Sin mayor inversión y enfocado en lo punitivista, comienza el nuevo Régimen Penal Juvenil
Tres especialistas hablan con Tiempo sobre los desafíos, avances y retrocesos de la normativa que ayer empezó a implementarse. Los datos desmitifican el discurso de la criminalidad adolescente.
Por Federico Trofelli
Desde ayer comenzó a regir el nuevo Régimen Penal Juvenil que bajó la edad de punibilidad de 16 a 14 años. La flamante Ley 27.801 fue auspiciada y aprobada bajo el gobierno de Javier Milei y viene a saldar -ya se verá de qué modo– uno de los debates pendientes que había en la democracia reciente al suplantar así un decreto de la dictadura. Tres especialistas jurídicos aportan su mirada desde distintos roles, aunque coinciden en que la implementación del sistema deberá estar acompañada de recursos (es decir, con más Estado). De otro modo, todo se habrá tratado de un espasmo punitivo simplista en tiempos de crisis política y económica.
La nueva normativa, que reemplazó a la Ley 22.278, fue sancionada a fines de febrero. "A ciencia cierta, lo único que sabemos es que hay un cambio de normas", introduce Emilio García Méndez, doctor en Derecho y profesor de Psicología Jurídica en la UBA. Tiene variadas críticas a la nueva iniciativa: "La pena máxima de 15 años me parece excesiva; también considero un error la ausencia de franjas etarias, tratando de la misma manera a todos los adolescentes desde los 14 hasta los 18 años y, sobre todo, creo que es gravísima la posibilidad de que los jueces se inmiscuyan en cuestiones de naturaleza social".
Por su parte, el abogado y docente universitario Mariano Lema cree que "la reforma era necesaria" porque el decreto de 1980 había sido previo a la Convención sobre los Derechos del Niño, a la reforma constitucional de 1994 y "a la consolidación del paradigma de protección integral". Para él, la nueva ley rompe con el "problema estructural" que tenía la "matriz tutelar que permitía intervenir sobre el adolescente a partir de categorías amplias -tratamiento, disposición, abandono, protección, peligrosidad- y que, en la práctica, podía desdibujar la frontera entre castigo, asistencia social, salud y protección de derechos". La cuestión será el modo de aplicación y la inversión necesaria.
La jueza Marianela Tschiffely reconoce que la nueva norma «viene a regularizar" la situación que tenían los adolescentes "no punibles" de 14 a 15 años. "La Ley 22.278 dejaba al magistrado mucho margen de actuación. Un chico que cometía un hecho grave podía ser detenido con una medida de seguridad y la ley no establecía durante cuánto tiempo podía permanecer así. Ahora van a tener una serie de derechos", describe la titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 2 de Morón. Y añade: "Esto generaba que Morón hiciera una cosa y San Martín otra, por ejemplo. Estoy hablando de la provincia de Buenos Aires; ni me quiero imaginar lo que podía pasar en el interior del país y en otras provincias".
Tschiffely habló con Tiempo el jueves, después de un día largo, tras estar en La Plata en el primer encuentro -habrá tres más- organizado por el Tribunal de Casación Penal bonaerense para capacitarse sobre el funcionamiento de la ley. La Provincia de Buenos Aires corre con ventaja respecto a otras jurisdicciones ya que desde el 2008 cuenta con un régimen penal juvenil, diferenciado del de los adultos.
La nueva ley invita a todas las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a adecuar sus leyes procesales y normas administrativas, disponiendo una asignación específica superior a 23.739 millones de pesos, aunque ese monto se distribuiría solo en el ámbito federal: unos 20 mil millones para la Defensoría General de la Nación y los otros tres mil millones para el Ministerio de Justicia. Lema admite que "no todas las jurisdicciones llegan al mismo punto ni con las mismas herramientas" y que "la falta de recursos deja de ser un problema de gestión, para convertirse en un problema de igualdad".
El gran desafío
Uno de los cambios clave que advierte la jueza Tschiffely es la incorporación de una nueva escala penal: "Antes teníamos la escala reducida a la tentativa. Por ejemplo, si un adulto era condenado por homicidio cuya pena va de ocho a 25 años, en el caso de los menores arrancaba de cuatro años porque se reducía a la mitad. Al menor nunca le iba a corresponder una pena igual a la de un adulto". Sin embargo, argumenta que "el artículo que lo especificaba desaparece y no hay ninguno que lo reemplace, ni que sea parecido. Con lo cual, las penas arrancan con las mismas escalas que para los adultos". El tope será de 15 años.
La nueva ley establece que para "los delitos que tengan penas de entre tres y diez años de prisión, si el joven no tiene antecedentes penales, no está involucrado en otro conflicto con la ley penal y no causó un grave daño físico o psíquico a la víctima, se ofrece una gama de sanciones alternativas", detalla Tschiffely. En ese abanico aparecen la amonestación, la prohibición de contacto o de concurrir a determinados lugares, las tareas comunitarias, el monitoreo electrónico y la reparación integral del daño.
