Una muerte cada 16 horas: lo que pasa bajo custodia del Estado

El primer registro nacional documentó al menos 1716 muertes en cárceles, comisarías e intervenciones de las fuerzas de seguridad entre 2022 y 2024. Natalia Gabellini, comisionada del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, explica qué revelan las cifras que hablan de desatención médica, el avance punitivo y las muertes cuyas causas siguen sin esclarecerse.

POR MARTA DILLON 

Una persona muere cada 16 horas bajo custodia del Estado, ya sea en cárceles, comisarías o en el marco de intervenciones de las fuerzas de seguridad en Argentina. La mayoría de las muertes dentro de las cárceles sucede por enfermedades, pero lo peor es que la mitad de esas enfermedades reportadas no están siquiera especificadas. Otro tanto podrían haberse prevenido y no fue así. En el caso de la tuberculosis, por ejemplo, si en "el medio libre" -como se refieren quienes investigan estos fallecimientos- muere una persona cada 50 mil por esa infección, en el encierro se cuenta una muerte cada 5 mil personas. Estos son algunos de los datos que produjo el primer informe del Comité Nacional de Prevención contra la Tortura (CNPT) sobre muertes bajo custodia del Estado y por eso mismo son alarmantes.

En el caso de las intervenciones de Fuerzas de Seguridad -detenciones en vía pública, por ejemplo- en el 43 por ciento de las muertes los agentes que las produjeron no estaban en servicio. Los ejemplo sobran, el más reciente es el de un chico baleado a mansalva por ir a pedir ayuda golpeando la ventanilla de un auto el 7 de octubre. El conductor, policía, disparó sin preguntar y lo mató. "Ocho de cada diez muertes, en estos casos, suceden por armas de fuego y hay mucha opacidad sobre las circunstancias en que se producen", dice Natalia Gabellini, una de las comisionadas de la CNPT y parte del equipo que produjo el Registro Nacional de Muertes Bajo Custodia y en el Marco de Intervenciones de Fuerzas de Seguridad.

El Registro documentó al menos 1716 fallecimientos entre 2022 y 2024, tanto las muertes como las población privada de su libertad fueron creciendo año a año. Esta ni siquiera es una cifra definitiva: es el piso mínimo que pudo reconstruirse en un universo atravesado por la opacidad, los registros incompletos y las falencias de las investigaciones judiciales. Natalia Gabellini, comisionada del CNPT, conversó con El Destape sobre estos hallazgos y explica por qué no alcanza con aceptar una muerte informada como enfermedad o suicidio, qué relación encuentra entre el avance punitivo y el aumento del encarcelamiento y cómo el aislamiento facilita los malos tratos y la tortura. 

Una persona muere cada 16 horas bajo custodia del Estado o durante intervenciones de las fuerzas de seguridad. Prácticamente dos muertes cada día ¿Te sorprendió el número?

—Sí, la verdad que sí. Hay muchas cuestiones que intuimos por los hallazgos de las visitas de inspección que hacemos en todas las provincias. También tenemos conocimiento sobre la violencia institucional y la selectividad penal. Pero cuando encontrás datos que se combinan con lo que vas observando, se abre un abanico de preguntas y de hipótesis que ameritan un mayor análisis y cruzar esa información con otra.

Que muera una persona cada 16 horas es una información muy significativa. Y también lo es la comparación con otros países de la región: Chile, Uruguay y Brasil tienen tasas de encarcelamiento mucho más altas que las nuestras y, sin embargo, presentan tasas de mortalidad bastante similares. Eso también es problemático.

¿Es el primer registro que permite ver esta dimensión a escala nacional?

—Sí, es el primer registro que presentamos de manera acabada, incluyendo todas las jurisdicciones del país. En la jurisdicción federal y en la provincia de Buenos Aires hay registros previos elaborados por la Procuración Penitenciaria de la Nación, la Comisión Provincial por la Memoria y organizaciones como el Centro de Estudios Legales y Sociales. Este registro unifica la información de las distintas jurisdicciones, incluida la federal.

—Es un número que fue creciendo año a año en el trienio que analizaron y va de la mano con el aumento de la población privada de libertad ¿A qué lo adjudican?

—Amerita un análisis más profundo, por supuesto, pero hay un recrudecimiento de los discursos punitivos que me parece estrechamente vinculado con eso. También hay una proliferación de normativas regresivas, como las leyes de reiterancia y reincidencia, que impactan en que cada vez más personas terminen entrando a los lugares de encierro, incluso por delitos menores. Al mismo tiempo, se aplican poco las medidas alternativas a la prisión.

El avance de la lógica punitiva se traduce en legislaciones que promueven un mayor encarcelamiento. El impacto no siempre es inmediato, pero en los últimos años hubo toda una serie de normas regresivas y muchas jurisdicciones provinciales empezaron a adherir o a implementarlas.

Un ejemplo es la desfederalización, también conocida como ley de narcomenudeo. Las provincias la fueron incorporando con el correr de los años y eso tiene un impacto en la prisionización.

—Sobre todo en la de las mujeres.

