Reclamo en Plaza de Mayo para que se reactive la urbanización de los barrios populares
Los movimientos sociales, junto a la ong Techo y curas villeros denunciaron que el gobierno de Milei tiene paralizadas desde hace siete meses todas las obras de mejoramiento de los barrios populares, a pesar de que existe un presupuesto aprobado y disponible para realizarlas.
Los trabajos de urbanización de los barrios populares están totalmente paralizados desde hace siete meses, aunque tienen su presupuesto aprobado y disponible. Ocurre que el gobierno de Milei los abandonó como parte de su estrategia para desarmar a los movimientos sociales. Por el capricho libertario, cientos de obras permanecen sin terminar -entre ellas, cloacas que quedaron a cielo abierto- y miles de vecinos perdieron la posibilidad de trabajar en las cooperativas de la construcción.
Así lo denunció, con una manifestación en Plaza de Mayo, la Mesa de Barrios Populares. La Mesa es un organismo en el que participan movimientos sociales, la ong Techo Argentina y Cáritas. Manifestantes de estos sectores se juntaron a las diez de la mañana en la plaza, con banderas de sus organizaciones -como el Movimiento Evita, el Movimiento de Trabajadores Excluidos o el Frente de Organizaciones en Lucha-. Parte de los que llegaron eran obreros, con sus cascos amarillos.
Su intención era movilizarse hasta la puerta del Ministerio de Economía, para exigir allí la reactivación de las obras, pero la policía les impidió el paso. El argumento fue que el Presidente y Karina Milei mantenían, en ese momento, una reunión en la Casa Rosada con diputados de La Libertad Avanza. Los manifestantes debieron hacer su acto contra el vallado que rodea a la casa de gobierno, mientras una delegación entregaba un petitorio dirigido al ministro Luis Caputo.
Un panorama dramático
La consigna de la protesta fue "No es ahorro, es abandono". El titular de Economía fue el centro de los reclamos de la movilización. Los manifestantes llevaron un cartel de gran tamaño en el que se veía a Caputo sentado sobre los fondos destinados a la urbanización de los barrios: 257 mil millones de pesos que están aprobados para su uso, pero que el ministro no permite que se toquen. "Los tiene encanutados" definió uno de los manifestantes. En el cartel, alguien había pintado un buitre sobre el hombro derecho del ministro.
"Están todas las obras frenadas. Son 700 obras en todo el país, que al ser paralizadas dejaron sin trabajo a 2500 vecinos y vecinas que integraban las cooperativas. Quedaron calles a medio abrir, pozos, conexiones intradomiciliarias sin terminar, y además el gobierno no pagó parte de los trabajos que se habían realizado", contó Araceli Ledesma, de Techo. Agregó que, por otra parte, hay 90 obras ya aprobadas y con financiamiento disponible que podrían comenzar a realizarse hoy mismo, con un enter del Ministerio de Eonomía.
Contra el vallado se hizo un acto en el que varios referentes tomaron la palabra. Gastón Reyes, del MTE, alertó sobre la llegada del invierno, temporada en la que en los barrios populares aumentan los incendios debido a las conexiones eléctricas precarias; María Reigada, del Movimiento Mayo, señaló que "no es verdad que no haya plata: hay y mucha, como lo mostró Adorni"; Maximiliano Mata, del FOL, recordó que el parate en las obras agrava "una situación dramática en los barrios más pobres, donde hay frío y hay hambre".
La urbanización de los barrios populares inscritos en el Renabap es una obligación del Estado, fijada por una ley nacional que fue aprobada por todos los partidos políticos. Cuando Milei paralizó las obras intentó instalar la idea de que había habido corrupción en el manejo de los fondos, pero las auditorías realizadas sobre las obras de la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU) y el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) confirmaron que no se encontraron delitos, malversación de fondos ni hechos de corrupción. Así lo corroboraron la Sindicatura General de la Nación y el Banco Interamericano de Desarrollo.
Es decir que la paralización se debe sólo a un tema ideológico. Así como la ministra Sandra Pettovello dejó de enviar alimentos a los comedores de las organizaciones sociales, así como el gobierno congeló el montó del programa Potenciar Trabajo -que quedó en 78 mil pesos- y le quitó toda contraprestación -desarmando los emprendimientos productivos de la economía popular-, ha decidido también abandonar la urbanización de los barrios populares.
En un comunicado de prensa, la Mesa de Barrios Populares planteó que "la ausencia de obras no es un problema administrativo: tiene consecuencias concretas sobre la vida, la salud y la seguridad de cinco millones de personas".
"La falta de servicios de saneamiento y pavimentación expone a las familias a enfermedades estacionales y bloquea el acceso a centros de salud y escuelas cuando las lluvias o las inundaciones aíslan los barrios. La carencia de redes eléctricas reguladas incrementa de forma crítica el peligro de incendios debido al uso de conexiones precarias o artefactos de calefacción inseguros".
"Ante esta realidad que se agrava cada día, denunciamos que el freno de las obras de integración socio urbana, la pérdida de miles de puestos de trabajo y la persecución a las organizaciones sociales no son un problema administrativo, sino una decisión política de descarte".
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