La magistrada subraya, de todos modos, que el encierro no queda automáticamente descartado: entre las penas privativas de libertad figuran la prisión domiciliaria, el alojamiento en un instituto abierto y la detención en un instituto especializado. Poco se habló, durante la discusión del nuevo Régimen, la necesidad de mayor presencia estatal para la contención y la prevención social. Cómo hacer para evitar que adolescentes terminen cometiendo un delito.
La Ley 27.801 contempla también la participación de las víctimas en el proceso y que los padres de los menores imputados puedan ser civilmente responsables por los delitos que cometan sus hijos. Otra figura que se incorpora es la del "supervisor" que deberá llevar adelante el seguimiento, la asistencia y el control del imputado que haya recibido cierta pena alternativa. Se trata de un profesional designado por el Ministerio de Justicia que contará con una formación en educación, pedagogía infanto-juvenil, psicología, adicciones o trabajo social. "Un equipo interdisciplinario no existe porque figure en un organigrama, tiene que tener profesionales, tiempo y capacidad real de intervención", alerta Lema.
García Méndez, que además es presidente de la Fundación Sur Argentina, resume que "nunca ningún gobierno está ni estuvo preparado para la aplicación de una ley, salvo contadas excepciones, que implique erogaciones desde el punto de vista económico". La jueza Tschiffely acota: "Ese es el gran desafío. Una ley llena de contenido, pero sin apoyo económico, es letra muerta".
Más allá del discurso punitivista, en la práctica los datos reflejan que la criminalidad adolescente es mínima: los datos de 2024 establecen que por ejemplo en el territorio bonaerense, apenas el 0,3% de los chicos de 16 y 17 años estuvo involucrado en una investigación. Pero hay quienes especulan que los institutos, que no tuvieron adaptaciones, inversiones ni nuevos espacios alternativos, colapsarán a partir de este fin de semana. "Es cierto que estos lugares están al límite, pero estamos hablando de una cantidad de casos que estadísticamente es ínfima. La sociedad se convenció de que los menores eran los monstruos, el problema de la inseguridad. Y eso no es así", concluye Tschiffely.
Los datos que tiran abajo el relato
De los datos de la Provincia de Buenos Aires podría concluirse que la situación de los adolescentes en conflicto con la ley no está fuera de control como se quiso imponer desde el oficialismo. "En 2025 se iniciaron 22.493 investigaciones penales preparatorias (IPP) en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, frente a 1.012.857 del fuero criminal y correccional; las IPP juveniles representaron el 2,2% del total", describe el abogado Mariano Lema, que este martes participará junto al doctor en Derecho Emilio García Méndez, de una mesa debate sobre Régimen Penal Juvenil en la Feria del Libro Jurídico en la Facultad de Derecho de la UBA.
"Incluso las IPP juveniles disminuyeron 0,9% respecto de 2024 y los delitos contra la propiedad cayeron 12,1%, con bajas de 21% en robo y 19,3% en hurto. Esos números no minimizan ningún hecho grave ni describen por sí solos cuántos adolescentes delinquen, pero recuerdan que la política pública necesita proporciones, series y categorías antes de extraer conclusiones", aclara Lema.
Por otro lado, la Justicia Nacional de Menores de CABA (siete juzgados y tres tribunales) registró en 2025 un total de 1768 causas sobre niños, niñas y adolescentes, un 14,8% menos que el año anterior.
En América Latina solo dos países tenían la edad de 16 años como límite (el resto castiga a jóvenes de menor edad): la Argentina y Cuba. Son, justamente, los dos que tienen las tasas de homicidios más bajas:3 ,8 cada 100 mil habitantes Argentina y 3,4 Cuba.
Penas de largos años
El presidente de la Fundación Sur Argentina, Emilio García Méndez, recordó que la nueva ley comenzará a implementarse a pesar de que la Comisión Provincial por la Memoria, junto a algunos defensores públicos bonaerenses, presentaron hace unos meses un pedido de inconstitucionalidad. "Aducen que habrá un aumento potencial de personas privadas de libertad. No lo descarto, pero tampoco lo puedo asegurar, porque en la Argentina prácticamente no tenemos ninguna información precisa sobre el número de personas privadas de libertad", indica, al tiempo que considera que se deberían concentrar los esfuerzos en pedir la aplicación de la ley penal más benigna para aquellos adolescentes que todavía cumplen condenas superiores al nuevo máximo de 15 años: "Los defensores padecen de una crisis de identidad. Hubo, hasta hace muy poco, sentencias groseramente largas que impusieron a adolescentes penas de 23, 25 y hasta 26 años".
Rápido
«Esto se hizo demasiado rápido y no se consultó demasiado a los especialistas. Para determinar, por ejemplo, si un joven evita la prisión o puede cumplir medidas alternativas, la propia ley exige que sepamos si tiene otra causa penal abierta en otro lugar o si registra antecedentes penales", explica la jueza Marianela Tschiffely, y se pregunta: "¿Se debería fichar al menor? Eso no se explicita y hoy por hoy eso no pasa. No queda un registro abierto de sus causas".
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