Stella Maris Chávez volvió a su casa después de 35 días presa y sigue procesada
Un grupo de jubilados la esperó a la salida de la alcaidía de Chacarita y las mujeres detenidas la despidieron con una batucada. La Cámara mantuvo el procesamiento por intentar llevarse carne de un supermercado y descartó el estado de necesidad porque tiene hijos en edad laboral. ¿Cuándo se va a considerar la desproporción del daño que le intentó hacer a un supermercado con la necesidad de sobrevivir con una jubilación de 336 mil pesos?
Por MARTA DILLON
El viernes, cuando ya estaba dictada la excarcelación para Stella Maris Chávez, la señora jubilada que pasó 35 días presa por intentar llevarse carne de un supermercado, un grupo de jubilados se apostó en la puerta de la alcaidía 15 de Chacarita para mostrar solidaridad con su par, para darle treinta mil pesos que habían juntado para que no tenga que viajar en colectivo después de tantos días de calvario. "Eso fue lo que retrasó que me dejaran en libertad -cuenta Stella, ya en su casa de San Fernando-, la policía quería que me fuera sola y que nadie me viera". Pero el grupo no se movió y cerca del atardecer se escuchó la tremenda batucada que acompañó la salida de la mujer más mayor entre todas las detenidas.
"Así como me pasó a mi, le está pasando a muchos jubilados" 🗣️ Estela Chávez tiene 65 años, cobra la jubilación mínima, y el 8 de octubre fue detenida por intentar llevarse un pedazo de carne 👉 Después de 35 días encarcelada, fue liberada y contó las malas condiciones que vivió ❗ "Lo que hice no estoy de acuerdo ni estoy contenta, pero en un momento la necesidad te lleva a cualquier cosa" 💬
— El Destape (@eldestapeweb) November 14, 2026
"Me gané un respeto, las 80 chicas golpearon cosas, me aplaudieron, me decían que querían estar en libertad para poder ayudarme", relata Chávez. Dejó la ropa que tenía, algunos utensilios; se fue sólo con una frazada que le regaló una compañera para que no pasara frío en los días atípicos de octubre que pasó en las celdas modulares de la alcaidía. "Lo que te desespera es que te falta el aire, porque no salís nunca al aire libre, no ves el cielo. Le dicen patio a un lugar techado con mesas de cemento, pero ahí las chicas que lavan ropa la extienden para que se seque, así que ni las mesas se pueden usar". Stella no quiere dar lástima; es una mujer aguerrida que no se resigna a la miseria. Con el abrazo del grupo de jubilados y los 30 mil pesos en el bolsillo, fue a tomarse el tren; no le hubiera alcanzado para irse en remís; además, ¿cómo se iba a imaginar que tanta gente la iba a querer ayudar? Esa plata que recibió la pensaba usar para lo básico, comer con los hijos que la esperaban en San Fernando, pasar el fin de semana tranquila.
Ajuste, moratorias, trabajo precarizado y jubilaciones que no alcanzan para comer
Pero está asustada. Su situación sigue siendo igual de desesperante que para millones de personas jubiladas, sobre todo para las mujeres que fueron trabajadoras de casas particulares o amas de casa que accedieron a la seguridad social mediante la moratoria previsional. Stella cobra 336 mil pesos de jubilación; todavía le quedan muchas de las 90 cuotas pactadas para saldar los aportes que le faltaban; se le descuentan 164.583 por mes. Porque la moratoria no es un regalo, sino un plan de pagos que suple los aportes que empleadores y empleadoras no hicieron. Habría que recordar que la reforma laboral que se sancionó en febrero empeoró las condiciones de las trabajadoras de casas particulares como Stella: redujo el costo del despido quitando del cálculo indemnizatorio aguinaldo, vacaciones, horas extras (que se eliminaron para todo tipo de trabajos), se quitaron las multas por falta de registro y se amplió el periodo de prueba. Este trabajo, precario, esforzado para el cuerpo, que suele implicar buscar más de una casa para realizarlo, es la opción que encontraron —o se toparon— 1 de cada 5 mujeres en nuestro país, según la Encuesta Permanente de Hogares.
