“Operativos de saturación” para perseguir a las trabajadoras sexuales
Trabajadoras sexuales denuncian un incremento sostenido de la violencia policial en la Ciudad. Las acosan, las requisan y las detienen arbitrariamente. Más del 99% de las contravenciones que invoca la policía para justificarlo no pueden probarse ante la justicia.
Por Juanca Figueroa
Los cada vez más famosos "operativos de saturación" están llevando la persecución contra trabajadoras sexuales a un nuevo nivel de violencia. "Estamos sacando a la gente que no corresponde que esté en la calle", decía con orgullo en octubre pasado el ministro de Seguridad porteño, Horacio Giménez, en una publicación sobre estos despliegues en las redes oficiales.
La actual administración del GCBA intensificó su despliegue y promoción pública desde finales del año pasado. Forman parte clave de la agenda de "ley y orden" del gobierno porteño.
"Acá en Flores no se puede trabajar más de meretrices… ¡Eso no se puede permitir!", le dice un funcionario a una mujer durante uno de estos operativos realizado y difundido en redes sociales en abril pasado. Lo que queda fuera de cámara son las agresiones, humillaciones y amenazas que, según denuncia AMMAR, el sindicato de trabajadorxs sexuales de Argentina, son más frecuentes en la Ciudad desde que asumió Jorge Macri. En especial, contra mujeres trans y migrantes.
"Ahora a las razias se les llama operativos de saturación", decía un cartel afuera del Edificio del Fuero Penal, Contravencional y de Faltas del Poder Judicial de la Ciudad, en donde se plantó un grupo de trabajadoras sexuales el pasado 14 de mayo para denunciar el acoso policial. "Nos maltratan, nos golpean, nos insultan, nos desnudan en la calle… Y nos pasa todos los días", contó Antonella, trabajadora sexual y vecina de Constitución. "Tengo dos compañeras a las que le rompieron un brazo", denunció otra manifestante ese día.
Los casos de violencia registrados suelen concentrarse en tres barrios: Constitución, Floresta y Flores. En los últimos meses, también aumentaron los reportes en los Bosques de Palermo. La constante, de acuerdo con lo denunciado por AMMAR, es la agresión física, el robo de dinero y las requisas vejatorias. En estos operativos, las obligan a abrir la boca, hacer sentadillas y someterse a revisiones de todo el cuerpo, incluso de genitales y ano, en plena vía pública. Negarse a estos procedimientos suele terminar en acusaciones de resistencia a la autoridad y detenciones.
El Código Contravencional como excusa
Los operativos de saturación ganaron notoriedad en los medios luego de "Tormenta Negra", el megaoperativo policial desplegado por el gobierno porteño el pasado 14 de mayo de manera simultánea en 17 barrios de la Ciudad. Se trata de despliegues masivos de las fuerzas de seguridad en barrios empobrecidos, con amplios niveles de discrecionalidad y escaso control sobre el actuar policial.
Son acciones altamente "discriminatorias y racistas", en el marco de una "escalada del Gobierno de la Ciudad contra los sectores más pobres: personas en situación de calle, trabajadores de la economía popular, desalojados, migrantes", dijo el CELS en un pronunciamiento al día siguiente. También denunció "la espectacularización preelectoral de estos operativos", que convierte el "sufrimiento de la gente" en parte de "una escena de marketing político".
Entre enero y abril de este año se realizaron más de 83 operativos de saturación, solo en el barrio de Constitución, informó en abril Gabriel Sánchez Zinny, jefe de Gabinete de Jorge Macri. Fueron casi 6 operativos por semana. En este barrio, trabajan cerca de 200 trabajadoras sexuales, de acuerdo con un relevamiento que hizo Ammar en 2023. El 60% son mujeres trans. Muchas de ellas también son migrantes, que trabajan y viven en la zona.
"El barrio se convirtió en una zona muy hostil para nosotras", cuenta Victoria Arriondo, trabajadora sexual trans y vecina de Constitución. "La policía es cada vez más violenta y siempre es contra las putas, las trans, les migrantes".
La policía suele respaldar este tipo de requisas en la sospecha de eventuales delitos de narcomenudeo. Pero cada vez más están recurriendo al Código Contravencional para justificar el acoso a las trabajadoras sexuales. "Esto no venía ocurriendo, al menos no en Constitución… Como no les encuentran estupefacientes, las detienen con esta excusa", explica Georgina Orellano, secretaria general de AMMAR.
El trabajo sexual no es delito en Argentina. Sin embargo, existen códigos contravencionales que penalizan la oferta de sexo en la vía pública en 17 provincias, incluida la Ciudad de Buenos Aires. El artículo 97 del Código Contravencional porteño establece multas de hasta 153 mil pesos o trabajos comunitarios para quienes ofrezcan "en forma ostensible servicios de carácter sexual en espacios públicos". Lo que se considera "ostensible" queda, en la práctica, sujeto a la discrecionalidad policial. Aun así, ni siquiera la contravención habilita la requisa ni la detención.
La identidad como "contravención"
"Le hacen actas contravencionales a las compañeras por portación de rostro, por su identidad de género, por el lenguaje o simplemente por estar paradas cerca de hoteles transitorios", explica Orellano. Aunque el propio artículo aclara que "en ningún caso procede la contravención en base a apariencia, vestimenta o modales", AMMAR denuncia que algunas actas incluyen incluso observaciones sobre "ropa no adecuada para el horario" o directamente expresiones como "travestido" para justificar la intervención policial.