—Sí, totalmente.

—En el informe se distinguen muertes por enfermedades, por causas externas y aquellas cuyo tipo no pudo establecerse. ¿Qué encontraron en el caso de las enfermedades?

—En el ámbito penitenciario predominan las muertes por enfermedad. Hay que tener en cuenta que la provincia de Buenos Aires, por la concentración de población carcelaria, tiene un impacto mayor en ese número. Si miramos las otras jurisdicciones, en algunas predominan las causas externas y en otras hay proporciones más o menos similares entre unas y otras.

Hay hallazgos muy importantes. El primer lugar dentro de las enfermedades lo ocupan las que no están especificadas. Es un problema de registro o de subregistro, pero también de falta de investigación de las muertes. Toda muerte que ocurre bajo custodia debería ser investigada como una muerte potencialmente ilícita. Deberíamos poder tener claridad sobre cuál fue la causa y en demasiados casos no la tenemos.

—Es decir que se informa una muerte por enfermedad, pero ni siquiera se dice qué enfermedad.

—Exactamente. Es muchísimo. En segundo lugar están las enfermedades infecciosas y parasitarias, y dentro de ellas la tuberculosis y el VIH ocupan un lugar importante. Lo que podemos afirmar es que la posibilidad de morir por tuberculosis en el encierro es diez veces mayor que en el medio libre. La comparación que hacemos muestra una muerte por tuberculosis cada 50.000 habitantes en el medio libre, mientras que en el encierro es una cada 5000.

Es muy importante porque la tuberculosis puede verse agudizada por las condiciones materiales del encierro: la presencia de humedad, de hongos, la falta de ventilación y de iluminación. Todo eso influye.

—También influye en el contagio y en la posibilidad de acceder a un tratamiento.

—Exactamente. En el contagio, en cómo se gestiona eso, en si se accedió o no a los controles, a la medicación y al seguimiento médico. La falta de acceso a la salud, a los tratamientos y a los medicamentos es un tema importante en el encierro.

—Las enfermedades del sistema circulatorio también tienen un peso importante. ¿Estos datos hablan, como mínimo, de desatención?

—Las enfermedades del sistema circulatorio ocupan el tercer lugar. Los datos nos dan una pauta, por lo menos, de que podría haber falta de tratamiento, de acceso a controles, a seguimiento médico, a consultas, a medicamentos y a la información misma.

La atención médica cuesta efectivamente mucho: por la falta de traslados hospitalarios, porque no se conceden o porque se detecta una enfermedad y no se concede la prisión domiciliaria. Eso también sucede. Y está lo que veníamos hablando sobre la falta de acceso directo a la medicación o la escasez de medicamentos.

Las unidades normalmente tienen una sala o un centro de atención, pero suelen ser de baja complejidad.

—¿Qué comprenden las muertes por causas externas? ¿Son aquellas provocadas por agentes penitenciarios o policiales?

—Son, también, suicidios, agresiones, siniestros, incendios y electrocuciones. Hemos visto situaciones en las que mueren personas electrocutadas por las malas instalaciones eléctricas de los lugares de encierro. Las muertes provocadas por agentes también están dentro de ese conjunto. Siempre va a depender mucho del proceso de investigación. Incluso cuando están caratuladas como suicidios o siniestros, si no hay una investigación eficaz que tenga en cuenta el Protocolo de Minnesota y cómo investigar una muerte bajo custodia, hay que tomarlo con pinzas.

Y aunque se logre comprobar que materialmente se trató de un suicidio o de un siniestro, la investigación también tiene que evaluar cuáles son las responsabilidades del Estado, que es el especial garante de las personas privadas de libertad.

—¿El registro incluye a personas procesadas y condenadas? ¿Qué ámbitos abarca?

—Tomamos a toda persona privada de libertad, independientemente de su situación procesal. Incluimos el ámbito penitenciario, es decir, las cárceles; el policial, las comisarías; y las intervenciones de las fuerzas de seguridad en la vía pública. Esos ámbitos están separados en el informe.

Los datos sobre las muertes en la vía pública son muy importantes. Ocho de cada diez fallecimientos involucran armas de fuego. Son muertes que ocurren principalmente por agresiones directas de los agentes policiales, por disparos y por golpizas. Algunas se producen incluso durante controles vehiculares.

Ahí tenemos mucha opacidad en el acceso a la información y en su registro. En el sistema penitenciario y en los establecimientos de alojamiento transitorio tenemos acceso a información más completa, con las falencias que venimos mencionando. Es más difícil registrar las intervenciones de las fuerzas en la vía pública. Aun teniendo eso en cuenta, los números son bastante impactantes.

—¿Puede haber más muertes que las que pudieron registrar?

—Claro. Es un piso mínimo. Lo que está registrado está corroborado y cruzado. Se usan muchas fuentes: los poderes ejecutivos, el Poder Judicial, los mecanismos locales de prevención, el área de seguimiento de casos del propio Comité y el trabajo que hacemos durante las visitas de inspección. Los datos están bastante consolidados.

