Un informe revela la crisis en barrios populares: viviendas deterioradas y servicios precarios
Un relevamiento en seis provincias expone graves problemas habitacionales, riesgos ambientales y la falta de acceso a servicios básicos que afecta a miles de familias argentinas.
Un informe realizado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Observatorio Villero de La Poderosa, el Instituto de Investigaciones Gino Germani (UBA) y la Fundación TEMAS expuso las condiciones críticas que atraviesan miles de familias en nueve barrios populares de Argentina. El estudio, que incluyó a más de 5.000 personas de 1.485 hogares en seis provincias, revela altos niveles de informalidad en el acceso a servicios, graves riesgos ambientales y viviendas deterioradas.
Según los datos, cerca del 90% de las familias vive en zonas con alto riesgo ambiental, con presencia de plagas, basurales o cercanía a cursos de agua contaminados. A esto se suma que el 63% de las viviendas está conectada de manera irregular a la red eléctrica, exponiendo a sus habitantes a incendios y pérdidas materiales.
Viviendas deterioradas y hacinamiento
El índice CALMAT, que mide la calidad de materiales y aislamiento térmico, muestra que apenas el 15% de las viviendas alcanza una calidad suficiente. El 81% presenta calidad parcialmente insuficiente y el 4% directamente deficiencia constructiva. Barrios como Virgen Desatanudos, en Agronomía, y Barrio Múgica reflejan estos problemas con altos porcentajes de viviendas en condiciones precarias.
La mitad de los hogares relevados sufre grietas, filtraciones o goteras, y entre el 20% y el 45% no cuenta con elementos básicos como lavamanos o agua caliente en el baño. En la Villa 21-24-Zavaleta, más del 50% de las viviendas presenta filtraciones en contacto con instalaciones eléctricas, lo que supone un riesgo mayor para la seguridad.
El hacinamiento también es crítico: el 50,2% de los hogares tiene entre dos y tres personas por cuarto y el 10,7% supera las tres por habitación, duplicando el promedio nacional. Barrios como Isla Maciel, Los Álamos (Santa Fe) y Complejo Yapeyú (Córdoba) registran los mayores índices de hacinamiento crítico.
Riesgo eléctrico y déficit de infraestructura urbana
El 56% de las viviendas presenta alto riesgo eléctrico debido a cableados precarios y ausencia de dispositivos de protección como disyuntores o conexión a tierra. En el barrio Los Álamos, de Virrey del Pino, esta situación alcanza al 82% de los hogares.
Los problemas se agravan con cortes de luz frecuentes: el 20% de los hogares los sufre de manera reiterada, mientras que en Villa 21-24-Zavaleta, el 71% de las familias perdió electrodomésticos y el 10% sufrió incendios vinculados a la precariedad eléctrica.
En términos de infraestructura urbana, solo el 27% de las viviendas se encuentra sobre calles asfaltadas y el 61% no cuenta con árboles en sus veredas, limitando la calidad ambiental y el confort urbano.
Servicios básicos colapsados
El estudio advierte que apenas el 15,9% de los hogares cuenta con acceso adecuado a electricidad formal, agua potable dentro del hogar, red de agua formal y baño propio. El resto se reparte entre situaciones precarias (73,2%) y deficitarias (10,9%).
La conexión irregular al agua potable afecta a la mitad de los hogares, con casos críticos en Villa 21-24-Zavaleta (95%) e Isla Maciel (88%). Además, el 75% de las familias reporta problemas en la calidad del agua y el 43% no recibe cantidad suficiente, lo que obliga al 60% a comprar agua embotellada.
El 90% de los hogares cocina con garrafa, lo que representa un gasto extra y un riesgo para la seguridad doméstica.
Perfil social y acceso desigual a derechos
Los barrios presentan un perfil demográfico joven y feminizados: más del 60% de los hogares están encabezados por mujeres y entre el 20% y 30% de la población tiene menos de 14 años. El 74% de las familias recibe algún tipo de asignación social y el 41% depende de comedores comunitarios, con picos del 60% en algunas zonas.
En materia de salud, solo el 18% de los hogares cuenta con cobertura, y un 13% tiene al menos un integrante con discapacidad. En educación y conectividad, las brechas también son notorias: el 18% no tiene acceso a internet, el 18% solo lo accede por celular y el 76% carece de computadoras, lo que limita el acceso al estudio y al trabajo remoto.
Conclusiones del informe
El documento advierte que estas condiciones no son coyunturales, sino que reflejan desigualdades estructurales y la falta de políticas públicas sostenidas. "Con un tercio de la población conformada por niños, niñas y adolescentes, estas condiciones no sólo afectan el presente, sino que también condicionan las oportunidades de desarrollo futuro, perpetuando ciclos de exclusión social y territorial", señala el informe.
Además, concluye: "La complejidad y magnitud de los déficits identificados evidencian la necesidad de una intervención integral y sostenida que garantice el efectivo cumplimiento de derechos básicos. El desfinanciamiento y el retroceso de las políticas de integración, así como la desarticulación de programas comunitarios, profundiza y reproduce las condiciones de exclusión. Resulta urgente sostener procesos de integración sociourbana que aseguren infraestructura de servicios públicos básicos y articulen políticas integrales de salud, educación, ambiente y movilidad urbana".
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