la que eran destinatarias". El recorte estatal alcanzó a jardines maternales, espacios de adultos mayores, licencias y programas comunitarios.
En nuestro país, este fallo debería funcionar como un llamado urgente para restituir las políticas de cuidado eliminadas en los últimos meses y, al mismo tiempo, avanzar hacia un sistema integral con rango de ley y presupuesto propio. No se trata de una concesión, sino de cumplir con obligaciones derivadas de tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional", expresa la abogada de CDD.
Y es que la Corte fue contundente y sostiene que los Estados deben organizar su aparato institucional para garantizar el derecho al cuidado y modificar las normas internas necesarias para hacerlo efectivo. "Esto incluye reconocer el derecho de todas las personas a cuidar y ser cuidadas, con protección reforzada para los grupos históricamente vulnerados: mujeres embarazadas o en período de lactancia, niñeces, personas mayores, con discapacidad o con enfermedades crónicas".
El desafío de la política
Pensar una agenda de cuidados en estos momentos, no parece ser tarea sencilla en nuestro país. Marina vuelve sobre la necesidad de la creación de un "Sistema Integral de Cuidados con perspectiva de género (SINCA)", articulando Estado, sector privado, organizaciones comunitarias y familias. "Es urgente dejar de pensar al cuidado como un problema individual o familiar, y reconocerlo como una responsabilidad colectiva y un derecho humano. La corresponsabilidad deberá ser asumida por todos los actores que integran nuestra sociedad. En pleno 2025 ya no se puede desconocer que cuidar es también producir y requiere inversiones".
Para la abogada, que recoge los debates recientes sobre el tema, las políticas públicas que traten el tema deben incorporar una perspectiva integral e interseccional, entendiendo que las experiencias de cuidado son distintas para una mujer indígena, una madre migrante, una persona trans o una joven de un barrio popular. Esto se puede traducir en algunos ejes centrales como: "ampliar la infraestructura y los servicios de cuidado", como jardines maternales, hogares para personas mayores, apoyos para personas con discapacidad; "reconocer y formalizar el trabajo de cuidados remunerado", garantizando contratos escritos, el acceso a la seguridad social y la protección frente a la violencia y el acoso laboral. Menciona "el fortalecimiento del cuidado comunitario", que hoy sostienen miles de mujeres en comedores y merenderos sin apoyo ni reconocimiento del Estado; "modificar el régimen de licencias", extendiendo las licencias para personas gestantes, ampliando las de personas no gestantes, creando licencias por adopción, reconociendo a monotributistas y trabajadores autónomos, e incorporando el tiempo de cuidado como aporte jubilatorio.
En cuanto al ámbito laboral, "la adopción de jornadas laborales acorde a las necesidades de cuidado en el sector público y privado" para que conciliar trabajo y las responsabilidades familiares no sea un privilegio de pocos. Lo que implica mejorar la autonomía, al permitir a quiénes cuidan insertarse de manera más plena en el mercado laboral y acceder a ingresos justos y a una jubilación digna. Así como "la incorporación de campañas de concientización y educación, incluyendo la Educación Sexual Integral (ESI) y la educación para el cuidado en espacios formales y no formales, derribando así estereotipos de género, proponiendo la redistribución estas tareas, y la obtención datos e información que visibilicen el aporte económico del cuidado, con el fin de proponer políticas públicas acordes a la realidad de cada lugar.
Ninguna política o medidas en las tareas de cuidados alcanzan sin cambios culturales concretos en la familia, en la comunidad, en el trabajo y en las instituciones. "El 56 % de las madres no reciben cuota alimentaria en nuestro país. Recordemos que cuidar es tiempo, pero también es dinero y garantizar el cumplimiento de las obligaciones parentales es clave para que las mujeres no sigamos sosteniendo solas la vida con nuestros cuerpos y nuestros bolsillos", manifiesta la especialista.
Para Católicas por el Derecho a Decidir, quienes vienen hace años trabajando y propulsando esta agenda de los cuidados, "en tiempos de crisis y retrocesos, reafirmamos que sin cuidados, no hay democracia posible. Priorizar los cuidados, desafía la concepción individualista del actual sistema social y económico para poner foco en la dimensión política de la vida cotidiana. Es una forma de visibilizar el impacto real y concreto de la desigual participación de las mujeres en las tareas de cuidado".
Fuente:
https://latinta.com.ar/2025/08/22/corte-interamericana-derecho-argentina-cuidado-privilegio/