Más papel, menos prevención

Con lo que el Presupuesto 2027 destina a imprimir hojas en el Congreso alcanzaría para recuperar el plan de prevención del embarazo adolescente. Y no es el único caso: un análisis de ELA muestra que los fondos para programas de protección y respuestas frente a la violencia de género caen un 89%, frente al 26% de reducción de la inversión pública total.

Por Natalia Gherardi

El proyecto de Presupuesto 2027 prevé $24.304 millones para imprimir 70 millones de hojas en el Congreso. Recuperar la inversión que en 2019 tenía el Plan de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA), con sus anticonceptivos de larga duración y asesorías en escuelas y centros de salud, costaría $20.195 millones a precios de 2027. Es decir: es más barato proteger los proyectos de vida de miles de adolescentes que el dinero que el Poder Ejecutivo proyecta destinar a esas impresiones.

Sin embargo, la propuesta oficial asigna al Plan ENIA menos del 20% de lo invertido en 2023. Aunque la cifra supera a la de este año, los fondos asignados en 2026 estaban en 0% de ejecución al cierre del análisis que el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) realizó sobre el proyecto de Presupuesto que discute el Congreso, de modo que nada hace prever que se tomen muy en serio esa partida presupuestaria ni este año, ni el próximo.

Esta comparación no es anecdótica sino que resume el criterio que atraviesa todo el proyecto en cuanto a programas para la igualdad de género. Entre 2023 y lo proyectado para 2027, el gasto total de la Administración Pública Nacional cae un 26%, descontando la inflación. En cambio, los fondos analizados en conjunto para el programa Acompañar, la Línea 144, la protección de víctimas de violencia y el acceso a la justicia se reducen un 89%. Ese recorte equivale a que, por cada $100 destinados a estas políticas en 2023, queden apenas $11 con el mismo poder de compra en 2027. Una motosierra selectiva: mientras en el mes de octubre fueron asesinadas por violencia de género más mujeres que en cualquier otro octubre de los últimos 10 años, se recorta tres veces más en los fondos destinados a proteger a las mujeres y sus derechos.

El análisis no sólo muestra que los recortes son más profundos en cuidados, salud sexual y atención frente a la violencia sino que también identifica fondos que no se ejecutan y cada vez se cuenta con menos información para seguir su destino.

Menos espacios para buscar ayuda

El objetivo estimado para la Línea 144 en 2027 es asistir a sólo 70.000 personas. Esa asistencia alcanzó a 288.094 personas en 2023. Se trata de personas que en distintos momentos buscan información sobre servicios, que tal vez se comunican en más de una oportunidad. El Presupuesto, además, pierde transparencia dado que agrupa varios servicios en una misma actividad y no permite saber qué parte corresponde a la Línea 144. Acompañar, el programa de apoyo económico para víctimas de violencia de género, ni siquiera tiene una partida propia identificable. Las autoridades sostienen que continúa (de hecho, el Decreto que lo crea sigue vigente aunque con un alcance más limitado) pero desde 2024 no se publican metas que permitan medir su alcance.

Esto es grave para las víctimas y, además, es una muestra de ineficiencia en la gestión de los recursos públicos. La investigación Mejor prevenir que curar (ELA, 2023) estimó que intervenir tarde ante un caso de violencia de género resulta 22 veces más costoso para el Estado que atender las primeras señales de violencia.

Criar con menos

La Asignación Universal por Hijo, reiteradamente destacada por el Poder Ejecutivo como la política pública nacional destinada a asistir a las familias en mayor situación de vulnerabilidad, tampoco se encuentra a salvo de los recortes. El artículo 17 del proyecto de presupuesto elimina la actualización automática de la AUH y de otras asignaciones familiares, entre ellas las prestaciones del programa 1000 Días.

Los aumentos quedarían a partir de 2027 sujetos a decisiones discrecionales, con riesgo de pérdida de poder adquisitivo y el impacto que eso causa en las familias que necesitan organizar sus gastos y planificar la crianza. Y todo esto sobre una base que ya es frágil: a junio de 2026, las transferencias a familias con adultos desocupados o con empleo informal y con hijas e hijos menores de 3 años cubrían como máximo el 39% de la Canasta de Crianza. En tanto, para la Prestación Alimentar, se proyecta un 10% por debajo del presupuesto vigente.

Los espacios de primera infancia, que ofrecen cuidados a niñas y niños y permiten que las personas a cargo de esos cuidados puedan sostener un empleo, tampoco son priorizados en el presupuesto a pesar del discurso público que proclama la necesidad de revertir el descenso de natalidad. Para 2027, al programa de Promoción y Asistencia a Espacios de Primera Infancia, se le asignaría un 35% menos que en este 2026.

Menos datos, menos control

Lo que sucede con el Plan ENIA se repite en otras áreas de salud sexual. Al 15 de septiembre de este año, el gobierno había ejecutado apenas $3.552 millones de los $28.037 millones destinados por el Congreso al programa de Salud Sexual y Procreación Responsable. Partida que había sido recortada en un 39% (quedando con $17.139,42 millones) sin emitir ningún DNU, informar al Congreso, ni publicar las decisiones administrativas correspondientes.

Durante el primer semestre de 2026, se distribuyeron poco más de 4 millones de preservativos de los 38 millones previstos. La propuesta oficial repite el mismo objetivo para 2027. Lo mismo sucede para la Educación Sexual Integral, que recibiría $30 millones, el mismo monto que en 2026. Esos fondos seguían sin ejecutarse al cierre del informe.

El problema no se limita a los montos, sino también a la omisión de información que impide el control y seguimiento del Presupuesto. A partir de este año, dejó de informarse la meta de distribución de medicamentos para la interrupción voluntaria del embarazo, que registra ejecución nula desde 2024.

Las medidas que se proponen en el análisis para las diputadas y diputados son concretas: rechazar el artículo 17, devolver al Plan ENIA los $20.195 millones con controles trimestrales de ejecución, fijar metas mínimas para anticonceptivos y preservativos con informes periódicos del Ministerio de Salud, destinar al menos $2.021 millones a la ESI con transferencias a las provincias y crear una partida propia para la asistencia económica para las mujeres ante la violencia. Si el programa Acompañar no continúa, el Ejecutivo debería explicar cómo cumplirá con la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y, de paso, proponer un Plan Nacional de Acción para erradicar la violencia en cumplimiento con la ley.

El Congreso tiene la oportunidad de sostener (y mejorar!) las herramientas que la Argentina construyó durante años para prevenir embarazos no intencionales, acompañar a quienes atraviesan situaciones de violencia y facilitar la crianza. Su responsabilidad se extiende más allá de la aprobación del Presupuesto. Controlar la ejecución de las partidas y pedir explicaciones cuando los fondos no se usan es una responsabilidad fundamental del Legislativo para que las herramientas de prevención, cuidado y protección lleguen a quienes las necesitan. 

Fuente:

https://www.eldiarioar.com/blog/algo-en-comun/papel-prevencion_132_13660162.html