Trabajadores, cooperativas y organizaciones movilizaron contra el cierre de la Subsecretaría de Integración Sociourbana
Ayer al mediodía trabajadores y organizaciones movilizaron frente al Ministerio de Economía de la Nación ubicado la ciudad de Buenos Aires en reclamo por el no al cierre de la Subsecretaría de Integración Sociourbana. Gracias a las movilizaciones y distintas instancias de diálogo entre los gremios y la Mesa Nacional de Barrios Populares con el gobierno nacional, a través del Ministerio de Economía, se logró la prórroga de 290 contratos de los trabajadores que son parte de la Subsecretaría y la continuidad de la política por dos meses.
Por Estefania Gonzalez - Foto, Paula Somoza
Para las y los trabajadores el gobierno gana tiempo hacia un cierre inminente del único organismo nacional encargado de la urbanización de los barrios populares. Su cierre implica la pérdida de trabajo para sus 290 trabajadores pero además afecta a las cooperativas barriales encargadas de ejecutar las obras y a 5 millones de personas que dependen de estas políticas para acceder a servicios básicos que hagan a las condiciones de existencia, más dignas.
"El mundo está cada día mejor y los pobres de hoy viven igual o mejor que un rey de hace 100 años porque tiene cloacas, agua corriente, acceso al transporte público y a la educación pública, en los lugares donde las cosas funcionan", estas fueron las expresiones de Mauricio Macri, fiel aliado del gobierno de Javier Milei, recientemente en un canal de streaming. Extrapolado de la realidad social desigual estructural que se vive en el mundo y en el país, el ex presidente prefiere simular que ignora los datos: en Argentina existen 6.467 barrios populares, donde viven alrededor de 5 millones de personas. El 89% de esos barrios no tiene acceso al agua corriente; el 98% carece de red cloacal; el 68% no tiene medidor de luz domiciliario y depende de conexiones precarias y peligrosas; el 99% no tiene red de gas; en un 90% las familias no cuentan con título de propiedad de sus viviendas y 1 de cada 3 viven en condiciones precarias y de hacinamiento.
En línea con su aliado, el gobierno nacional también decide ignorar y solo mirar los números del ajuste fiscal. En mayo del 2025, a través del decreto 312/2025, se anunció la disolución del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) que financiaba al presupuesto de la Secretaría de Integración Sociourbana, degradada a subsecretaría. El Fondo había sufrido con anterioridad un fuerte recorte, en febrero del 2024, el presidente Javier Milei redujo por decreto la asignación del Impuesto PAÍS para el FISU del 9% al 0,3% , en la práctica, lo dejó sin recursos hasta su cierre casi un año después. El organismo paso de estar bajo la órbita del entonces Ministerio de Desarrollo Social, al Ministerio de Capital Humano y ahora a Economía. Finalmente el pasado 11 de febrero las autoridades informaron a más de 290 trabajadores y trabajadoras que sus contratos finalizarán el próximo 28 de febrero: sin presupuesto asignado no hay obras para ejecutar.
Ante esto, ayer al mediodía trabajadores, miembros de la UTEP, de ATE, organizaciones sociales y políticas, cooperativas de trabajo y asociaciones civiles que fueron parte de las políticas de integración sociourbanas, realizaron una conferencia de prensa frente al edificio y luego marcharon hasta Plaza de Mayo donde se realizó una toma de tierras simbólica montando típicas casillas.
Gracias a las movilizaciones y distintas instancias de diálogo entre los gremios y la Mesa Nacional de Barrios Populares con el gobierno nacional, a través del Ministerio de Economía, se logró la prórroga de 290 contratos de los trabajadores que son parte de la Subsecretaría y la continuidad de la política por dos meses.
« Esto lo evaluamos como una ganancia de tiempo para el gobierno hacia el cierre que se espera inminente. La destrucción de la política de la Subsecretaría va a afectar a 5 millones de vecinos y vecinas de los barrios populares, 700 obras que quedarán inconclusas, mas de 10 mil mujeres van a quedar sin completar el programa Mi Pieza, 500 mil familias no podrán acceder al certificado de Vivienda Familiar y 20 mil no podrán acceder a su lote. Estas son las consecuencias inmediatas del cierre del SSISU», expresó el trabajador Matías Mora Caceres, para ANRed.