"Ya este año me han hecho al menos tres actas. Si te negás a firmar o a ser revisada, te llevan detenida", cuenta Victoria Arriondo. AMMAR tiene conocimiento del caso de una trabajadora sexual a la que le informaron durante una detención que ya tenía 190 actas contravencionales en los registros.
AMMAR ha judicializado varios de estos casos, aunque todavía no obtuvo una resolución favorable. La última acción fue un habeas corpus colectivo presentado a mediados de 2025, con respaldo de la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad. La organización denuncia el incremento de la violencia en estas requisas y la falta de fundamentos legales que las habiliten. También ha advertido que la mayoría de estas causas no avanzan y terminan archivadas por falta de pruebas sobre la supuesta infracción contravencional.
En muchos casos, además, no se justifican los motivos de las detenciones y ni siquiera consta la presencia de representantes de la fiscalía durante los procedimientos, como establece la normativa.
A todo este aparato de hostigamiento se suma, desde al menos 2024, una nueva estrategia para escalar contravenciones hacia causas penales. La policía comenzó a utilizar acusaciones de "desobediencia" bajo el artículo 239 del Código Penal contra trabajadoras sexuales que volvían a ser demoradas por la misma supuesta contravención. Así, una nueva acta contravencional —en algunos casos labrada en la misma noche— terminó funcionando como excusa para detenerlas y trasladarlas a comisarías.
Miles de actas sin condena
A pesar de todo este artilugio, en la Ciudad no se ha dictado una sola condena por oferta y demanda de trabajo sexual en la vía pública desde 2018. Sin embargo, durante ese mismo período, se labraron un total de 11.268 actas contravencionales, según reportes del Ministerio Público Fiscal y el Instituto de Estadística y Censos porteño.
Antes de 2018 sí hubo condenas. Desde 2005 —el registro más antiguo disponible en los informes del Instituto de Estadística y Censos porteño— hasta la actualidad, se dictaron solo 34 condenas, sobre un universo total de más de 45.400 actas contravencionales. Ni siquiera el 0,1% de los casos.
El sistema produce una enorme cantidad de intervenciones policiales, pero con una legitimidad judicial prácticamente inexistente. El dato deja en evidencia que la función principal de estas contravenciones no es la sanción legal, sino habilitar el hostigamiento sistemático y expulsión de trabajadoras sexuales del espacio público.
Con el paso de los años, las actas contravencionales fueron perdiendo peso como herramienta de persecución contra trabajadoras sexuales. Los registros más altos aparecen antes de 2011, con un pico de 7.470 actas contravencionales emitidas en 2010 y un promedio cercano a las 5.000 por año. En 2012, las cifras cayeron abruptamente y durante la década siguiente la persecución se mantuvo en niveles considerablemente más bajos: con un piso de 457 actas en 2018 y un promedio de 1.500 al año.
La excepción a esta tendencia fue 2019, con 2.321 actas. Pero desde 2023 se observa un nuevo repunte: ese año se emitieron 2.416 actas y en 2024 fueron 2.265. Hasta el momento, no hay cifras disponibles para 2025. "Históricamente, denunciamos que estos códigos contravencionales habilitan razias policiales con amplios niveles de arbitrariedad, que ahora tienen una nueva escalada violenta bajo estos operativos de saturación", remarca Orellano.
Hasta en la parada del colectivo
"Ya no podemos trabajar… Ya nos sacaron de Alberdi y Ramón Falcón. Una funcionaria nos dijo en estos días: 'Hicimos un saneamiento de la zona", contó Eliana, trabajadora sexual trans de Flores, durante la protesta del pasado 14 de mayo. "La policía nos levanta violentamente, nos tratan de hombre, nos dicen que ya no podemos volver".
Flores es el barrio con más actas contravencionales por oferta o demanda de trabajo sexual desde 2019. Según el último reporte publicado por el Ministerio Público de la Ciudad, la zona concentró el 80% de todas las actas labradas.
Pero el acoso se extiende incluso a los Bosques de Palermo, un área no residencial donde se ejerce trabajo sexual desde hace más de 20 años, con distintos niveles de tolerancia por parte de los gobiernos de la Ciudad. "Ahora estamos atravesando un momento muy violento", cuenta Julieta Miranda, trabajadora sexual de la zona. "Siempre están merodeando. Aprovechan cuando no hay muchas chicas, cuando estamos solas y expuestas, para abordarnos. Nos requisan sin justificación. Manosean a nuestras compañeras, es todo muy humillante".
Da lo mismo si están trabajando o no. Les han detenido hasta en la parada del colectivo. "Salís a comprar pan o a pasear a tu mascota, pero si están haciendo uno de estos operativos, te paran igual… No nos dejan ni trabajar ni vivir en nuestros barrios", cuenta Victoria Arriondo, de Constitución. "Hay compañeras que están muy asustadas, tienen miedo a denunciar, pero hay que ponerles un freno… Esto es la derecha: represión, censura y hambre".
Con el aumento de casos, AMMAR abrió una convocatoria para que las trabajadoras sexuales de la ciudad se acerquen a denunciar a Casa Roja, el centro de asistencia que funciona en Constitución. El objetivo es revisar todos los casos con el equipo legal de la organización.
Desde 2001 se han presentado al menos ocho proyectos de ley en la legislatura porteña para intentar derogar esta contravención. Todos los intentos, hasta ahora, han fracasado.
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