El fiscal Sergio Mola, el mismo que impulsó la condena a Cristina, solicitó el arresto del exintendente de Lomas de Zamora. Fue tras la difusión de un video de su exmujer en el que se ven bolsas con dólares.
El fiscal Pollicita le solicitó a la DAFI un informe completo de la evolución patrimonial del jefe de gabinete, que espera para antes de la feria judicial. Con esa información contable, avanzará con el requerimiento de justificación patrimonial.
Un fallo de la Justicia neutralizó las demandas que podría realizar cualquier gobierno contra la comunidad educativa en el marco de una protesta estudiantil, al mismo tiempo que obligó el pago de las costas judiciales al Ejecutivo.
El fiscal le pidió a un organismo especializado que el informe sobre el patrimonio de Adorni se enfoque en siete ejes, que incluyen la pista cripto. Entre otras cosas, pidió que se comparen sus ingresos formales con las adquisiciones de bienes de los últimos años.
El máximo tribunal rechazó un recurso de queja presentado por el Ejecutivo Nacional en la causa iniciada por el Consejo Interuniversitario Nacional y ordenó cumplir con el fallo que obligaba a aplicar la norma en sus artículos referidos a salarios y becas estudiantiles.
Lo estipuló un fallo de la Cámara Federal de la Seguridad Social. Abarca solo a los haberes por viudez ya que la pensión como expresidenta está suspendida por el fallo en la causa Vialidad.
Las querellas argumentan que no solo hubo estafa, sino también asociación ilícita, coimas y lavado de activos, y que el engaño incluyó el uso de la figura del Presidente para legitimar el proyecto.
También fueron imputados su pareja y dos ciudadanos paraguayos por un presunto esquema para adquirir propiedades con fondos de origen ilícito.
El juez quiere seguir en su cargo después de cumplir 75 años el mes que viene. El gobierno no lo avala. Pidió una cautelar a la Justicia, que le rechazó un pedido clave.
En cumplimiento de una demanda impulsada por el colectivo SonSinCuenta, un juez federal pidió a organismos oficiales la construcción de un "acervo informativo" para que el Estado diga qué pasó con las víctimas de la represión ilegal.
