Organizaciones de salud pública rechazan la venta de cigarrillos electrónicos habilitada por el Gobierno
En vez de prevenir nuevas adicciones, la administración libertaria las estimula vía desregulación de controles y apertura del mercado. Las advertencias de los especialistas que representan a 17 asociaciones médicas y científicas.
Organizaciones de salud pública están en alerta y publican un comunicado en rechazo de la medida del Gobierno que habilitó la comercialización de cigarrillos electrónicos, vapeadores y bolsas de nicotina. El marketing y la venta de esta clase de productos, sostienen, "pueden reforzar la dependencia de la población argentina a la nicotina" y "crear nuevas generaciones de consumidores". Bajo esta premisa, solicitan a las autoridades sanitarias la suspensión de las resoluciones; la abstención de otorgar registros y autorizaciones comerciales; e instan a convocar a la Comisión Nacional de Coordinación para el Control del Tabaco, a las universidades y a otros espacios para dar un debate amplio orientado a la prevención.
En el comunicado, firmado por más de una docena de asociaciones médicas, sociedades científicas y fundaciones, se apunta: "Estas decisiones constituyen un grave retroceso para la salud pública argentina. En vez de fortalecer políticas de prevención, cesación y protección de niños, niñas y adolescentes frente a la adicción a nicotina, el Estado nacional abre la puerta a la expansión de un mercado de productos adictivos, promovidos globalmente mediante estrategias comerciales que apelan a la innovación tecnológica, el diseño atractivo, la percepción de menor daño y la captación de nuevos consumidores".
Según un informe publicado por el Sedronar, el 35 por ciento de los estudiantes de las escuelas secundarias de Argentina usó alguna vez un cigarrillo electrónico o un vapeador en su vida, cifras que superan al cigarrillo tradicional (28 por ciento) y a la marihuana (17 por ciento).
Frente a esta realidad, las organizaciones científicas y médicas rechazan y piden suspender las normas efectuadas por el gobierno a comienzos de mayo. Resoluciones que, precisamente, derogaban prescripciones anteriores que protegían a la población de estos consumos adictivos y que regían, en algunos casos, desde hace 15 años. Caídas estas barreras normativas, la gestión libertaria desregula un orden más de sociedad, con el único objetivo de beneficiar a las grandes empresas que elaboran productos como cigarrillos electrónicos y vapeadores.
Lo curioso es que el propio sitio oficial del Gobierno advierte: "Los fabricantes han instalado el término de 'vapeo' sugiriendo que el consumo de estos productos produce un vapor de agua libre de daños. Sin embargo, los cigarrillos electrónicos emiten un aerosol que libera numerosas sustancias tóxicas y cancerígenas, entre ellas nicotina".
A contramano del mundo
En vez de proteger a niños, niñas y adolescentes, el gobierno argentino hace lo contrario. Marcha, como en otras áreas, a contramano del mundo: el mes pasado, Reino Unido prohibió el consumo de cigarrillo tradicional y del electrónico para los individuos nacidos después de 2009. Con esa política, lo que se busca es que, de cara al final de la década, el consumo de nicotina en ese territorio sea lo más bajo posible y encaminarse hacia una "generación libre de humo".
Al respecto, el comunicado referido apunta: "La experiencia nacional e internacional muestra que la disponibilidad en puntos de venta, la publicidad directa o indirecta, los sabores, el diseño de envases y dispositivos, las redes sociales y la venta online son factores que favorecen la experimentación y, en particular, la iniciación juvenil".
Las acciones del mercado no son inofensivas: si consumir estos productos se publicita de una manera seductora y es sinónimo de "estar a la moda", más individuos querrán hacerlo con el único objetivo de formar parte. Y el mercado, en el presente, constituye uno de las grandes referencias en las que se apoyan los individuos para construir sus identidades.
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, existen 16 mil sabores distintos disponibles para cigarrillos electrónicos y vapeadores. ¿El único fin? Atraer a los que todavía no consumen.
La lista de instituciones firmantes es larga, pero vale la pena repasarla por lo variopinta y contundente: la Unión Antitabáquica Argentina, la Fundación Interamericana del Corazón Argentina, la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables, la Asociación Argentina de Tabacología, la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, la Sociedad Argentina de Medicina, la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica, la Federación Argentina de Cardiología, la Sociedad Argentina de Cardiología, la Sociedad de Tisiología y Neumonología de la Provincia de Buenos Aires, la Sociedad Argentina de Pediatría, la Sociedad de Neumonología de Córdoba, la Asociación Argentina de Pacientes con Asma, la Asociación Toxicológica Argentina, la Fundación Grupo de Alivio al Dolor Argentina, la Asociación de Profesionales de la Fibrosis Quística y la Asociación Argentina de Salud Pública.
Falta de evidencia científica
Uno de los aspectos más destacados que plantean las organizaciones que firman el documento se vincula con la falta de evidencia científica sobre las nuevas prácticas de consumo. Desde aquí, habilitar la comercialización sin saber a ciencia cierta cuáles pueden ser los efectos, implica una irresponsabilidad muy marcada por parte de las autoridades sanitarias.
Los especialistas detallan: "Recordamos que los productos de nicotina no son inocuos: producen dependencia, afectan el desarrollo cerebral adolescente, aumentan riesgos cardiovasculares, generan toxicidad fetal durante el embarazo, exponen a sustancias dañinas, provocan intoxicaciones accidentales y, en sus formas inhaladas, afectan las vías respiratorias y el pulmón. Además, normalizan nuevas formas de consumo que dificultan la cesación y favorecen la iniciación juvenil".
Aunque aún no se ha estudiado de manera concienzuda cuál puede ser el impacto de los cigarrillos electrónicos y los otros productos liberados en el largo plazo, lo que debería regir, señalan, es un principio precautorio y no y no una desregulación salvaje.
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