La SIP exige una compensación justa por el uso de noticias en IA
La Sociedad Interamericana de Prensa reclamó una compensación justa por el uso de contenidos periodísticos en sistemas de inteligencia artificial y destacó la necesidad de respetar derechos de autor y propiedad intelectual. También alertó por las amenazas a la libertad de prensa en América y la Argentina.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) aprobó en su 82ª Asamblea General en Bogotá una resolución sobre inteligencia artificial y sostenibilidad del periodismo, en la que reclamó una compensación justa por los contenidos utilizados por los desarrolladores tecnológicos. El documento estratégico remarca que las empresas de tecnología deben respetar la propiedad intelectual y los derechos de autor, al tiempo que promueve mecanismos transparentes de autorización, licenciamiento y remuneración por el uso de materiales periodísticos en el entrenamiento y funcionamiento de sus sistemas. En su resolución también advirtió sobre las crecientes amenazas a la libertad de prensa en América latina y en Argentina.
La entidad internacional ofreció un explícito respaldo a la defensa de los contenidos originales elaborados por los medios y subrayó que la producción sostenida de información de calidad, verificada y rigurosa resulta "una función social esencial para las sociedades democráticas, el control del poder y el debate público", aunque requiere de "cuantiosas inversiones en contratación y formación de cronistas, financiamiento de investigaciones, mantenimiento de corresponsales y desarrollo de tecnologías que no pueden ser usufructuadas sin la debida retribución".
La IA y la sustentabilidad de los medios
La acelerada expansión de los sistemas de inteligencia artificial generativa está transformando de forma radical las formas en que los ciudadanos buscan, acceden y consumen la información en todo el mundo. Los contenidos producidos por las organizaciones periodísticas "constituyen un insumo especialmente valioso para estos sistemas informáticos debido a sus rigurosos estándares profesionales de verificación, contextualización y responsabilidad editorial, contribuyendo de manera directa a elevar la confiabilidad, precisión y utilidad de los servicios de inteligencia artificial", señaló la SIP.
Sin embargo, los motores tecnológicos, al brindar respuestas que sintetizan o reproducen el material elaborado por los medios de comunicación, sustituyen el acceso directo de los usuarios a las fuentes periodísticas originales. Esta situación "impacta negativamente en los volúmenes de audiencia de los sitios informativos, disminuye sus ingresos económicos y reduce drásticamente las posibilidades financieras de producir nuevos contenidos originales, mientras los desarrolladores de tecnología continúan beneficiándose comercialmente del trabajo periodístico".
Esta utilización constante de los insumos informativos sin mecanismos adecuados de autorización previa ni un esquema de compensación produce "una nociva transferencia de valor económico desde quienes invierten recursos humanos, técnicos y financieros para generar periodismo profesional hacia quienes los usufructúan comercialmente". "Esta dinámica afecta severamente la sostenibilidad del periodismo y profundiza las asimetrías existentes en el ecosistema digital global", alertó la resolución de la entidad periodística.
La resolución de la SIP advirtió además que determinadas prácticas contractuales de las plataformas digitales, motores de búsqueda y redes sociales -mediante cláusulas de adhesión, modificaciones unilaterales en los términos de uso o autorizaciones tácitas, como ocurrió con el reciente anuncio de la empresa Meta- imponen "condiciones abusivas que menoscaban la autonomía de los editores para decidir sobre la gestión de sus publicaciones".
Asimismo, la resolución ponderó las orientaciones de organismos internacionales como las Naciones Unidas, la Unesco y los aportes de la encíclica Magnifica Humanitas del papa León XIV. En su parte resolutiva, la SIP hizo un llamado expreso a los desarrolladores a entablar negociaciones de buena fe, exigió el respeto a los derechos de autor e instó a los poderes públicos de las Américas, en particular a las autoridades legislativas y judiciales, a dictar soluciones normativas que reduzcan las brechas de poder económico y garanticen una compensación justa que preserve la producción de información independiente.
La libertad de prensa en Argentina
En el marco de las conclusiones generales de su encuentro internacional, la entidad analizó las amenazas y desafíos para la libertad de prensa en las Américas, señalando que el sector enfrentó este semestre un panorama muy preocupante signado por actos de violencia, asesinatos, desapariciones, amenazas, hostigamiento digital, estigmatización desde el poder político, restricciones al acceso a la información pública, presiones judiciales, leyes ambiguas y trabas a la sostenibilidad económica.
Respecto al informe específico sobre Argentina, el documento expuso la presencia de severas tensiones entre el gobierno nacional y el periodismo, caracterizadas por reiteradas descalificaciones y agravios públicos provenientes de "las más altas esferas del poder Ejecutivo".
El informe remarcó la intensidad de los ataques difundidos desde la cuenta oficial del presidente Javier Milei, quien en una sola semana del mes de agosto republicó cientos de mensajes dirigidos contra la prensa e individualizó a comunicadores y empresas del sector, además de alentar hostilidades ante alumnos en el colegio ORT.
En la misma línea, la entidad y asociaciones locales como ADEPA expresaron su profunda alarma frente a iniciativas gubernamentales y proyectos legislativos respaldados por el ministro de Economía, Luis Caputo, y por el propio Presidente. En particular, se cuestionó el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional enviado al Congreso por incorporar tipos penales frente a la desinformación masiva, lo cual genera inquietud por la ambigüedad de sus términos y su potencial para inhibir investigaciones de interés público.
Por último, el informe argentino detalló restricciones concretas para acceder a la información oficial en la Casa Rosada y en el Ministerio de Economía, cuestionó cautelares promovidas contra periodistas de investigación.
De esta manera, el documento cerró ratificando que el uso no autorizado de contenidos para entrenar inteligencia artificial, sumado a la confrontación verbal y los intentos de regulación restrictiva, configuran un marco sumamente adverso para las garantías constitucionales de la libertad de expresión en el país.
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