En la resolución de la Sala 4 de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Nación en la que se sostiene el procesamiento y a la vez la excarcelación de Stella Maris Chávez, queda escrita la perspectiva punitiva: no se considera el "estado de necesidad" al que alude la defensa porque "tiene 7 hijos en edad laboral". Stella contesta: "¿Se creen que mis hijos no tienen sus propios problemas, que no se quedan sin trabajo a cada rato? Me ayudan, pero igual no llegamos. Yo vivo con mi nieta, que también tuvo sus problemas con la familia; la cuido, acá tiene cama limpia y entre las dos nos arreglamos para comer". Aunque no siempre. "Es cansador, porque toda la vida así". En el mismo escrito que firman dos de los jueces de la Sala 4, Santiago Quian Zavalía y Ricardo Matías Pinto, se pone como razón para sostener el procesamiento que había un "modus operandi, merodear por el local como si fueran clientes para después esconder mercadería entre la ropa mientras observaban el entorno procurando no ser detectadas". Si no hubiera vidas concretas en el medio, podría causar gracia que a esa actitud casi infantil, llanamente previsible, les dé la pauta de estar frente a una actitud criminal. El lenguaje legal suele ser opaco, pero acá aparece claro: tenían intenciones de robar -y otra vez anterior lo habían intentado, el 29 de noviembre, pero les dio miedo y dejaron la mercadería- y eso convertía a Stella y a una compañera circunstancial en delincuentes aun cuando ni siquiera hayan logrado cruzar la línea de cajas. Sin mirar qué robaban, cuánto afecta ese robo a un supermercado de cadena, qué "lesión" es peor, si la propiedad privada de esa empresa multinacional o el estado de necesidad de las personas.
"Para que se configure el instituto invocado (el estado de necesidad) debe desprenderse de las actuaciones que el autor no disponga de otro medio menos ofensivo para evitar la lesión, lo que no se encuentra acreditado (porque faltan) elementos objetivos que demuestren una situación de peligro inminente que únicamente pudiera ser sorteado mediante la apropiación de mercadería ofrecida a la venta en un supermercado", dice la resolución. En definitiva, Stella Maris no estaba famélica, tenía carne sobre los huesos, podría haber pedido a la caridad; la propiedad privada, no importa el grado de desigualdad, es sagrada. De eso se trata sobre todo la batalla cultural que vienen impulsando el gobierno nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires. Es la traducción legal de lo que dice el presidente de la justicia social: "Es un robo".
El juicio contra Stella Maris seguirá su instrucción en el juzgado de Fabiana Palmaghini, la misma jueza que, después de tomar declaración al espía Antonio Stiusso en 2016, envió la causa por la muerte del fiscal Alberto Nisman a la Justicia Federal -donde comenzó a tramarse la idea de que no se había suicidado. El antecedente vale como muestra de la capacidad de influencia que el poder político de turno podría tener sobre sus decisiones. El fiscal que le tocó a Stella es José María Campagnoli, conocido por recopilar fotos de personas del Barrio Mitre, en Saavedra, sin que estuvieran en ningún expediente legal: niños, travestis, jóvenes, todes estigmatizadxs por esta manera de calificar a las personas que viven en ese barrio popular. En 2014 fue denunciado por la Comunidad Homosexual Argentina por ese "álbum" de 1500 imágenes y por otras organizaciones antirrepresivas. El mismo se reconoce como "la Thatcher del Barrio Saavedra", vanagloriándose de su "mano dura". No le tembló al pedir el procesamiento de la jubilada.
Este fin de semana, la historia cambió bastante para Stella María. No sólo volvió a su casa, sino que recibió solidaridad de muchísimas personas, además de su grupo de pares. Logró cubrir los 150 mil pesos de caución que le impusieron y que para sus hijos es mucho dinero -para Stella es la mitad de su ingreso- y también le llegó mercadería por parte de la Utep; le preocupa, sin embargo, la falta de heladera para conservarla, aunque tiene confianza en los medios para que alguien le preste "alguna usada pero que enfríe". El sistema de justicia seguirá invirtiendo recursos en su causa sin que hasta ahora en ningún escrito se haya puesto en duda la proporcionalidad entre esa inversión, el daño a un supermercado —que además tiene seguro— y la necesidad de alimentarse de una mujer que tiene que pagar sus propios aportes para recibir una jubilación mínima.
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