Los conductores de aplicaciones deberán tener licencia profesional
Fallo contra Uber, DiDi y Cabify
Los conductores de aplicaciones de transporte de pasajeros como Uber, DiDi y Cabify deberán obtener una licencia profesional y pagar seguros, a partir de un fallo reciente de la Justicia porteña que apunta a ordenar la actividad -hasta que exista una ley específica que la regule- y equiparar las obligaciones con los taxistas.
"No puede admitirse que taxis y remises soporten fuertes cargas regulatorias -licencias profesionales, seguros especiales, habilitaciones y controles- mientras las plataformas operen 'de facto' sin cumplir ninguno de esos requisitos, generando una afectación al 'equilibrio' entre los distintos prestadores del servicio", dice el fallo.
De esta manera, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumode la Ciudad de Buenos Aires hizo lugar a un planteo del Sindicato de Peones de Taxis, que le reclamaba al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la regulación de estas plataformas.
En el fallo, la Cámara rechazó la postura de los conductores y usuarios de Uber que alegaban que se trataba de un "transporte privado" regido por el Código Civil y Comercial y que no debía estar sujeto a regulaciones de transporte público.
Según consideraron los jueces Mariana Díaz, Fernando Enrique Juan Lima y Marcelo Alberto López Alfonsín, ante la falta de una regulación específica, la actividad mediada por plataformas digitales constituye un servicio de transporte de pasajeros -"traslado de personas mediante un vehículo a cambio de una prestación económica"-, por lo que se encuadra en las definiciones del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad.
En ese sentido, los magistrados citaron jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para sostener que Uber no es meramente un servicio de la "sociedad de la información" (una app), sino que es parte integrante de un servicio global de transporte.
Qué cambia para los taxistas y los conductores de plataforma
Al equiparar la actividad con el transporte de pasajeros, el fallo sostiene que los conductores de estas plataformas no pueden operar en un vacío legal que les permita eludir los estándares de seguridad exigidos a taxis y remises, por lo que ellos también deberán obtener una licencia de conducir de tipo profesional y seguros específicos para el rodado, el conductor, los pasajeros y responsabilidad civil.
Para restablecer el equilibrio ante la falta de una legislación específica, la Cámara dispuso a modo de condena algunas medidas:
- Mientras persista el desequilibrio, el Gobierno de CABA no podrá cobrar a los taxistas los aranceles por trámites locales necesarios para operar regularmente (como renovaciones de licencias o transferencias).
- Se ordena al Gobierno iniciar los procedimientos administrativos para determinar y perseguir el cobro del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a las plataformas, ya que se verificó que realizan una actividad económica en la Ciudad sin estar inscriptas ni pagar impuestos locales.
- El Gobierno de la Ciudad debe fiscalizar la publicidad de las plataformas y realizar campañas de difusión para informar a los usuarios que estos servicios podrían ser prestados por personas sin licencia profesional o sin los seguros obligatorios que sí tienen los taxis.
El fallo explica que no es rol del Poder Judicial legislar o prohibir las plataformas, pero sí proteger los derechos vulnerados por la inacción del Estado, y aclara en ese sentido que la condena y la equiparación de reglas cesarán automáticamente cuando la Legislatura dicte una regulación específica para la actividad de transporte por plataformas.
Críticas al Gobierno de la Ciudad
La Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo porteña cuestionó al Gobierno de la Ciudad por haber permitido una "apariencia de regularidad" en las plataformas, cuando en la práctica operan sin controles.
Además, el fallo señala que el Gobierno incurrió en una conducta contradictoria al calificar a Uber de "clandestina" pero, al mismo tiempo, permitir su publicidad en espacios públicos (como estaciones de subte o el sistema Ecobici) y no ejercer un poder de policía efectivo.
Esta inacción generó un desequilibrio que afecta el derecho a la igualdad de los taxistas, quienes deben pagar aranceles, cumplir con verificaciones y poseer licencias profesionales para competir con un servicio que no cumple ninguna de esas condiciones.
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