Prohíben los juguetes importados Squishy Pinch Family por contener más del doble permitido de químicos sintéticos
La medida alcanza a todo el país, luego de que se detectaran niveles por encima de los límites permitidos de ftalatos, sustancias empleadas para dar flexibilidad a determinados plásticos.
La Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial prohibió en todo el país la venta de los juguetes blandos tipo squishy y squeezy de la marca Pinch Family, importados de China, después de que los análisis de laboratorio detectaran niveles de ftalatos por encima de los límites permitidos. La medida, establecida por la Disposición 804/2026, fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial y alcanza a las distintas variantes y presentaciones de esa línea de productos.
La resolución se apoyó en los ensayos realizados por el laboratorio de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ), acreditado por el Organismo Argentino de Acreditación, y en la evaluación de los organismos sanitarios. Los resultados determinaron la presencia de bis (2-etilhexil) ftalato (DEHP), un plastificante utilizado en materiales plásticos, en una concentración superior al 0,2% del peso del producto. El máximo admitido por la normativa argentina es del 0,1%.
El hallazgo implica que las muestras analizadas superaron en más del doble el límite regulatorio. Los ftalatos son sustancias químicas sintéticas empleadas para dar flexibilidad a determinados plásticos y algunos de ellos están restringidos en juguetes y artículos infantiles por los riesgos que pueden representar para la salud.
La prohibición no se limita a un modelo particular: comprende los juguetes infantiles comercializados bajo la marca Pinch Family, en sus distintas presentaciones, que no cuenten con los certificados exigidos para acreditar el cumplimiento de las normas de seguridad. Según los fundamentos de la disposición, se trata de figuras de polímero plástico blando que, por lo general, se comercializaban sin información o advertencias en castellano.
Qué deberán hacer los comercios
La disposición ordena a importadores, distribuidores y comerciantes mayoristas y minoristas destruir y desechar de manera segura e inmediata el stock alcanzado por la medida. Además, quienes tengan sitios web destinados a la venta de mercaderías deberán publicar en un lugar destacado los alcances de la prohibición dentro de las 72 horas hábiles desde su entrada en vigencia.
La norma también prevé sanciones para quienes incumplan la orden, en el marco de la Ley de Defensa del Consumidor y del régimen de Lealtad Comercial, sin descartar las eventuales responsabilidades penales que pudieran corresponder.
El alcance nacional responde, entre otros motivos, a que estos juguetes pueden circular por comercios físicos, redes sociales y plataformas de venta en línea, incluso mediante proveedores que no están radicados en el país. Por eso, la autoridad nacional dispuso comunicar la medida a los organismos de defensa del consumidor de todas las jurisdicciones.
El reclamo de la Cámara del Juguete
La detección se originó en el trabajo de fiscalización del Observatorio del Juguete y los análisis del laboratorio de la CAIJ. Tras la decisión oficial, la cámara reclamó mayores recursos públicos para reforzar los controles sobre los productos que ingresan y se comercializan en el mercado argentino.
"Estos casos detectados por la cámara demuestran que los controles y sanciones son importantes cuando se trata de juguetes que son peligrosos para la salud y no muestran ningún tipo de rótulo con información en castellano ni de marcado de conformidad. Por eso es fundamental destinar más recursos públicos a la fiscalización, para que estos productos se detecten antes de llegar a manos de los chicos", señaló Matías Furió, presidente de la CAIJ.
La entidad sostiene que la fiscalización resulta clave para identificar productos que no cumplen los requisitos de seguridad antes de que lleguen a los consumidores. En este caso, la disposición oficial incorporó los resultados del ensayo de laboratorio y la intervención del área correspondiente del Ministerio de Salud para fundamentar la prohibición.
Qué deben tener en cuenta las familias
La recomendación para quienes tengan estos juguetes en sus casas es dejar de utilizarlos y no adquirir nuevas unidades de la línea alcanzada por la prohibición. También es importante prestar atención al etiquetado: los juguetes comercializados legalmente deben cumplir los requisitos de seguridad y contar con la información y las certificaciones exigibles.
La CAIJ aconseja desconfiar de productos que no identifiquen al fabricante o importador en castellano y que carezcan del marcado de conformidad correspondiente. Ante dudas o posibles incumplimientos, las familias pueden realizar una denuncia ante Defensa del Consumidor o consultar la alerta publicada por el Observatorio del Juguete.
La prohibición vuelve a poner en discusión los controles sobre los juguetes importados que se ofrecen en distintos canales de venta. El punto central, en este caso, es que los ensayos detectaron una sustancia restringida por la normativa sanitaria en una concentración superior a la admitida y que la respuesta oficial incluye el retiro del mercado y la destrucción del stock afectado.
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