Son trans y están en riesgo de ser deportadas: efectos del nuevo DNU migrante en Argentina
El nuevo decreto sobre migración en Argentina restringe gravemente derechos y afecta especialmente a las personas trans y trabajadoras sexuales, ya de por sí criminalizadas.
Por Agustina Ramos
Paola y Osiris son dos mujeres trans migrantes que se encuentran en este momento detenidas, con respectivas órdenes de expulsión del país. Llegaron hace más de 10 años a la Argentina desde Perú, en busca de un futuro posible. Organizaciones denuncian que el reciente Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 366/2025, que modifica sustancialmente la Ley de Migraciones, "amplía y profundiza la persecución a las personas migrantes".
Ambas son trabajadoras sexuales y vivían, hasta ser detenidas, en Constitución, un barrio atravesado por la violencia institucional, la delincuencia y la persecución a trabajadores de la economía popular. El combo (travesti, migrante, pobre y trabajadora sexual) es un blanco fácil para el armado de causas y criminalización por tenencia de drogas y narcomenudeo. Y es que se trata del eslabón más débil, pero también más visible, de una cadena de narcotráfico, que en el fondo nadie quiere investigar.
Colectivos de migrantes en Argentina denuncian que el nuevo DNU, publicado a fines de mayo, criminaliza a la población migrante, en especial la proveniente de países limítrofes. En un documento firmado por más de 20 organizaciones señalaron que el decreto "restringe a las personas migrantes derechos que la Constitución Nacional reconoce a todos los habitantes del país, basándose en datos falsos, sembrando prejuicios, sin argumentos -menos aún, para reformar una ley sin pasar por el Congreso-, e ignorando la realidad migratoria argentina".
Osiris
Osiris tiene 38 años y desde hace 10 vive en la Argentina. Desde este país ayudaba a su familia en Perú, hasta que fue víctima de una estafa por la que perdió su casa y pertenencias. Esta situación personal la afectó al punto de atravesar una depresión y recaer en consumos problemáticos. El 28 de mayo pasado fue detenida, en el marco de la Ley de Estupefacientes.
La Dirección Nacional de Migraciones pidió su retención ya que en 2018 Osiris fue condenada a cuatro años de prisión y una multa económica por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Con fundamento en el decreto 70/2017, dictado bajo el gobierno de Mauricio Macri, se ordenó su expulsión permanente del territorio nacional. Sin embargo, por los cambios de domicilio habituales dentro del colectivo al que pertenece Osiris, no pudo ser notificada. Ante el pedido reciente de Migraciones, el juez federal Walter Lara Correa autorizó la retención "al solo y único efecto de perfeccionar su expulsión del territorio nacional".
Osiris fue retenida por personal de la División Asuntos Migratorios de la Policía Federal Argentina y trasladada a la dependencia de PFA ubicada entre la calle Cavia y la avenida Figueroa Alcorta. Su defensa oficial, a cargo de la Comisión del Migrante del Ministerio Público de la Defensa, interpuso ante Migraciones un recurso de asilo por su identidad de género. Intervienen también Casa Roja y la Defensoría de la Ciudad, que acompañan a la mujer trans.
"Una vez a la semana se comunica conmigo informándome que no tiene acceso a sus hormonas y que está con mucha gripe porque hay mucha humedad en el lugar. Que no tiene elementos de higiene y se siente muy deprimida porque bueno, todo esto ha hecho que no pueda cuidar su imagen como ella querría", compartió a Presentes Melina Sánchez, integrante del equipo de acompañamiento socio jurídico de Casa Roja.
"Tengo mis raíces acá"
Paola tiene 40 años y desde los 14 se nombra como una chica trans. Llegó a la Argentina desde Perú cuando tenía 26 "por un futuro mejor", dice. Trabajó de distintas cosas: como trabajadora sexual, lavando ropa y últimamente vendiendo indumentaria de segunda mano en ferias. El 20 de mayo fue detenida en un allanamiento y estuvo 24 horas retenida en una comisaría. Intervino Migraciones que también pidió su expulsión por una condena previa y luego fue trasladada a su casa, con una pulsera ambulatoria. Desde este lugar, que alquila con su padrastro, habló con Presentes la semana pasada, días antes de volver a ser detenida.
Sobre la posibilidad de su expulsión y vuelta a Perú, Paola no sabe qué esperar. "Yo allá no tengo donde quedarme. Mi destino sería incierto porque no sé la verdad que haría y, como le digo a mucha gente, yo tengo una vida acá, tengo mis raíces acá, me compré mis cositas, tengo mis perritos, mi pareja y mis amistades. Tengo a mi padrastro acá viviendo", compartió a esta agencia. Y agregó: "Acá las chicas trans pagamos una habitación, pagamos impuestos: internet, luz, agua, IVA. Los migrantes, como los argentinos, damos un poco de movimiento a la economía".
Además, graficó cómo es la situación en Perú para el colectivo travesti trans: "Son muy ofensivos. No toleran a las chicas trans, a los gays, a la gente amanerada, como le dicen ellos. A muchas chicas las han matado. No tenemos el apoyo del gobierno o del Estado hacia nosotras, tampoco. No tenemos una Ley de Identidad de Género. Nos llaman por los nombres que están en nuestros documentos". En Perú, el año pasado el Ministerio de Salud publicó un decreto supremo en el que incluyó a la transexualidad como una enfermedad mental. Además, el 7 de diciembre último tuvo lugar una marcha multitudinaria "Por la Vida y la Familia" para exigir que no se trate en el Pleno un proyecto de ley de unión civil entre parejas del mismo sexo.