Eso no elimina los recaudos. Una muerte puede registrarse como enfermedad, pero si no hay una investigación que lo constate, podría tratarse de otra cosa. O puede registrarse como enfermedad y no saberse siquiera cuál fue.

Teniendo eso en cuenta, el registro y el trabajo que viene haciendo la Dirección de Producción y Sistematización de Información del Comité son sólidos.

—¿Qué muestra el registro sobre los varones jóvenes, las mujeres y las personas trans?

—Los varones jóvenes, menores de 40 años, son una población muy afectada por la mortalidad en el encierro. En el caso de las mujeres hay un incremento sostenido, aunque no tan grande, de las muertes por causas externas, y entre ellas los suicidios ocupan un lugar importante.

—O las muertes informadas como suicidios.

—Exactamente, las informadas como suicidios. Ocurren tanto en comisarías como en cárceles. También hay que mencionar a las personas trans: todas las muertes por causas externas registradas en esa población están caratuladas como suicidio. Y es muy probable que haya subregistro, porque normalmente se registra a la población por sexo femenino o masculino. En el mejor de los casos se registra a las mujeres trans, pero hay un subregistro de la población LGBTIQ+. Mientras eso no mejore, es muy difícil evaluar el impacto diferencial sobre esa población.

—¿Pudieron relevar las investigaciones de esos casos o trabajan con las causas informadas por las instituciones?

—Trabajamos con los registros administrativos y con lo que nos envían las defensorías y las instituciones del Ejecutivo, entre otras fuentes. La información va mejorando año a año, pero se detectaron muchas fallas en el monitoreo de las investigaciones.

No tengo información particular sobre las investigaciones de los casos de personas trans que estoy mencionando, pero es posible hacer un seguimiento. Más allá de los datos estadísticos, cuando hay una demanda, un pedido específico o tomamos conocimiento de una situación, solicitamos información al Ministerio Público Fiscal o al juez que interviene. Monitoreamos la investigación y, a veces, también solicitamos medidas.

¿Están contempladas las personas menores de 18 años?

—Las que estaban en comisarías o murieron en intervenciones policiales en la vía pública, sí. Todavía no incluimos los establecimientos para adolescentes en conflicto con la ley penal. Al Comité también le compete ese ámbito, el proteccional, el de salud mental y el de personas adultas mayores. Pero todavía no tenemos información suficiente y consolidada para incorporarlos al registro. Es un objetivo y una manda legal que tenemos.

¿Qué políticas públicas podría generar este informe?

—El registro está previsto en la ley y lo logramos después de varios años de trabajo. Es parte de las incumbencias del Comité y tiene que ver con trabajar sobre la opacidad del encierro, que es uno de los principales problemas que promueven o facilitan los malos tratos y las torturas en cárceles, comisarías y durante las intervenciones de las fuerzas.

El informe muestra también el impacto de la gestión penitenciaria en la mortalidad y qué cuestiones podrían trabajarse o prevenirse. En materia de enfermedades, por ejemplo, mucho de lo que hablamos podría abordarse con una intervención temprana para evitar un desenlace fatal. También están las recomendaciones sobre investigaciones y sobre cómo ejercer un mayor control de lo que sucede en el encierro. Es un informe necesario y útil para las propias gestiones.

Además, pusimos en marcha un programa de datos abiertos. La información es accesible para utilizarla y reutilizarla, filtrarla, realizar investigaciones o hacer notas periodísticas serias sobre esta problemática.

Iluminar la opacidad del sistema penitenciario o de lo que sucede cuando una persona queda bajo la custodia del Estado sin testigos, sin forma de defenderse es fundamental para evitar estas muertes, ¿verdad? Sin embargo, lo que vemos es que desde el Ministerio de Seguridad se trabaja por reclusiones más cerradas todavía, incluso se busca que se retiren todos los celulares a las personas privadas de libertad.

—Hubo un retroceso en algunas jurisdicciones. Durante la pandemia se empezó a permitir el uso de teléfonos y eso tuvo un impacto sumamente positivo en las personas privadas de libertad y en sus familias.

Permitía comunicarse, acompañar, hacer los deberes con un hijo, estudiar, hablar con un abogado y consultar sobre la causa. El teléfono funciona en sí mismo como una salvaguarda: garantiza la comunicación con el medio exterior y reduce la opacidad. Pero empezaron a proliferar prohibiciones o restricciones donde su uso había sido habilitado. Eso complica muchas cosas.

¿Hay defensorías dentro de los penales o los conflictos tienen que resolverse sin mediaciones entre quienes vigilan el encierro y quienes lo padecen?

—No recuerdo defensorías dentro de los penales. Hay mayor o menor contacto con las defensas según el caso y la jurisdicción. Durante la pandemia también se habilitaron las audiencias por videollamada. Uno de los problemas que detectamos es que eso puede reducir el contacto directo con el defensor o que el contacto se haga en presencia de personal penitenciario. Eso es otro problema.

Fuente:

https://www.eldestapeweb.com/sociedad/muerte-cada-16-horas-pasa-custodia-estado-2026108173447