El gobierno nacional decide así poner fin al único organismo nacional encargado de las políticas públicas para la urbanización de los barrios populares: » Con la política de la SSISU se habían comenzado 1200 obras de integración sociourbana, ya se habían entregado 24 mil lotes con servicios y 250 mil mujeres habían sido beneficiarias de mejoramientos habitacionales. También durante los años de su implementación se generaron 150 mil puestos de trabajo relacionados con la construcción, la plomería, las conexiones eléctricas y hoy al ser paralizadas las obras hoy se pierden esos trabajos, afectando el motor interno económico de cada barrio, caen las compras en los corralones, el consumo interno», señaló el trabajador.
Fin a una política única de integración con participación social y comunitaria
La Ley Nacional 27.453 de Integración Sociourbana de Barrios Populares fue sancionada en 2018 con el fin de urbanizar villas y asentamientos del país. El Registro Nacional de Barrios Populares ( RENABAP) fue el motor para la ley. En 2016 fueron las organizaciones sociales (CTEP, CCC, Barrios de Pie, Techo y Cáritas) las que comenzaron con el relevamiento territorial que se institucionalizó al año siguiente mediante el decreto 358/2017, creando el Registro. La ley determinó que la Secretaría de Integración Sociourbana era el organismo de aplicación para planificar la integración de barrios populares y creó el Fondo de Integración Sociourbana, que se alimentaba del Impuesto PAIS para financiar las obras.
» Esta ley fue creada a partir de la participación de miles de organizaciones barriales, villeras y comunitarias que a partir de asambleas y reuniones, debatieron cuál era la mejor ley posible para la urbanización de sus barrios.», expresó Matías. Y explicó: «Aquí una fundamental diferencia que tiene esta política con las tradicionales de intervención en los barrios, porque la política de esta ley tiene como columna vertebral la integración sociourbana, esto es, que se integre el barrio al resto de la ciudad, en términos de infraestructura; pero que también se integre, al crear más comunidad en el barrio. Pero la ley no solo incorpora infraestructura de servicios, vivienda, sino también atiende la importancia de fortalecer lo social en los barrios, como es la generación y creación de instituciones comunitarias, clubes, polideportivos, espacios culturales, educativas, etc. Todo esto está incluido en la ley y son parte de muchas de las obras que se realizaron. También la ley y la Secretaria en si misma tenía en sus competencias las capacitaciones en torno a oficios de construcción, cloacas, electricidad, plomería, y otros como arreglo de celulares. »
Intervenir no es lo mismo que integrar
En la mayoría de los casos, cuando el Estado —especialmente los gobiernos provinciales— han planteado programas de urbanización, lo han hecho mediante intervenciones donde el proyecto no se decide en mesas de trabajo con vecinos y organizaciones .En muchas ocasiones, incluso, tras proyectos de urbanización se esconden procesos de gentrificación que implican desalojos y ruptura de los lazos sociales que se generan en los barrios. Por eso la Ley que se gestó al calor del debate y la participación de quienes habitan el territorio planteó un nuevo paradigma en donde el foco se puso en la integración socio urbana.
» No podía venir un municipio, una empresa o cooperativa y decir a la SISU, » yo quiero hacer una plaza», porque desde la Secretaria le íbamos a contestar que presentaran la conformidad de los vecinos con esa plaza. Porque muchas veces lo que pasaba es que dirigentes, empresas, cooperativas presentaban quizás proyectos que no eran los prioritarios para el barrio, entonces se les exigía al menos cuatro reuniones asamblearias con los vecinos y presentar su conformidad, al menos de la mitad de los vecinos. Esto presentaba ventajas: involucraba a la comunidad en el proyecto, la hacía protagonista, se generaba consenso y compromiso. Una relación simbiótica entre el Estado, la comunidad y quienes ejecutaban el proyecto. Este es uno de los puntos por el cual esta ley es modelo, no solo en el país sino también en el resto del mundo. La SISU ha contado con reconocimientos de organismos internacionales, y tomado de ejemplo para replicar en otras partes del mundo», contó Matías, trabajador de la SSISU.
De confirmarse el cierre definitivo de la hoy desfinanciada Subsecretaria, 5 millones de personas que viven en barrios populares se verían afectadas por el cese de las obras , 290 trabajadores se sumarían a la larga fila de desocupados y una incontable pérdida de puestos de trabajo se darán en los barrios. Pero es más mucho más que eso. El fin de esta política rompe con la comunidad organizada, interrumpe la integración, y profundiza la vulnerabilidad de las familias en los barrios ,dejándole ese espacio a las redes delictivas.
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