"Muchas de las compañeras salen de su país de origen expulsadas por el rechazo de su familia. Acá construyen nuevas familias dentro de la comunidad, otras madres y hermanas migrantes, travestis, trans. Producto de la crisis económica que vivimos actualmente con el gobierno Javier Milei y el recrudecimiento de la violencia policial en el barrio de Constitución, las razias y el hostigamiento de la policía, viven cada vez más el desempleo y la falta de dinero que hace que también escasee el trabajo sexual", explicó Sánchez, en relación al panorama que vive el colectivo travesti trans migrante en Argentina.
Criminalización
El colectivo travesti trans en Argentina es el eslabón más visible de la cadena de comercio de drogas, lo que comúnmente se llama "perejiles". La política antidrogas se centra en perseguir a este sector para llenar comisarías y cárceles con personas acusadas por delitos menores, en vez de perseguir el origen del problema. En este sentido, entre 2002 y 2017, la cantidad de personas alojadas en cárceles en el marco de la Ley de Estupefacientes creció en un 252%. La infracción a la ley de drogas es la principal causa de privación de la libertad de mujeres y personas trans en la Argentina, según la base a datos del Sistema Nacional de Ejecución de la Pena (SNEEP), que es parte del informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) titulado "La guerra contra el narcotráfico". En este sentido, en 2017 un 43% de las mujeres (1561) y el 70% del total de personas trans (89) estaban encarceladas por estos delitos.
En 2022, un fallo elaborado con perspectiva de género y desde un enfoque interseccional contempló, en un hecho histórico, la situación de vulnerabilidad que atraviesa el colectivo travesti trans. De esta forma, la jueza Sabrina Namer, integrante del Tribunal Oral Federal N° 8, absolvió a veinte mujeres trans y el marido de una de ellas del delito de comercialización de drogas ya que consideró que las imputadas se encontraban en situaciones de extrema vulnerabilidad. Concluyó, además, que esto tenía una relación directa con el delito que se les acusaba.
DNU 366/2025
Distintas organizaciones denunciaron que el decreto del gobierno de Javier Milei, que modifica la Ley de Migraciones, restringe gravemente derechos de las personas migrantes y consideran que "parece emular las medidas de carácter xenófobo y arbitrario de Estados Unidos" realizadas también por decreto.
En este sentido, entre los "argumentos" del DNU "llegan a extremos de desconocimiento sobre el tema, al aludir a la política de deportaciones de EE.UU. como un potencial riesgo de invasiones de migrantes hacia la Argentina luego de ser deportadas desde el país norteamericano", compartieron a través de un comunicado. La composición de migrantes "expulsables" de Estados Unidos provienen en su mayoría de México, India, China, Filipinas y El Salvador, países de origen que no conforman la comunidad migrante argentina, que es en su mayoría sudamericana (Paraguay 27%, Bolivia 17,5% y Venezuela 8,4%).
El DNU establece nuevos requisitos para acceder a la nacionalidad argentina y aumenta los motivos de expulsión del territorio nacional, entre ellos tener condenas, antecedentes o haber sido sorprendidx en flagrancia. "En relación con los argumentos de seguridad mencionados por el decreto, cabe señalar que no ha habido un aumento del peso porcentual de la población migrante en la Argentina en el sistema carcelario; de hecho, se ha mantenido constante entre el 5 y 6% en los últimos veinte años", aseguraron en el documento firmado por más de 20 organizaciones.
Entre otros puntos, el decreto también afecta el acceso a la salud pública y desinforma en relación a la educación pública. Establece que, salvo casos de emergencia, los extranjeros deberán contar con seguro de salud o pagar por los servicios sanitarios en hospitales públicos, y que solo los residentes permanentes podrán recibir atención gratuita. En tanto, el decreto alega una sobrerrepresentación de migrantes en las universidades públicas argentinas a partir de datos sesgados. El porcentaje de población migrante en las carreras de grado de las universidades públicas es del 3,9%.
El DNU otorga facultades inéditas a la Dirección Nacional de Migraciones. "Un empleado administrativo de Migraciones tiene facultades fiscales, cuando no están formados para juzgar, perseguir, criminalizar y decidir quien puede y quien no puede vivir en la Argentina. Ahora, Migraciones (Poder Ejecutivo) trabaja con el Poder Judicial para revisar la radicación de cada persona migrante. Este decreto amplía y profundiza la persecución a las personas migrantes, aceitando los mecanismos que había dejado el 70/2017" (del gobierno de Mauricio Macri), explicó Sánchez.
"Atacan la identidad migrante principalmente de los países limítrofes porque de esa manera atacan la idea de que la Argentina efectivamente es diversa, de que efectivamente es negra, de que efectivamente es indígena, de que efectivamente mestiza. Esto también es una un ataque a la identidad del de la Nación argentina y a la clase trabajadora, porque en realidad esos somos la población migrante", concluyó.
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